"Si el Estado quisiera acabar con el narcotráfico, no perseguiría a los consumidores"

Contra el decreto del gobierno Duque que permite el decomiso de la dosis mínima de droga cursan actualmente 12 demandas en el Consejo de Estado. La norma faculta a la Policía incautar en espacios públicos la dosis mínima de droga, pero para algunos ciudadanos esto afecta sus libertades personales. El pasado martes, mientras estudiaba una de esas demandas, el alto tribunal negó una petición de suspender sus efectos de manera provisional, mientras se emite un fallo definitivo.

Contra el decreto del gobierno Duque que permite el decomiso de la dosis mínima de droga cursan actualmente 12 demandas en el Consejo de Estado. La norma faculta a la Policía incautar en espacios públicos la dosis mínima de droga, pero para algunos ciudadanos esto afecta sus libertades personales. El pasado martes, mientras estudiaba una de esas demandas, el alto tribunal negó una petición de suspender sus efectos de manera provisional, mientras se emite un fallo definitivo.

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En ese contexto, El Espectador habló con Julián Quintero, director e investigador de Accción Técnica Social (Ats), una organización que le mide el pulso a la política de drogas. Desde iniciativas como Échele Cabeza, Quintero ha liderado espacios pedagógicos de consumo responsable y, en diálogo con este diario expresa por qué el decreto no es “eficaz” para el fin que, según el gobierno, fue creado: combatir el microtráfico. 

¿Qué opina de la decisión del Consejo de Estado de no suspender el decreto de dosis mínima?

Es una confrontación entre dos formas de ver el derecho y en nada afecta la realidad del consumo de sustancias psicoactivas. Mantener este tipo de medidas es inocuo. Lo vimos porque el decreto no produjo ningún efecto en la realidad y es que parte de un principio que, se ha demostrado, es equivocado: que el consumo de sustancias psicoactivas se puede controlar con la restricción, la prohibición y el castigo. Cuando se parte de ese postulado, que está demostrado que es ineficaz, en nada va a afectar la realidad. 

¿A qué evidencia uno puede recurrir para decir que el decreto de decomiso es ineficaz?

Nosotros, dos meses después de la publicación del decreto, hicimos un sondeo a través de Internet, que respondieron más de 1.200 personas. Le preguntamos si esa medida los había llevado a dejar de consumir y, de ser así, cuáles habían sido las afectaciones principales. Decían, por ejemplo, que el precio subió, que había más persecución de la Policía, pero en nada más los afectaba, ni los llevaba a dejar de consumir.

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El Consejo de Estado dice que decomisar la dosis mínima no es una forma de “sanción”, sino que es un “mecanismo preventivo”, ¿qué opina de esto?

De ninguna manera es un mecanismo preventivo porque la persona no ha dejado la intención de consumir. Por el contrario, esa medida aumenta el precio del mercado de la droga en la calle. Más de un 90% de las personas de la encuesta nos dijeron, por ejemplo, que cuando les quitan la droga volvieron a comprar. Cuando una persona va a consumir, y le quitan lo que iba a consumir, esa persona simplemente vuelve a comprar lo que le quitaron. El decomiso sí es una sanción, pero no es un mecanismo pedagógico. No puede venir el Consejo de Estado a decir que porque a una persona le quitan la droga, va a dejar de consumir. 

Otro argumento de los magistrados es que la intención detrás del decomiso de la droga es evitar que el microtráfico se escude en el derecho al porte de la dosis mínima, ¿qué?

El consumidor es el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, al igual que el cultivador. Por eso, la autoridad punitiva aplica toda la fuerza sobre ellos, porque ellos son quienes tienen la menor capacidad de defensa. Si el Estado tuviera la intención real de acabar con el narcotráfico, no perseguiría a los consumidores, sino a los grandes distribuidores. Pero no. La lógica es: caigámosle al más débil para mostrar resultados de falsas victorias. Todos los días en televisión salen a mostrarnos capturas e incautaciones de pequeñas dosis. Pero si se mira el paquete completo, hay más narcotráfico y más drogas. 

Y, por otro lado, el aparato judicial ha perdido la batalla contra los microtraficantes. Es responsabilidad de la Fiscalía probarle a un juez que una persona es microtraficante, pero como no han sido capaces de demostrar eso, lo que hacen normas como este decreto es llevarse por delante los derechos de muchas personas, que son simplemente consumidoras, por atacar a un grupo de personas muy reducido: los narcotraficantes que se esconden detrás de ellos. 

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El Consejo de Estado dice que la Policía, cada vez que va a decomisar, debería analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar para determinar si sí es una dosis mínima o si es un microtraficante, ¿qué tan realista es esa visión frente a lo que pasa en la calle? 

Exponer a un consumidor frente a un policía que no tiene la instrucción adecuada y debe tomar la decisión de si está en frente o no de un microtraficante, es una completa violación de los derechos humanos. Empezando por temas tan sencillos como: el debido proceso, la doble instancia, el acompañamiento del Ministerio Público. El decreto fomenta, contrario a su intención, un aumento de la corrupción entre la Policía, porque lo que dice el Consejo de Estado no se aplica. Cuando uno ve a un agente de policía y un joven en un parque, es una situación de completa desventaja y de vulneración de los derechos humanos más básicos para las personas consumidoras, porque el mismo agente es juez y es parte del proceso.