Siete disidentes de Farc entregaron armas y seguirán ruta de sometimiento

Los siete ahora exdisidentes de las extintas Farc entregaron las armas en Florencia, en un evento al que asistió el comisionado de Paz, Miguel Ceballos.

Foto: Alto Comisionado para la Paz

Desde Florencia, Caquetá, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, anunció que siete miembros de las disidencias de las Farc dejaron las armas y se acogieron a la política de sometimiento del Gobierno. Según el alto funcionario se trata de personas que estaban bajo el mando de alias Iván Mordisco en el frente primero disidente de la extinta guerrilla y, a la fecha, otros 24 exintegrantes de grupos armados y organizaciones criminales de diferentes puntos del país, entre los que hay varios menores de edad, han seguido los mismos pasos.

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“De las siete personas que hoy entregan (las armas) tenemos dos madres de familia, una de ellas con hijos de seis, nueve y 11 años; y otra, que hoy tiene 16 años, que fue reclutada a los 14 años y hoy tiene un bebecito de 25 días de nacido. Esto es el reflejo de lo que no debe seguir pasando: invitamos a todas las personas de grupos armados como las disidencias de las Farc, como el Clan del Golfo, Caparros y Pelusos, a que tomen el camino que hoy están tomando estas personas”, dijo Ceballos este viernes.

El decreto 965 de 2020, con el que se creó esta política de sometimiento, “les da una serie de beneficios tanto jurídicos como económicos”, añadió el alto comisionado. Y explicó, por ejemplo, que las siete personas que salieron de las filas de las disidencias este viernes recibirán un acompañamiento del Ministerio de Defensa por tres meses, luego de lo cual entrarán a una ruta de reinserción coordinada por la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) que dura entre cuatro y cinco años.

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En esa ruta, estas personas reciben apoyo para la reinserción laboral y, por el lado de los beneficios judiciales, la Fiscalía les abre la puerta a pactar preacuerdos o principios de oportunidad para que las penas que reciban sean menos severas a cambio de que colaboren con información sobre los grupos armados que dejaron. “A través de esta ruta, estas personas pueden, de una manera muy clara e institucional, recuperar sus vidas y las de sus familias”, dijo Ceballos.

Este decreto ha sido criticado, no obstante, porque no pone a las víctimas en el centro. Nada se menciona, dicen, sobre beneficios a cambio de verdad hacia las víctimas, a cambio de solicitudes de perdón o de confesión de crímenes. “En el decreto no aparece una sola vez la palabra víctima, la palabra verdad o la palabra reparación”, denunció el año pasado en este diario Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad con Presos Políticos y delegado de las plataformas de DD.HH. en la comisión de garantías de seguridad que nación con el Acuerdo de Paz.

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Además, la norma no incluye a desmovilizados de la guerrilla del Eln. Como contó este diario cuando se hizo público el decreto esa decisión tiene un trasfondo jurídico: el tratamiento a este grupo armado seguirá siendo el establecido en el decreto 128 de 2003 -compilado en el Decreto 1081 de 2015, Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República-, mediante el cual sus miembros podrán seguir optando por la desmovilización individual.