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Son siete las condiciones para que un colombiano condenado en China pueda regresar al país bajo la Ley 2092 de 2021, que quedó en firme hasta el pasado 28 de mayo, cuando la Corte Constitucional le dio el aval para que empiece a regir. De momento, la Cancillería tiene en el radar a 106 connacionales sentenciados en Beijing, Shanghai, Guanzhou y Hong Kong, y el Ministerio de Justicia, por su parte, tiene alrededor de 30 solicitudes para que sean repatriados.
China es el país, quizá, con el régimen jurídico más fuerte en cuanto a condenas por narcotráfico, de ahí que el Gobierno de Iván Duque haya intentado flexibilizar el traslado humanitario a través del tratado que ya cumple un año de aprobado por el Congreso Nacional, pero sin una luz verde en la República China, donde ni si quiera ha sido aprobado.
La situación tiene en vilo, y a la espera de una pronta respuesta, a los centenares de familiares que tienen a sus seres queridos pagando una condena del otro lado del mundo, por lo que confían en que los trámites que desde ya están haciendo pueda traerlos consigo. La norma de 21 artículos consigna siete condiciones y una serie de pasos que deben seguir para la repatriación.
Los requisitos iniciales son: que el delito cometido en el país asiático sea una falta en Colombia, que la condena en su contra esté ejecutoriada y sin ningún recurso por saldar, que no existan procesos pendientes en su contra en China, que la persona trasladada le falte al menos un año para cumplir su pena, que manifieste por escrito su intención de traslado, y por último, que ambas naciones autoricen el traslado.
Sobre la documentación, los familiares deben tener en regla una copia certificada de la sentencia, una declaración que indique la pena, el término de esta y la fecha de inicio. También deben contar con una declaración que describa el comportamiento de la persona durante la condena, el periodo de tiempo cumplido y el que le resta. Del mismo modo, debe soportar el tiempo detenido preventivamente, y si le fue otorgado alguna redención de la pena.
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Por último, debe presentar una declaración escrita con el consentimiento para el traslado a Colombia, y una declaración que indique las condiciones físicas y mentales del condenado. Con estos requisitos en firme, y el aval de ambas naciones, las embajadas de cada una deberán notificarle a la persona sentenciada que su retorno al país está cada vez más cerca. Desde allí se iniciará el trámite para la entrega. Acordarán fecha, lugar y hora, y luego de estar en poder de las autoridades colombianas, deberán dejarlo en manos del Inpec para que le asignen un centro carcelario y continúe cumpliendo su sentencia.
La tramitología anterior es la que empezó Diana Pérez, hija del campesino Luis Leoncio Pérez, condenado en China a 25 años de prisión, y de quien no sabe nada desde hace ocho meses, cuando se complicó de la próstata en la cárcel de Qingpu, en Shanghái, con su abogada Blanca Henríquez para que su progenitor retorne a casa. La última vez que Diana lo vio fue en 2016. Viajó dos días para hablar con él durante 40 minutos, separados por un cristal y conectados por un teléfono.
“Mi papá me dijo: ‘Es demasiado duro esto. Hay días que yo no hablo español. Es un tema mentalmente muy duro para mí, porque estamos en hacinamiento’. Si en Colombia hay sobrepoblación, allá hay mucho más. Los colombianos dicen: ‘no importa donde nos toque estar en Colombia, acá estamos igual’. En la celda de mi papá están 13 personas en un solo cuadrito. Duermen en camarotes, pero todo el tiempo las luces están encendidas”, agregó.
La suerte de Luis Leoncio, así como la de 105 connacionales más, está puesta en la norma que aunque cumplió un año de aprobada, hasta hace menos de un mes no estaba en firme. El acercamiento de los familiares de condenados en China a la ley es un paso que no muchas naciones han logrado. Años atrás solo existía el traslado humanitario que se lograba a través de un robusto equipo de abogados.
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