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La Fiscalía capturó en las últimas horas a ocho personas que estarían involucradas en una red de lavado de activos, entre ellas, Consuelo Parra Velandia, antigua abogada de Otoniel, máximo líder del Clan del Golfo, quien fue capturado y posteriormente extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Entre los capturas, realizadas el pasado 13 de diciembre, aparece el nombre de Wilson Muñoz Ávila, un empresario del sector inmobiliario que desde hace varios años está en la mira de las autoridades.
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En noviembre de 2022, El Espectador contó que en un informe de la Fiscalía Muñoz Ávila aparecía como un hombre cercano a alias Capitán Victoria, quien era uno de los hombres de confianza de Carlos Castaño Gil, líder del extinto grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Hace un año este diario encontró que, desde mayo de 2022, el ente investigador le sigue los pasos a este socio del Capitán Victoria, quien lideró entre 1998 y 2001 el temido bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
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Muñoz Ávila apareció en el radar de la Fiscalía por las alertas que recibió de su Unidad de información y Análisis Financiero tras varios y millonarios movimientos bancarios que “no corresponden a su perfil financiero”.Además de sus extraños movimientos bancarios, la Fiscalía inició sus investigaciones contra Muñoz Ávila por otros dos factores. Primero, por su cercanía con el Capitán Victoria y otros exparamilitares como Ramiro Tuberquia Manco. Y segundo, porque en un proceso penal una de sus cuentas aparece como beneficiada con un millonario desvío de recursos públicos.
Resulta que 243 millones de pesos, que la Alcaldía de Neiva le debía al Ministerio de Defensa como excedente del pago del impuesto predial de dos predios donde se encuentra la Novena Brigada del Ejército, terminaron en los bolsillos de Muñoz Ávila. “El perfil financiero de Muñoz Molina, la desproporción entre este y sus movimientos tributarios y financieros. El vínculo de una de sus cuentas bancarias con un delito contra la administración pública y los vínculos de dicho ciudadano con personas que pertenecieron a grupos criminales, son motivos fundados que permiten inferir la posible comisión de conductas punibles de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por parte de Muñoz Ávila”, dice uno de los documentos encontrados por este diario al hackeo de la Fiscalía.
Dentro de las investigaciones, la Fiscalía estableció que Muñoz Ávila figura como representante legal de la sociedad Bricks Constructions & Proyectos Inmobiliarios SAS, la cual ha registrado, entre 2005 y 2018, ser propietaria de 44 inmuebles en Medellín Chigorodó, Carepa, Bogotá y Cartagena. Además, el ente investigador, encontró que tiene movimientos “inusuales” de dinero en sus cuentas bancarias cercanos a los 6.000 millones entre 2014 y 2018. En 2017, dice la Fiscalía, que Muñoz Ávila intento hacer una consignación por más de 1.000 millones en un entidad bancaria, pero fue rechazada por esta al ver que Muñoz no pudo justificar que tenía un origen legal.
El reciente operativo de las autoridades fue denominado como la empresa de Muñoz Ávila: Operativo Bricks. En este momento, los abogados de los ocho investigados intentan tumbar las capturas porque, a su parecer, fueron ilegales. Por ende, por ahora, no se conoce en detalle por qué hechos serán imputados. Solo se conoce los delitos que les serán imputados: enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
