Esta semana se conocieron una serie de conversaciones entre el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, y el exinteventor de la extinta EPS Saludcoop, Guillermo Grosso. En los audios, se discuten generalidades del negocio de la salud, pero dieron pie para que la Red de Veedurías Ciudadanas denunciara en la Fiscalía a Aristizábal. En su defensa, el superintendente dijo que, para la época en la que tuvo esos diálogos con Grosso —investigado por la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría por múltiples hechos de posible corrupción— ninguno de los dos era funcionario público.
(Lea también: Saqueo a Saludcoop: Contraloría archivó investigación contra Guillermo Grosso)
“Nada irregular ni objeto de reproche puede derivarse de esas conversaciones”, dio Aristizábal en un comunicado, en el que señaló que, para el momento en que tuvo esas “no existía ningún cuestionamiento penal” sobre su interlocutor, que había sido presidente de Cafesalud y era interventor de Saludcoop. Pero, para el director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, el ahora superintendente tendría un conflicto de intereses, “en la contratación con Sarpa SAS, empresa contratista de Saludcoop” y “habría ocultado información clave al expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando fue su asesor”.
No obstante, Aristizábal, que fue candidato al Senado por el Centro Democrático, respondió que él comenzó a ser servidor público el 13 de agosto de 2018, fecha en que asumió como superintendente y que nunca trabajó ni de asesor ni de miembro de la UTL de ningún congresista. Además, aunque sí pasó por la empresa Sarpa, esta “no ha sido objeto de cuestionamiento público por parte de ninguna autoridad en Colombia”, según se lee en un comunicado que publicó. Y, en efecto, en las investigaciones a las que se ha vinculado Grosso esta empresa no ha sido mencionada.
(Lea también: Los detalles del llamado a juicio disciplinario del antiguo interventor de Saludcoop)
“Mi labor como superintendente ha estado encaminada a luchar contra la corrupción, depurando el sistema de aquellos actores que no ven la salud como un derecho fundamental, y que creen que con estas intimidaciones lograrán impedir o revocar mis decisiones”, añadió el funcionario. De hecho, la Superintendencia se declaró víctima en el proceso penal que se le sigue Grosso y a la exsuperintendente delegada Eva Carrascal porque, al parecer, esta última aceptó diversos sobornos de IPS con el apoyo del entonces interventor de Saludcoop; un escándalo que data de antes de que Aristizábal fuera superintendente.
(Lea también: Eva Carrascal y Guillermo Grosso irán a juicio por presunta corrupción en sistema de salud)
En las conversaciones, el superintendente Aristizábal, quien para entonces trabajaba en el sector privado dice: “¿Por qué estoy alborotado? A mí me emputa todo lo del superintendente, yo ya no le creo. Yo detesto a ese superintendente, no lo puedo ni ver, porque no ha hecho sino tirar piedra y esconder la mano”. Más adelante, le pregunta Grosso: “¿Cómo putas van a pagar esa plata? Se supone que cuando usted estaba en Cafesalud era para recuperarla, la plata que se quedó debiendo de Saludcoop, ¿cómo la van a pagar?”.
A este último interrogante, el exinterventor de Saludcoop le responde: “la liquidación hizo un reconocimiento de acreencias. Entonces, esas acreencias, digamos, la liquidación tiene que acopiar todos los activos de las ventas que haga (…)”. Y, según dijo este domingo el superintendente Aristizábal, “el contexto (de la conversación) correspondía a la pregunta que todo el sistema de salud se hacía para esa fecha: Si Cafesalud iba a tener la capacidad de pago para cumplir con las obligaciones con sus acreedores públicos y privados”.
