La polémica mención a Jorge Enrique Pizano, sin defensa, en fallo de la Corte Suprema

Jorge Enrique Pizano Callejas luchó hasta el cansancio por demostrar su inocencia. Sin importar un cáncer que lo agobiaba y que tenía a medio mundo encima, fue ante varias autoridades a contar su verdad y a evitar que lo convirtieran en “chivo expiatorio” del caso Odebrecht en Colombia. Aunque la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez anunció en octubre de 2017 que le imputaría cargos por su supuesta participación en un entramado de corrupción mientras fue gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá en 2009, la diligencia jamás ocurrió. Pasó un año entero sin que esa notificación se materializara y el 8 de noviembre de 2018, Pizano Callejas murió por un infarto fulminante. Su muerte fue un punto de quiebre en el escándalo de corrupción de la multinacional brasileña y su inocencia quedó intacta. Al menos hasta ahora.

En contexto: El exsenador Iván Moreno fue condenado por corrupción en caso “carrusel de la contratación”

En una decisión que tomó un solo magistrado de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el alto tribunal valoró pruebas y testimonios que lo llevaron a concluir que Jorge Enrique Pizano Callejas hizo parte del carrusel de la contratación en Bogotá. El problema es que lo hizo en un expediente que nada tenía que ver con el papel del exgerente, sin que su defensa pudiera pronunciarse para controvertir las evidencias y, claro, sin que él mismo pudiera defenderse. Una extralimitación de funciones e, incluso, de poderes, no solo porque esa instancia judicial no juzga a funcionarios como Pizano Callejas, sino porque su caso judicial nunca avanzó en la Fiscalía. El proceso que incluyó varias consideraciones en su contra estudió la responsabilidad del exsenador Iván Moreno Rojas en ese entramado criminal.

El magistrado que firmó la decisión es Ariel Augusto Torres Rojas. Lo hizo tras negociar con el investigado una sentencia anticipada, luego de que el procesado aceptara su responsabilidad en los hechos, por lo que no hubo necesidad de llevarlo a juicio. En una sentencia de 158 páginas, la Sala de Instrucción condenó a Moreno Rojas a más de cuatro años de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros. El propio exsenador, hermano del fallecido y también condenado exalcalde Samuel Moreno, aceptó que influyó de manera ilegal en funcionarios del distrito para entregar a dedo contratos del Acueducto de Bogotá. Un esquema criminal que se repitió en varias instancias de la administración de la ciudad y que llevaron a bautizar el caso como el carrusel de la contratación.

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Lo que dijo la Corte

Lo que sostiene el fallo de la Corte, puntualmente, es que el ingeniero Pizano Callejas fue designado como gerente general del Acueducto y Alcantarillado de Bogotá el 4 de marzo de 2008 por el entonces alcalde Samuel Moreno, “con la finalidad de cumplir un propósito ilegal”. Según el alto tribunal, los hermanos Moreno Rojas se valieron de las famosas cuotas burocráticas para vincular a varios funcionarios, entre ellos, a Pizano en el Acueducto. Entre sus funciones, agregó la Corte, estaba la de ordenar el gasto; es decir, era responsable de autorizar y controlar cómo se ejecutaba el presupuesto de la entidad. Para la Corte, esa facultad “facilitaba la manipulación de la contratación y la adjudicación de los convenios y contratos” como parte del entramado criminal del carrusel de la contratación.

El documento explicó que Pizano Callejas delegó la ordenación del gasto al entonces gerente corporativo del Sistema Maestro, Julián Montoya Guzmán. Según el fallo de la Corte Suprema, Iván Moreno habría actuado como determinador del delito de interés indebido a través de una cadena de intermediarios. En ese esquema, el contratista Andrés Cardona Laverde, encargado del manejo burocrático y de influir en la contratación del acueducto, y el propio Pizano, a quien señala como cercano a Cardona, incidieron sobre Montoya Guzmán para que favoreciera la adjudicación del contrato conocido como el Interceptor Tunjuelo-Canoas, a cambio de comisiones entre el 6 % y el 10 %. Ese negocio terminó adjudicado a un consorcio compuesto por Odebrecht y la empresa Cass Constructores, de Carlos Alberto Solarte.

Con esa historia clara, el alto tribunal llegó a la siguiente conclusión: “No cabe duda de que Andrés Cardona se valió de la amistad y la confianza que tenía con el entonces gerente del Acueducto, Jorge Enrique Pizano, a quien el alcalde Samuel Moreno Rojas designó en ese cargo con la finalidad de cumplir un propósito ilegal. De ahí que delegara en el gerente corporativo del Sistema Maestro, Julián Montoya Guzmán, la ordenación del gasto y la actividad contractual, e hiciera nacer en este el interés de cometer el injusto típico y favorecer a terceros con la adjudicación de los contratos mencionados en esta providencia, todo ello inducido por el senador Iván Moreno”. Entre esos contratos entregados a dedo, la Fiscalía ya comprobó que el de Tunjuelo-Canoas fue uno de ellos.

Aunque el ente investigador nunca vinculó a Pizano a esa investigación, la Corte señaló que él y otros funcionarios se “prestaron” para que las licitaciones de los contratos de obra e interventoría de ese proyecto fueran direccionadas a las empresas que el exsenador había ordenado. La Corte respaldó estos señalamientos contra Pizano Callejas, entre otros, con el testimonio de Emilio Tapia Aldana, conocido como el “zar de la contratación”. En el marco de la investigación, el condenado empresario se convirtió en el principal testigo de la Fiscalía, pero luego perdió sus beneficios, pues se comprobó que realizó movimientos y maniobras financieras para ocultar el dinero recibido como miembro del entramado de corrupción. Además, que habría mentido para acceder a rebajas en sus condenas.

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Jorge Enrique Pizano y Odebrecht

En este contexto, resulta problemático que la Corte haya ido más allá de los hechos estrictamente analizados para hacer afirmaciones de fondo sobre la presunta responsabilidad de Pizano. No solo porque nunca fue formalmente imputado ni tuvo oportunidad de ejercer su defensa en ese proceso, sino porque su situación penal estuvo atravesada por una controversia mayor: su papel como controller y las advertencias que hizo sobre las irregularidades de Odebrecht, cuyo principal socio en Colombia fue el Grupo Aval. Es decir, mientras insistía en que estaba siendo presionado y convertido en responsable de un entramado que él mismo había denunciado, una decisión judicial terminó incorporando valoraciones en su contra sin el debido contraste probatorio ni su versión en juicio. Es allí donde su historia vuelve a ser relevante.

Jorge Enrique Pizano fue clave en el entramado de Odebrecht en Colombia porque se desempeñó como un auditor encargado de vigilar el manejo interno de contratos y reportar irregularidades a Corficolombiana, del Grupo Aval, en la concesionaria Ruta del Sol 2. Desde ese cargo, que ocupó desde 2010, comenzó a detectar anomalías en la contratación y en el cumplimiento de normas antilavado de activos, lo que lo llevó a chocar con directivos de la concesionaria de la multinacional brasileña. Eso sucedió mucho antes de que se conociera, a nivel global, los alcances del entramado de corrupción. Su trabajo, lejos de ser pasivo, lo convirtió en un testigo incómodo dentro de una estructura que ya estaba permeada por pagos ilegales. Fue así cómo, desde 2013, Pizano dejó constancia de sus alertas a través de correos e informes.

En ellos advirtió sobre contratos irregulares y posibles maniobras para canalizar sobornos. Incluso, recopiló listados de empresas que, según él, habrían sido utilizadas para simular contratos y desviar recursos. Tal y como lo probó la justicia años después. Pizano le contó con todo detalle sus hallazgos al entonces abogado Néstor Humberto Martínez, quien por esa época trabajaba como asesor jurídico del Grupo Aval. El exgerente grabó sus conversaciones con el abogado, quien se comprometió a llevar la información a las directivas del conglomerado empresarial. Finalmente, sus insistencias y denuncias le costaron el aislamiento dentro de la concesionaria, donde fue relegado y, finalmente, despedido en 2017. Aun así, continuó denunciando, con papeles en mano, todos sus hallazgos.

Lo hizo ante tribunales, la Superintendencia de Industria y Comercio y otras autoridades. Luego, buscó respaldo fuera del país y acudió a Estados Unidos, convencido de que, con esa vieja investigación por el carrusel de la contratación, lograrían su silencio. Sus grabaciones terminaron por sacudir el escándalo tras su muerte en 2018, al revelar que había advertido durante años sobre las irregularidades en al contratación de Odebrecht. Y que el Grupo Aval y su asesor las conocían. Ese abogado terminó siendo el fiscal general cuando estalló escándalo de corrupción. Y fue el mismo que, en octubre de 2017, anunció que le imputaría cargos al exgerente del Acueducto. Pizano Callejas murió sin que esa diligencia y dejó intacta la inocencia que defendió hasta el final.

La defensa de la familia Pizano

El Espectador contactó al abogado Miguel Ángel del Río, defensor de la familia Pizano, quien aseguró que los señalamientos que hace la Corte contra el fallecido ingeniero son inaceptables, pues no se puede “endilgar hoy alguna responsabilidad a Jorge Enrique Pizano”, porque no tiene cómo defenderse. Asimismo, el abogado resaltó que la Fiscalía, que adelantaba pesquisas en contra del testigo clave del caso Odebrecht, nunca pudo determinar “ningún tipo de responsabilidad estando él aún vivo”. Las conclusiones del alto tribunal, dice Del Río, salieron “con base en manifestaciones de terceros que, según información que hemos podido evidenciar, fueron presionados por la Fiscalía para que señalaran en su momento a Jorge Enrique Pizano”.

Aunque no comparte los señalamientos en contra de Jorge Enrique Pizano, el abogado asegura que no planean interponer ningún recurso en contra, pues “la Corte no tiene la potestad ni la competencia para investigarlo. Si fuese así, desde un primer momento hubiese compulsado copias a la Fiscalía General de la Nación”. Según Del Río, “ya la historia judicial ha establecido la ausencia de responsabilidad penal del señor Jorge Enrique Pizano en estos hechos”. En lo que sí seguirá insistiendo, según le dijo a este diario, es en la investigación sobre la muerte del ingeniero, la cual, para él y para la familia, fue, sin lugar a dudas, un asesinato.

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