A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le tomó más de siete años emitir sus primeras sentencias para castigar a los máximos responsables de crímenes cometidos en el conflicto armado. Pero ahora que la justicia transicional tiene sus dos primeros fallos en las manos, la verificación de su cumplimiento está en la cuerda floja. La Misión de Verificación de la ONU, que adelantaría ese trabajo, se retiró de la mesa. Ahora esa jurisdicción, por sus propios medios, tendrá que seguirle pista al cumplimiento de las sanciones. Aunque la JEP sostiene que no necesita de una ayuda internacional para la tarea y que su sistema propio es suficiente, esa postura deja con dudas a expertos en la materia. Algunos, incluso, ven en la salida de la ONU un resquebrajamiento de los logros del Acuerdo de Paz de 2016.
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En contexto: JEP dice que verificará cumplimiento de sus sentencias con sistema propio
El pasado viernes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, pero suprimió dos de sus funciones: la verificación del cumplimiento de las sentencias restaurativas dictadas por la JEP y el seguimiento del capítulo étnico del Acuerdo de Paz de 2016. Ante la decisión, se revivió un debate sobre la capacidad de esa jurisdicción para garantizar el cumplimiento de las sentencias en un contexto de crisis fiscal y verificar ese cumplimiento. Así como de la posibilidad de que una instancia internacional revise rigurosamente las sanciones impuestas en contra de los exfarc, sentenciados por secuestro, y de militares retirados del Batallón La Popa, en Valledupar, por ejecuciones extrajudiciales.
Por ejemplo, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último líder de la otrora guerrilla de las Farc, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para reversar esa decisión y que la ONU restablezca la verificación. Según él, el componente internacional es un aspecto vital del Acuerdo de Paz. Por otra parte, la precandidata presidencial y senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, celebró la decisión de Naciones Unidas y aseguró que “esto significa que ya no están blindados por los acuerdos de La Habana. Ahora, la Corte Penal Internacional (CPI) puede intervenir”. Sin embargo, fuera del ámbito político, la discusión de fondo es mucho más amplia.
Para María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia (ICTJ, por sus siglas en inglés), “el acuerdo establece que podrá haber monitoreo internacional, pero eso no significa que el cumplimiento de las sanciones dependa de eso”. Según la experta, “la primera responsabilidad del seguimiento al cumplimiento es de la JEP. En ese sentido, le corresponde a esa jurisdicción tener un mecanismo robusto de seguimiento y monitoreo”. Además, señaló que “el monitoreo internacional no estaba previsto para que fuera exhaustivo. Su función era más bien de respaldo político y para legitimidad”.
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Aunque asegura que no es vital que la ONU ayude en la verificación, sostiene que tampoco es cierto que su retiro le abra las puertas a la CPI para que entre a investigar los crímenes cometidos en el conflicto armado. “Lo de la CPI no es cierto. No tiene nada que ver. La Fiscalía de la CPI podría reabrir el caso de Colombia si constata que el país no puede o no quiere investigar, juzgar y sancionar los delitos internacionales. Hoy hay un memorando de entendimiento entre Colombia y la Fiscalía de la CPI para apoyar los esfuerzos del país que incluye asistencia técnica. En este escenario, lo que haga la oposición política del actual gobierno no tiene relevancia”, le aseguró Moreno a este diario.
Aunque la postura de la experta se sustenta en que el sistema de verificación propio de la JEP podría bastar, otros juristas consideran que, aunque no sea de inmediato, hay chance de que la CPI ponga la lupa en el cumplimiento de las sentencias, en caso de que el Estado y sus instituciones no puedan cumplir cabalmente con eso. En diálogo con este diario, un exinvestigador de la JEP y exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, quien pidió la reserva de su identidad, aseguró que la salida de la ONU “es el derrumbamiento del blindaje internacional que daba el Consejo de Seguridad que es el órgano más importante de las Naciones Unidas en temas de paz y de conflicto del mundo, entonces se rompe ese pilar de confianza internacional”.
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En ese mismo sentido, el exnegociador de paz y senador Humberto De la Calle aseguró que la salida de la ONU no hace que se afecte la verificación del cumplimiento “pero sí me parece que hay un efecto muy grave y es que una cosa era sanciones alternativas menos severas que muchos critican, pero dictadas bajo la sombrilla unánime del Consejo de Seguridad, lo cual incluso frente a la Corte Penal Internacional era un mensaje de que el sistema de Naciones Unidas en su conjunto estaba avalando la forma de actuar Colombia en esta materia”. Que la ONU se levante de la mesa, dice De la Calle, “elimina esa sombrilla y convierte el monitoreo exclusivamente en acciones que debe adoptar el gobierno colombiano, me parece que se genera una cierta fragilidad, una cierta ausencia de protección internacional y uno no sabe qué riesgos hay en el futuro sobre la suerte del monitoreo de las sanciones”.
Por otra parte, el abogado resaltó que desde 2022 se activó el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Sanciones Propias (MMVSP), que es una instancia “creada en el Acuerdo Final de Paz que apoyaría al Tribunal para la Paz en las tareas de verificación de las condiciones para la ejecución y cumplimiento de las sanciones propias”. Para el experto, y como se lee en el propio protocolo de monitoreo, dicho mecanismo permitía “garantizar el cumplimiento de las condiciones para la implementación de esta clase de sanciones con los más altos estándares reparadores y restauradores”.
El exmagistrado también se refirió a la posibilidad de que los casos que resolvió la JEP lleguen a la Corte Penal Internacional (CPI). En ese aspecto, el experto consideró que sí hay una posibilidad de que esa instancia pueda intervenir, si “se rompe la complementariedad: es decir, si el Estado deja de sancionar de forma genuina, proporcional, ejecutable y verificada a los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad”. El meollo de ese asunto, asegura, está en que “las sanciones de la JEP siguen sin estar en firme luego de 7 años y medio y, además, no pueden ser simbólicas, de papel, desproporcionadas para las víctimas frente a los daños, sin restricción efectiva de libertad o sin controles reales”. Es decir, explica, la CPI podría entrar en caso de que la JEP no garantice “sanciones proporcionales y restrictivas de los graves crímenes cometidos en contra de las víctimas, ni su cumplimiento efectivo”.
Aunque la ONU ya no verificará el cumplimiento de las sentencias de la JEP, la directora del ICTJ considera que sí hay lugar a que otro órgano internacional entre a apoyar la verificación. “Es posible, pero siempre y cuando sea una decisión de las dos partes, porque estamos hablando de una modificación del Acuerdo final de Paz”, aseguró. Sin embargo, fue enfática en que, a sus ojos, “esta situación tiene que ver con el cambio de la posición de EE. UU. frente al gobierno colombiano. De hecho, los demás países sí estaban de acuerdo en apoyar la Misión como estaba prevista. No tiene que ver con una evaluación negativa de la JEP, es un asunto meramente político”.
Por ahora, el tema de la verificación, así sea con el sistema propio de la JEP, está en el tintero, pues ninguna de las dos sanciones emitidas hasta ahora está en firme todavía. En el caso de la sentencia al último secretariado de las Farc fueron presentadas nueve apelaciones y tres solicitudes de aclaración. Por su parte, en las sanciones contra los militares de La Popa, se presentaron dos apelaciones de dos comparecientes. La responsabilidad del cumplimiento pleno de las sanciones no es solo de la JEP, es de todo el Estado. Todo esto en un contexto de crisis fiscal y de vacíos en la definición de los Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Restaurador y Reparador (TOAR) con los que deben cumplir las sentencias.
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Por Jhordan C. Rodríguez
