Senador pide que se resuelva su caso tras una década en el limbo

Se trata del senador liberal Javier Enrique Durán a quien la Corte Suprema le abrió indagación por tráfico de influencias desde hace 12 años.

15 de febrero de 2023 - 07:41 p. m.
Pidió a través de tutela que resuelvan su situación jurídica porque ya excedió el tiempo.
Pidió a través de tutela que resuelvan su situación jurídica porque ya excedió el tiempo.
Foto: UniAndes

Doce años han pasado desde que la Corte Suprema de Justicia le abrió una indagación preliminar al senador liberal, Jaime Enrique Durán, por el delito de tráfico de influencias. Desde ese entonces, según una tutela que presentó el político en contra de la Sala de Instrucción, el alto tribunal no se ha pronunciado sobre su situación jurídica. En su recurso pide que se ampare el derecho al debido proceso. El caso podría llegar a la Corte Constitucional por cuenta de una insistencia que presentó el magistrado José Fernando Reyes para que sus compañeros de Sala elijan el documento para su análisis.

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A juicio de Durán, no resolver su situación le ha provocado tres afectaciones puntuales. La primera es que, aunque ha pasado bastante tiempo el alto tribunal se no se abstuvo de decretar la prescripción de la acción penal. La segunda es mantener abierta la indagación preliminar durante doce años y, la tercera, es no resolver una solicitud presentada por su defensa. Pero, el meollo del asunto como tal empezó en enero de 2011 cuando la Sala Penal llamó ante los estrados al político. La indagación se inició por cuenta de una publicación que hizo el Periódico la Verdad sobre un posible tráfico de influencias por parte del senador.

En este caso, la Corte debía seguir el trámite hasta abrir una investigación formal o abstenerse de seguir con el proceso. No obstante, lo que reprocha Durán, junto con su defensa, es que han pasado doce años desde la primera actuación del alto tribunal y nada ha pasado. Durante junio de 2022, radicaron ante la Sala de Instrucción una solicitud en la que mencionaba que se debía declarar inhibida porque la prescripción penal que, a su juicio, existe en el caso era inminente.

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La Sala, durante el mismo mes, respondió con una negativa argumentando que la solicitud no era procedente mientras aún se estuviera recaudando pruebas para demostrar la posible responsabilidad del político. Con esa negativa, el político y su abogado no escatimaron en presentar una tutela con la que se ampare el derecho al debido proceso porque, a su juicio, se desconoció “la garantía del plazo razonable”.

En la tutela, el abogado de Durán explicó que el delito de tráfico de influencias tiene una prescripción a los 10 años y 6 meses desde que presuntamente se cometió el ilícito. Así las cosas, a su juicio, el alto tribunal debió emitir un pronunciamiento sobre el caso en ese marco de tiempo. El recurso llegó a la Corte Suprema de Justicia y, en primera y segunda instancia, no les dieron la razón. Argumentaron que uno de los pasos a seguir era recusar a la magistrada que conocía del caso y, con base en ello, seguir el rumbo de la investigación.

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En teoría, con dos decisiones de por medio, el caso quedaría ahí. Sin embargo, aún tiene un último chance. La Corte Constitucional podría seleccionar la tutela para su análisis. Esa puerta la está abriendo el magistrado José Fernando Reyes, quien le pidió a sus compañeros revisar el documento. En su criterio, es claro que la prescripción de la acción penal es una de las causales de extinción punitiva y, por tanto, libera al ciudadano de la incertidumbre que supone la existencia de un proceso penal en su contra.

En ese orden, reprocha que cuando el Estado no realiza su función y deja vencer los términos, sin determinar la responsabilidad penal del supuesto infractor, pierde la competencia para continuar con el proceso penal. “En ese sentido, la situación expuesta en la presente acción de tutela envuelve una reflexión constitucional importante relacionada con la materialización del derecho fundamental al debido proceso, cuando se trata de sujetar la finalización de una actuación a los precisos términos contemplados en la ley”, explicó el magistrado.

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Para Reyes está claro que a Durán se le debe garantizar que se defina su situación jurídica dentro del término fijado en la ley, por lo que, a su juicio, resulta inadmisible que una persona tenga que estar sujeta perpetuamente a una investigación que se ha iniciado en su contra. Así las cosas, para el magistrado está claro que el debate que se puede zanjar en el alto tribunal no carece de una discusión de fondo. El próximo 27 de febrero, la Corte decidirá si escoge o no el expediente para su análisis.

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