Supervisores de construcción del puente Hisgaura bajo la lupa de la Procuraduría
En enero del 2020 el puente ubicado en Santander empezó a funcionar. Sin embargo, su entrada en vigencia empezó un año tarde por cuenta de unas ondulaciones que se presentaron en la placa. Por esos hechos, dos personas son cuestionadas por el Ministerio Público.
Por posibles omisiones, retrasos y fallas en la supervisión técnica que tenía como objetivo recuperar la carretera Málaga-Los Curos, en Santander, la Procuraduría formuló cargos al exdirector territorial en Santander del Instituto Nacional de Vías (Invías), Cesar Augusto Moreno Prada, y al exsubdirector de gestión del riesgo, Hugo Hernán Herrera González.
En este caso, la delegada para la Economía y Hacienda del Ministerio Público estableció que una vez empezó la construcción se definió una obligación de supervisión entre el Fondo Adaptación y el Invías, el cual incluyó la obra que preveía la construcción de los puentes vehiculares para La Judía, el Sector Crítico 43 y el Hisgaura, suscrito posteriormente por el Fondo Adaptación y Sacyr Construcciones Sucursal Colombia.
Lea aquí: Contraloría abrió proceso por daños en la construcción del puente Hisgaura
En medio de las pesquisas, el Ministerio Público halló que no se cumplió con las exigencias que se pactaron, por lo que consideró conveniente formular un primer cargo a Moreno Prada por la supuesta omisión de advertir de manera técnica al interventor contratado por el Fondo sobre la adopción de las normas que eran aplicables al contrato celebrado en 2013. Esa situación, a juicio del ente de control, fue lo que produjo retrasos y sobrecostos.
Del mismo modo, la Procuraduría le formuló un segundo cargo por posiblemente dejar de informar que el método constructivo utilizado por el ejecutor no era el idóneo, lo que se reflejó en deficiencias en calidad, técnica, estabilidad y durabilidad del Puente Hisgaura. Esa situación, según el Ministerio Público, también debía ser advertida Herrera González en su función de supervisión técnica de los convenios celebrados.
Lea también: Hisgaura: la historia del puente que se onduló
El Ministerio Público sostuvo que “presuntamente ambos incurrieron en una ilicitud sustancial al alejarse del cumplimiento de sus compromisos e infringido las disposiciones legales a las que estaban obligados, con lo que pudieron desconocer los principios de moralidad, eficacia y economía. De manera provisional, la Entidad calificó las presuntas faltas de Moreno y Herrera como graves a título de culpa grave”.
En julio del año pasado, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $23.308 millones porque consideraron que hubo afectación al patrimonio público que ocasionaron las deficiencias y daños en el puente vehicular Hisgaura. Al proceso fueron vinculados, como presuntos responsables fiscales, 18 personas entre los que están tres exgerentes del Fondo Adaptación (Carmen Elena Arévalo, Iván Fernando Mustafá y Edgar Ortiz Pabón), el entonces director del Invías, Juan Esteban Gil, y su antecesor en este cargo, Carlos Alberto García.
Gil, a través de un comunicado, dijo que las personas que debían responder por lo que ocurrió en la contratación y construcción de ese puente eran funcionarios del Gobierno de Juan Manuel Santos, que fue cuando se inició la obra. Resaltó que la administración Duque se limitó, únicamente, a recibir la obra de acuerdo con el informe de la interventoría, y atendió las recomendaciones de la mesa de expertos para cumplir los requerimientos de la Contraloría.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por posibles omisiones, retrasos y fallas en la supervisión técnica que tenía como objetivo recuperar la carretera Málaga-Los Curos, en Santander, la Procuraduría formuló cargos al exdirector territorial en Santander del Instituto Nacional de Vías (Invías), Cesar Augusto Moreno Prada, y al exsubdirector de gestión del riesgo, Hugo Hernán Herrera González.
En este caso, la delegada para la Economía y Hacienda del Ministerio Público estableció que una vez empezó la construcción se definió una obligación de supervisión entre el Fondo Adaptación y el Invías, el cual incluyó la obra que preveía la construcción de los puentes vehiculares para La Judía, el Sector Crítico 43 y el Hisgaura, suscrito posteriormente por el Fondo Adaptación y Sacyr Construcciones Sucursal Colombia.
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En medio de las pesquisas, el Ministerio Público halló que no se cumplió con las exigencias que se pactaron, por lo que consideró conveniente formular un primer cargo a Moreno Prada por la supuesta omisión de advertir de manera técnica al interventor contratado por el Fondo sobre la adopción de las normas que eran aplicables al contrato celebrado en 2013. Esa situación, a juicio del ente de control, fue lo que produjo retrasos y sobrecostos.
Del mismo modo, la Procuraduría le formuló un segundo cargo por posiblemente dejar de informar que el método constructivo utilizado por el ejecutor no era el idóneo, lo que se reflejó en deficiencias en calidad, técnica, estabilidad y durabilidad del Puente Hisgaura. Esa situación, según el Ministerio Público, también debía ser advertida Herrera González en su función de supervisión técnica de los convenios celebrados.
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El Ministerio Público sostuvo que “presuntamente ambos incurrieron en una ilicitud sustancial al alejarse del cumplimiento de sus compromisos e infringido las disposiciones legales a las que estaban obligados, con lo que pudieron desconocer los principios de moralidad, eficacia y economía. De manera provisional, la Entidad calificó las presuntas faltas de Moreno y Herrera como graves a título de culpa grave”.
En julio del año pasado, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $23.308 millones porque consideraron que hubo afectación al patrimonio público que ocasionaron las deficiencias y daños en el puente vehicular Hisgaura. Al proceso fueron vinculados, como presuntos responsables fiscales, 18 personas entre los que están tres exgerentes del Fondo Adaptación (Carmen Elena Arévalo, Iván Fernando Mustafá y Edgar Ortiz Pabón), el entonces director del Invías, Juan Esteban Gil, y su antecesor en este cargo, Carlos Alberto García.
Gil, a través de un comunicado, dijo que las personas que debían responder por lo que ocurrió en la contratación y construcción de ese puente eran funcionarios del Gobierno de Juan Manuel Santos, que fue cuando se inició la obra. Resaltó que la administración Duque se limitó, únicamente, a recibir la obra de acuerdo con el informe de la interventoría, y atendió las recomendaciones de la mesa de expertos para cumplir los requerimientos de la Contraloría.
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