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23 Dec 2022 - 12:32 a. m.

Senador Antonio Correa se defenderá en libertad por supuesto caso de corrupción

El congresista del Partido de la U habría “direccionado” cupos indicativos (asignación de recursos del erario a parlamentarios para obras públicas) en un contrato con la alcaldía de El Peñón (Bolívar) a cambio de un soborno. Es señalado de ser ficha política de la condenada empresaria del chance Enilce López, alias “La Gata”.
Antonio Correa fue senador del cuestionado partido político Opción Ciudadana entre 2014 y 2018. Hoy está en el Partido de la U./ Archivo particular.
Antonio Correa fue senador del cuestionado partido político Opción Ciudadana entre 2014 y 2018. Hoy está en el Partido de la U./ Archivo particular.

Aunque la Sala de Instrucción de la Corte Suprema tiene serias sospechas de que el actual senador Antonio Correa participó en hechos de corrupción, ese mismo alto tribunal acaba de tomar una decisión a su favor: dejará que se defienda en libertad de los señalamientos de haberse quedado con dineros públicos. En un documento de 95 páginas y firmado por los tres magistrados de esta instancia, el alto tribunal argumentó que el congresista del Partido de la U que tanto él como sus abogados han comparecido ante las autoridades y, por ahora, no hay indicios de que quiera evadir la justicia.

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El político, señalado de ser ficha de la condenada empresaria del chance Enilce López, alias “La Gata”, fue llamado a indagatoria por el alto tribunal en mayo de 2022. En ese momento, este tuvo que darle explicaciones a la Corte Suprema de las acusaciones que hay en su contra. Según el expediente, Correa hizo lobby en Coldeportes (hoy ministerio del Deporte) para que le asignaran un cupo indicativo de $5.000 millones al municipio de El Peñón, en Bolívar.

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Supuestamente, quien quisiera la construcción de infraestructura deportiva en ese municipio tendría que pagarle el 12% del valor del contrato. Luego de reuniones con autoridades locales y contratistas, El Peñón adjudicó un contrato de $3.941 millones con el dinero del cupo indicativo. “Fue Correa quien hizo el contacto inicial en Coldeportes ante sus directivas, para situar parcialmente una partida destinada a la inversión y el desarrollo regional, a favor del municipio de El Peñón”, señaló la Corte Suprema.

Este tipo de recursos, que pueden gestionar los congresistas, están pensados para la inversión y el desarrollo regional. Sin embargo, Correa se habría aprovechado de su cargo sacar una tajada. “La Corte vislumbra claramente comprometida la responsabilidad de Correa en la comisión de los delitos de concusión, interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias de servidor público y concierto para delinquir”, dice el reciente documento emitido por el alto tribunal.

La principal testigo en contra del exsenador Antonio Correa era su asistente en el Congreso y fue quien atendía a reuniones y tomaba recados a nombre del legislador. Ella ya aceptó su participación en los hechos y se comprometió a colaborar con la Fiscalía. El ente investigador envió a la Sala de Instrucción copia de sus declaraciones y ese fue el punto de partida para esta investigación. Ahora Correa tendrá que rendir su versión, que se sumará a las de una decena de testigos que citó la Corte Suprema a declarar sobre lo que saben de este cupo indicativo.

Se trata de Mariela Trujillo Buelvas, exintegrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del político cartagenero, quien ya fue condenada por estos hechos . En julio de 2018, la mano derecha del entonces senador fue capturada y luego de un año de negociaciones con la Fiscalía, el 6 de mayo de 2019, el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez (nueve días antes de renunciar a su cargo), dio luz verde a un principio de oportunidad pactado con Trujillo Buelvas, en el que la mujer se comprometió a testificar contra el exsenador.

Trujillo Buelvas, en primera instancia, tendrá que ir al Palacio de Justicia a dar detalles sobre el cuestionado contrato, firmado en noviembre de 2017 por cerca de $3.500 millones entre el entonces alcalde de El Peñón, Arling Arias (quien ya aceptó cargos) y Coldeportes, para la construcción de una cancha sintética de fútbol 11. Este municipio, ubicado en la ribera del río Magdalena, carece de vías de acceso terrestre —solo se puede llegar en ferry—, líneas de acueducto y centros médicos. En 2018, su presupuesto anual fue de $11.000 millones. Para la construcción de la cancha se destinó el equivalente al 31 % de esos recursos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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