'Sí se reconocieron dos desapariciones en toma del Palacio de Justicia'
Adriana Guillén, directora de la Agencia de Defensa del Estado recordó que la posición de Rafael Nieto simplemente se apega a la iniciada por el agente Jorge Ibáñez.
El Espectador
El gobierno Colombiano sí reconocerá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la desaparición de dos personas en la retoma al Palacio de Justicia, pero “se hará énfasis en que el Estado colombiano ya reparó a las víctimas”.
Así lo anunció este miércoles Adriana Guillén, directora de la Agencia de Defensa del Estado, quien en entrevista con Blu Radio, agregó que “no es bueno estar ventilando en los medios qué vamos a reconocer o no. En este caso tocó hacerlo, porque la documentación se filtró”.
Esta afirmación se dio en medio de la polémica que se desató en el país por la afirmación del abogado Rafael Nieto, quien representa a Colombia ante el proceso que adelanta la CIDH por la retoma al Palacio de Justicia, quien dijo que en esa oportunidad no hubo desaparecidos.
La directora de la Agencia de Defensa del Estado agregó que la posición de Colombia en el proceso debe ser de Estado y que si bien la declaración de Nieto creó polémica, él simplemente se apegó a la misma línea de defensa que lideró e inició Jorge Ibáñez, la cual fue planificada por un grupo conformado en la Cancillería.
“El Estado colombiano venía trabajando en el caso a través del agente Jorge Ibáñez y él manejaba las mismas líneas de defensa (expuestas por Rafael Nieto) hasta que renunció por razones personales”, aclaró Guillén a Blu Radio.
La directora de la Agencia de Defensa del Estado también reconoció que en su momento Ibáñez se reunió con la cúpula militar para socializar cómo se estaba manejando el caso ante la CIDH y la postura que se tomaría en dicho litigio, pero siempre con base en conceptos oficiales.
“Ibáñez no era conocido por el alto mando de las Fuerzas Militares y de repente por eso causaba intriga el saber quién era esa persona que estaba representando al Estado” ante la CIDH en el caso por el Holocausto en el Palacio de Justicia, pero “no puedo afirmar si en la cúpula militar hubo molestia con el doctor Ibáñez como para haber propiciado su renuncia”, puntualizó.
La mencionada polémica en este caso se dio luego de que se filtrara la posición de Rafael Nieto Loaiza, como representante del Estado en el litigio ante la Corte Interamericana por el caso del Palacio de Justicia.
En la misma se asegura que no hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia sino que las once personas de cuya suerte no volvió a saberse murieron en manos del M-19. De hecho, la lectura de su documento de 346 páginas parece más la defensa de los militares hoy procesados que una argumentación en favor de la Nación.
El documento de Nieto expresa que el plan de defensa del Palacio y de sus magistrados causó incluso felicitaciones a la Policía, pero que fueron algunos magistrados los que rechazaron la escolta. Además, agrega que el plan de ataque a la sede máxima de la justicia se iba a concretar el 17 de octubre de 1985, día de la visita del entonces presidente de Francia, Francois Mitterrand. Lo que está probado es muy distinto. Los magistrados pidieron seguridad, pero ésta se mantuvo sólo hasta la visita del mandatario francés.
Nieto Loaiza insiste en hechos no probados. Por ejemplo, que el administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, murió en el Palacio de Justicia y que su detención fue invento de un testigo falso llamado Ricardo Gámez. No agrega, en cambio, que otros testigos han afirmado también bajo la gravedad del juramento que lo vieron con vida saliendo del Palacio. En cuanto a la desaparecida Cristina del Pilar Guarín, el alegato se dedica más a descalificar a su hermano René, por haber pertenecido al M-19, que a demostrar qué fue lo que sucedió con ella.
El reporte de Nieto admite que hay investigaciones pendientes y describe el estado de los procesos y los militares que son investigados. También referencia los casos de reparación directa tramitados en los últimos años. Descalifica a los principales testigos y, sobre todo, cuestiona la validez de la Comisión de la Verdad creada por la Corte Suprema. A este organismo lo califica como un cuerpo parcializado, sin metodología, que no contribuye a la memoria e interesado en acreditar a la Corte Suprema como víctima.
El gobierno Colombiano sí reconocerá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la desaparición de dos personas en la retoma al Palacio de Justicia, pero “se hará énfasis en que el Estado colombiano ya reparó a las víctimas”.
Así lo anunció este miércoles Adriana Guillén, directora de la Agencia de Defensa del Estado, quien en entrevista con Blu Radio, agregó que “no es bueno estar ventilando en los medios qué vamos a reconocer o no. En este caso tocó hacerlo, porque la documentación se filtró”.
Esta afirmación se dio en medio de la polémica que se desató en el país por la afirmación del abogado Rafael Nieto, quien representa a Colombia ante el proceso que adelanta la CIDH por la retoma al Palacio de Justicia, quien dijo que en esa oportunidad no hubo desaparecidos.
La directora de la Agencia de Defensa del Estado agregó que la posición de Colombia en el proceso debe ser de Estado y que si bien la declaración de Nieto creó polémica, él simplemente se apegó a la misma línea de defensa que lideró e inició Jorge Ibáñez, la cual fue planificada por un grupo conformado en la Cancillería.
“El Estado colombiano venía trabajando en el caso a través del agente Jorge Ibáñez y él manejaba las mismas líneas de defensa (expuestas por Rafael Nieto) hasta que renunció por razones personales”, aclaró Guillén a Blu Radio.
La directora de la Agencia de Defensa del Estado también reconoció que en su momento Ibáñez se reunió con la cúpula militar para socializar cómo se estaba manejando el caso ante la CIDH y la postura que se tomaría en dicho litigio, pero siempre con base en conceptos oficiales.
“Ibáñez no era conocido por el alto mando de las Fuerzas Militares y de repente por eso causaba intriga el saber quién era esa persona que estaba representando al Estado” ante la CIDH en el caso por el Holocausto en el Palacio de Justicia, pero “no puedo afirmar si en la cúpula militar hubo molestia con el doctor Ibáñez como para haber propiciado su renuncia”, puntualizó.
La mencionada polémica en este caso se dio luego de que se filtrara la posición de Rafael Nieto Loaiza, como representante del Estado en el litigio ante la Corte Interamericana por el caso del Palacio de Justicia.
En la misma se asegura que no hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia sino que las once personas de cuya suerte no volvió a saberse murieron en manos del M-19. De hecho, la lectura de su documento de 346 páginas parece más la defensa de los militares hoy procesados que una argumentación en favor de la Nación.
El documento de Nieto expresa que el plan de defensa del Palacio y de sus magistrados causó incluso felicitaciones a la Policía, pero que fueron algunos magistrados los que rechazaron la escolta. Además, agrega que el plan de ataque a la sede máxima de la justicia se iba a concretar el 17 de octubre de 1985, día de la visita del entonces presidente de Francia, Francois Mitterrand. Lo que está probado es muy distinto. Los magistrados pidieron seguridad, pero ésta se mantuvo sólo hasta la visita del mandatario francés.
Nieto Loaiza insiste en hechos no probados. Por ejemplo, que el administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, murió en el Palacio de Justicia y que su detención fue invento de un testigo falso llamado Ricardo Gámez. No agrega, en cambio, que otros testigos han afirmado también bajo la gravedad del juramento que lo vieron con vida saliendo del Palacio. En cuanto a la desaparecida Cristina del Pilar Guarín, el alegato se dedica más a descalificar a su hermano René, por haber pertenecido al M-19, que a demostrar qué fue lo que sucedió con ella.
El reporte de Nieto admite que hay investigaciones pendientes y describe el estado de los procesos y los militares que son investigados. También referencia los casos de reparación directa tramitados en los últimos años. Descalifica a los principales testigos y, sobre todo, cuestiona la validez de la Comisión de la Verdad creada por la Corte Suprema. A este organismo lo califica como un cuerpo parcializado, sin metodología, que no contribuye a la memoria e interesado en acreditar a la Corte Suprema como víctima.