“Tenemos un presidente demócrata e inspirador”: ministro de Defensa Diego Molano

¿Cuál es su evaluación general de lo que ha pasado en los últimos 10 días, más allá de las cifras?

Hay que mirarlo en un contexto, incluso a nivel latinoamericano. Lo que hemos tenido en los últimos dos o tres años es una América Latina con un proceso de movilizaciones sociales. Lo vimos en Chile, en Colombia y en otros países de la región. En Colombia las movilizaciones comenzaron en 2019, siguieron con menos intensidad por el COVID-19 en 2020, cuando se activaron mucho a raíz de los eventos del pasado 9 de septiembre en Bogotá. Y lo que estamos viendo son movilizaciones sociales muy importantes con reclamos, pero también un fenómeno en donde al pie de esas movilizaciones participan activamente protestantes pacíficos que tienen intereses en algunos temas sociales. Pero simultáneamente el surgimiento de un vandalismo sistemático organizado que busca activar destrucción de instituciones y de sistemas de transporte público.

El reto que tenemos como sociedad es: ¿cómo abordamos para que este proceso preserve la vida? Porque lo que hemos encontrado es que aquí hay una gran discusión en torno a si hay restricción o no a la movilización social, y el presidente Duque, el Gobierno y la Fuerza Pública garantizan y respetan la movilización social pacífica. Pero frente a los actos de vandalismo sistemático, premeditado y organizado, que ha generado destrucción y violencia, es necesario actuar con toda contundencia. Y los hechos de los últimos días lo que han manifestado es esa acción simultánea: movilizaciones y protestas que han sido pacíficas, pero simultáneamente en las tardes y noches violencia y destrucción por parte del vandalismo. (Lea también: Los relatos de torturas y tratos crueles de tres capturados por la Policía en el paro nacional)

Las imágenes que deja el paro nacional también son de mucha violencia y de abuso policial. ¿Reconoce que se ha dado un uso excesivo de la Fuerza Pública?

Como ministro de Defensa respeto y admiro nuestra Fuerza Pública, y sé que ha estado preparada para actuar con estricto apego a la ley. Y si han sucedido hechos individuales, que implican que ha habido un inadecuado uso de las reglas, se activa con toda contundencia y exigencia para que se aclare la verdad y haya justicia. Sin impunidad. Pero, no es un comportamiento generalizado, no es la instrucción de que sea así. La gran preocupación es que tenemos, y por lo que deberíamos apostar toda la sociedad, es cómo se protege la seguridad y la vida de todos.

A veces siento que se están impulsando en las redes sociales unos grupos que quisieran poner contra el paredón a la Policía, a ver cuántos muertos ha producido la Policía y los otros diciendo: “No, es que son los civiles”. Aquí no debería haber muerto ninguno. Nuestra gran preocupación es que los colombianos que están en sus casas preserven sus vidas; que los que salgan a marchar lo puedan hacer democráticamente y se preserve su vida; que los policías que salen a proteger a esos ciudadanos, a los unos y a los otros, preserven su vida. Esa es la discusión.

Estamos en un momento tan convulsionado y tan complejo que lo que tenemos que lograr es una unidad en la protección de la vida, y no buscando poner a unos contra otros. Nuestra tarea como Policía es proteger la vida de todos, de los que están en sus casas, de los que marchan, de los ciudadanos que tiene derecho a que no haya bloqueos y que llegue la alimentación a su casa.

Organizaciones sociales y de derechos humanos han pedido a la CIDH una visita “in loco” para verificar la violación de derechos humanos en el paro. ¿El Gobierno lo aceptaría?

El Gobierno colombiano siempre, desde antes del presidente Duque, y ahora con él, está dispuesto a respetar los derechos humanos y se acoge a todas las convenciones internacionales de derechos humanos y, por supuesto, responde a todos los organismos institucionales que hacen seguimiento y veeduría a los derechos humanos. Lo mismo nuestra Fuerza Pública: cuando han sucedido hechos, siempre son reportados. Aquí estoy en el Puesto de Mando Unificado, donde tienen presencia la Defensoría, la Fiscalía y la Procuraduría, de modo que todo se haga con estricto apego a la ley y a los derechos humanos.

Ministro, pero quienes han pedido la presencia de la CIDH hablan de la cooptación de todos esos organismos de control que usted menciona. ¿El Gobierno aceptaría una comisión de la CIDH en el país o formar un grupo especial de investigación?

Aquí hay unas entidades establecidas por la Constitución colombiana y tienen su independencia. Eso es lo que opera en el Estado colombiano, ante quienes a nosotros como Fuerza Pública nos corresponde responder y, por supuesto, a todas las actuaciones que hagamos como Estado frente a todos los convenios internacionales. Frente a esas instituciones siempre estamos dispuestos a atenderlas y a trabajar conjuntamente.

En el caso de la CIDH, que entre al país con la aprobación del Gobierno...

Ese es un tema de discusión con la Cancillería, pero, por supuesto, Colombia tiene relaciones con todas las organizaciones: al proceso de paz le hace veeduría la ONU, está la MAPP/OEA, y ante todas el Gobierno colombiano tiene absoluta independencia y busca ser independiente y actuar. Pero aquí la discusión fundamental tiene que ser cómo resolvemos el problema de la seguridad y la tranquilidad de todos los colombianos. Esa es la discusión y estoy seguro y absolutamente consciente de que el papel de la Fuerza Pública es vital, y de que la instrucción que tienen nuestros militares y policías es actuar con estricto apego a la ley. Donde haya habido un incumplimiento de los procedimientos o protocolos, haremos todo el esfuerzo para que se investigue con celeridad. La preocupación que debemos tener en este momento es que rechacemos esa violencia y ese vandalismo que tanta incertidumbre están generando.

Nuestra tarea es desmantelar esas organizaciones criminales que buscan generar inestabilidad en ciudades como Cali, que están sitiadas. Para hacerlo, nuestro objetivo como fuerza pública es que se preserve la vida de quienes están en su casa y de quienes quieren marchar y lo puedan hacer, y se manifiesten popular y democráticamente. Y se reserve la vida de los policías que han salido a las calles también. Que como sociedad nos unamos para avanzar y para poder encontrar soluciones a los problemas sociales. (Lea también: “Sería inédito que Colombia niegue visita a CIDH”: Silvia Serrano sobre Paro Nacional)

En 2020, la Corte Suprema de Justicia profirió un fallo en el que defendió el derecho a la protesta y ordenó no estigmatizar a quienes salen a marchar. Sin embargo, organizaciones sociales denuncian que el Gobierno incumplió la orden. ¿Qué responde a ese supuesto incidente de desacato?

El Gobierno estuvo comprometido con la expedición de ese decreto, con el procedimiento y los protocolos, y los viene cumpliendo. Por supuesto, aquí no hay estigmatización frente a la protesta. Claramente lo he dicho en esta entrevista y en todos los medios: nosotros respetamos el derecho a la protesta y a la protesta pacífica. Lo que hemos descalificado, y sobre lo que hemos hecho los comentarios más contundentes, es contra el vandalismo criminal que afecta la estabilidad de ciudades como Cali. Eso sí lo descalificamos, cualquier vandalismo que destruya un CAI, una gobernación o incinere el primer piso de una alcaldía. Trabajamos para desmantelar esas organizaciones. Mientras tanto, la protesta pacífica puede seguir y no está siendo descalificada. Por el contrario, ha sido acompañada.

Se han desarrollado en este proceso, el balance general desde el 28 de abril hasta hoy (viernes 7 de mayo), más o menos 3.860 actividades, 1.795 concentraciones, 932 marchas y 224 movilizaciones. En ellas se establece en los protocolos que la Fuerza Pública acompaña y hemos acompañado. Se estableció en los protocolos que antes de hacer cualquier operación del Esmad, un miembro de las personerías locales debía verificar que cada policía tuviera la identificación y estuviera utilizando y portando únicamente armas de uso no letal. Eso se ha hecho durante esta semana también.

¿En qué información se basan para señalar que las manifestaciones han sido infiltradas por el Eln, las disidencias y otros grupos armados ilegales?

Lo que he señalado, y no pueden decir que son las manifestaciones, es que los grupos armados ilegales del Eln y disidencias de las Farc lo que han es organizado grupos como el JPM-19 y el Movimiento Bolivariano, que coordinan con grupos de vandalismo local, que son los que están desarrollando ese tipo de actividades violentas.

Al Gobierno se le ha criticado mucho que haya privilegiado la militarización en lugar del diálogo durante el paro nacional. ¿Por qué pasó esto?

Estamos en un Estado de derecho y la Fuerza Pública ha actuado dentro del marco legal. Tenemos 320.000 hombres entre policías y soldados que están desplegados en todo el país para garantizar la seguridad de los colombianos. Lo que se ha establecido es que en aquellos sitios donde hay una grave alteración a la seguridad y la convivencia se puede usar la figura de la asistencia militar, y esta se dio esta semana, en particular en aquellas ciudades y regiones afectadas por esa violencia como es el caso de Cali. Esta asistencia, por ejemplo, sirve para custodiar las caravanas humanitarias, custodia de las estaciones de Transmilenio o la protección de las URI, como sucedió esta semana en Bogotá. Aquí tenemos es una garantía de derechos.

¿Hasta cuándo iría la asistencia militar y por qué se terminó usando esta figura?

Porque dentro de la evaluación que se hizo se evidenciaron claras alteraciones al orden público, la seguridad. Se estableció este mecanismo estipulado por la Ley de Seguridad y Convivencia, que tiene un periodo temporal y excepcional. La continuidad de la medida depende de cómo avance la situación y de la sensación de seguridad de las zonas en las que se solicitó la asistencia militar.

¿Cómo evitar hechos como los que sucedieron en Cali, en el que militares terminaron disparando a policías de civil que, según la versión oficial, iban a levantar un peaje ilegal?

Tenemos un Puesto de Mando Unificado en cada ciudad en donde participan distintas autoridades, desde locales y departamentales, la fuerza pública, Defensoría, Fiscalía, Procuraduría, personerías, entre otras.

Ministro, pero no se entiende por qué ese supuesto retén ilegal se levantó con policías de civil, cuando en otras ciudades han usado el Esmad y las tanquetas que lanzan gases y aturdidoras para levantarlos. Explíquenos.

Porque la información que recibimos es que, en el sector en cuestión, el Esmad ha hecho intervención, pero que luego estos extorsionistas han vuelto a instalar peajes. (Le puede interesar: Paro nacional: En Cali están cobrando “peajes” para movilizarse en la ciudad)

No cree que en este ambiente tan caldeado y lleno de desconfianzas, ¿era ideal seguir interviniendo con el Esmad ?

El problema no es intervenir con el Esmad para que se queden parados en una esquina y después, en una o dos semanas, cuando se vayan de ahí, siga la banda que extorsiona. Lo importante es eliminar y desmantelar las organizaciones que son las que generan un proceso permanente de criminalidad. Eso es lograr la consolidación de la seguridad y la convivencia.

La Fiscalía confirmó que se han cometido 11 homicidios directamente relacionados con las protestas. ¿Qué puede decirle al país al respecto?

Que en Colombia nuestra Fuerza Pública, la Policía en particular, ha sido entrenada para cumplir con su función con un estricto apego a las normas, a la ley y, por supuesto, a los derechos humanos. También que, en este caso, las investigaciones que se han presentado por parte de la Fiscalía y que ya llevaron a determinar 11 víctimas que por supuesto se preste toda la colaboración para que se entregue la información, se desarrollen los procesos judiciales y se haga que haya sentencia, se aplique la justicia y no haya impunidad. Toda la disposición y el apoyo de nuestra Fuerza Pública, toda la exigencia para el cumplimiento de las funciones.

¿Usted es partidario de la declaración de conmoción interior?

Hoy estamos en una situación compleja en algunas regiones de Colombia gracias a que estas organizaciones vandálicas han generado violencia, y ya se tomó una decisión de una asistencia militar en esas zonas. Creo que con ese proceso vamos avanzando adecuadamente, progresivamente, restaurando el orden y la tranquilidad. Esperamos, como Fuerza Pública, seguir colaborando y construyendo a que esa seguridad y convivencia retornen.

Pero, ¿es o no es partidario?

Esa es una decisión que solo toma el presidente de la República.

¿Si prospera el debate de moción de censura en su contra en el Congreso, qué le diría en ese escenario a la oposición?

Hoy estamos concentrados en esta situación y en garantizar que retornen la seguridad y la tranquilidad para todos los colombianos. Esa es la prioridad que tenemos ahora. Por supuesto que, como funcionario, siempre en la discusión de garantizar que a cualquier debate de estos estemos presentes informando y aclarando. Pero, nuevamente, la voluntad que tenemos como ministro, y la instrucción del presidente, es que trabajemos con la Fuerza Pública, nuestros soldados y policías, en la defensa de todos los colombianos en las calles, en los campos y ciudadanos. Hacemos un llamado para que esta Fuerza Pública actúe para todos aquellos que marchan, a quienes no marchan y para garantizar que los policías y soldados de Colombia también sean entendidos, comprendidos y admirados.

¿Cree que el Gobierno ha manejado de la mejor forma posible todo lo que ha pasado?

Creo que estamos en un Gobierno que ha tenido en el presidente a un líder demócrata, inspirador, que tiene una gran conciencia social y que ha cumplido un papel importantísimo en poder manejar una de las crisis más grandes de la humanidad reciente con el COVID-19. Siempre tiene el buen propósito de convocar a la sociedad, de encontrar soluciones y de avanzar ante este reto tan inmenso que tenemos. Frente a ello, por supuesto, siempre con la disposición de encontrar mejores caminos.

¿Cuál es su evaluación general de lo que ha pasado en los últimos 10 días, más allá de las cifras?

Hay que mirarlo en un contexto, incluso a nivel latinoamericano. Lo que hemos tenido en los últimos dos o tres años es una América Latina con un proceso de movilizaciones sociales. Lo vimos en Chile, en Colombia y en otros países de la región. En Colombia las movilizaciones comenzaron en 2019, siguieron con menos intensidad por el COVID-19 en 2020, cuando se activaron mucho a raíz de los eventos del pasado 9 de septiembre en Bogotá. Y lo que estamos viendo son movilizaciones sociales muy importantes con reclamos, pero también un fenómeno en donde al pie de esas movilizaciones participan activamente protestantes pacíficos que tienen intereses en algunos temas sociales. Pero simultáneamente el surgimiento de un vandalismo sistemático organizado que busca activar destrucción de instituciones y de sistemas de transporte público.

El reto que tenemos como sociedad es: ¿cómo abordamos para que este proceso preserve la vida? Porque lo que hemos encontrado es que aquí hay una gran discusión en torno a si hay restricción o no a la movilización social, y el presidente Duque, el Gobierno y la Fuerza Pública garantizan y respetan la movilización social pacífica. Pero frente a los actos de vandalismo sistemático, premeditado y organizado, que ha generado destrucción y violencia, es necesario actuar con toda contundencia. Y los hechos de los últimos días lo que han manifestado es esa acción simultánea: movilizaciones y protestas que han sido pacíficas, pero simultáneamente en las tardes y noches violencia y destrucción por parte del vandalismo. (Lea también: Los relatos de torturas y tratos crueles de tres capturados por la Policía en el paro nacional)

Las imágenes que deja el paro nacional también son de mucha violencia y de abuso policial. ¿Reconoce que se ha dado un uso excesivo de la Fuerza Pública?

Como ministro de Defensa respeto y admiro nuestra Fuerza Pública, y sé que ha estado preparada para actuar con estricto apego a la ley. Y si han sucedido hechos individuales, que implican que ha habido un inadecuado uso de las reglas, se activa con toda contundencia y exigencia para que se aclare la verdad y haya justicia. Sin impunidad. Pero, no es un comportamiento generalizado, no es la instrucción de que sea así. La gran preocupación es que tenemos, y por lo que deberíamos apostar toda la sociedad, es cómo se protege la seguridad y la vida de todos.

A veces siento que se están impulsando en las redes sociales unos grupos que quisieran poner contra el paredón a la Policía, a ver cuántos muertos ha producido la Policía y los otros diciendo: “No, es que son los civiles”. Aquí no debería haber muerto ninguno. Nuestra gran preocupación es que los colombianos que están en sus casas preserven sus vidas; que los que salgan a marchar lo puedan hacer democráticamente y se preserve su vida; que los policías que salen a proteger a esos ciudadanos, a los unos y a los otros, preserven su vida. Esa es la discusión.

Estamos en un momento tan convulsionado y tan complejo que lo que tenemos que lograr es una unidad en la protección de la vida, y no buscando poner a unos contra otros. Nuestra tarea como Policía es proteger la vida de todos, de los que están en sus casas, de los que marchan, de los ciudadanos que tiene derecho a que no haya bloqueos y que llegue la alimentación a su casa.

Organizaciones sociales y de derechos humanos han pedido a la CIDH una visita “in loco” para verificar la violación de derechos humanos en el paro. ¿El Gobierno lo aceptaría?

El Gobierno colombiano siempre, desde antes del presidente Duque, y ahora con él, está dispuesto a respetar los derechos humanos y se acoge a todas las convenciones internacionales de derechos humanos y, por supuesto, responde a todos los organismos institucionales que hacen seguimiento y veeduría a los derechos humanos. Lo mismo nuestra Fuerza Pública: cuando han sucedido hechos, siempre son reportados. Aquí estoy en el Puesto de Mando Unificado, donde tienen presencia la Defensoría, la Fiscalía y la Procuraduría, de modo que todo se haga con estricto apego a la ley y a los derechos humanos.

Ministro, pero quienes han pedido la presencia de la CIDH hablan de la cooptación de todos esos organismos de control que usted menciona. ¿El Gobierno aceptaría una comisión de la CIDH en el país o formar un grupo especial de investigación?

Aquí hay unas entidades establecidas por la Constitución colombiana y tienen su independencia. Eso es lo que opera en el Estado colombiano, ante quienes a nosotros como Fuerza Pública nos corresponde responder y, por supuesto, a todas las actuaciones que hagamos como Estado frente a todos los convenios internacionales. Frente a esas instituciones siempre estamos dispuestos a atenderlas y a trabajar conjuntamente.

En el caso de la CIDH, que entre al país con la aprobación del Gobierno...

Ese es un tema de discusión con la Cancillería, pero, por supuesto, Colombia tiene relaciones con todas las organizaciones: al proceso de paz le hace veeduría la ONU, está la MAPP/OEA, y ante todas el Gobierno colombiano tiene absoluta independencia y busca ser independiente y actuar. Pero aquí la discusión fundamental tiene que ser cómo resolvemos el problema de la seguridad y la tranquilidad de todos los colombianos. Esa es la discusión y estoy seguro y absolutamente consciente de que el papel de la Fuerza Pública es vital, y de que la instrucción que tienen nuestros militares y policías es actuar con estricto apego a la ley. Donde haya habido un incumplimiento de los procedimientos o protocolos, haremos todo el esfuerzo para que se investigue con celeridad. La preocupación que debemos tener en este momento es que rechacemos esa violencia y ese vandalismo que tanta incertidumbre están generando.

Nuestra tarea es desmantelar esas organizaciones criminales que buscan generar inestabilidad en ciudades como Cali, que están sitiadas. Para hacerlo, nuestro objetivo como fuerza pública es que se preserve la vida de quienes están en su casa y de quienes quieren marchar y lo puedan hacer, y se manifiesten popular y democráticamente. Y se reserve la vida de los policías que han salido a las calles también. Que como sociedad nos unamos para avanzar y para poder encontrar soluciones a los problemas sociales. (Lea también: “Sería inédito que Colombia niegue visita a CIDH”: Silvia Serrano sobre Paro Nacional)

En 2020, la Corte Suprema de Justicia profirió un fallo en el que defendió el derecho a la protesta y ordenó no estigmatizar a quienes salen a marchar. Sin embargo, organizaciones sociales denuncian que el Gobierno incumplió la orden. ¿Qué responde a ese supuesto incidente de desacato?

El Gobierno estuvo comprometido con la expedición de ese decreto, con el procedimiento y los protocolos, y los viene cumpliendo. Por supuesto, aquí no hay estigmatización frente a la protesta. Claramente lo he dicho en esta entrevista y en todos los medios: nosotros respetamos el derecho a la protesta y a la protesta pacífica. Lo que hemos descalificado, y sobre lo que hemos hecho los comentarios más contundentes, es contra el vandalismo criminal que afecta la estabilidad de ciudades como Cali. Eso sí lo descalificamos, cualquier vandalismo que destruya un CAI, una gobernación o incinere el primer piso de una alcaldía. Trabajamos para desmantelar esas organizaciones. Mientras tanto, la protesta pacífica puede seguir y no está siendo descalificada. Por el contrario, ha sido acompañada.

Se han desarrollado en este proceso, el balance general desde el 28 de abril hasta hoy (viernes 7 de mayo), más o menos 3.860 actividades, 1.795 concentraciones, 932 marchas y 224 movilizaciones. En ellas se establece en los protocolos que la Fuerza Pública acompaña y hemos acompañado. Se estableció en los protocolos que antes de hacer cualquier operación del Esmad, un miembro de las personerías locales debía verificar que cada policía tuviera la identificación y estuviera utilizando y portando únicamente armas de uso no letal. Eso se ha hecho durante esta semana también.

¿En qué información se basan para señalar que las manifestaciones han sido infiltradas por el Eln, las disidencias y otros grupos armados ilegales?

Lo que he señalado, y no pueden decir que son las manifestaciones, es que los grupos armados ilegales del Eln y disidencias de las Farc lo que han es organizado grupos como el JPM-19 y el Movimiento Bolivariano, que coordinan con grupos de vandalismo local, que son los que están desarrollando ese tipo de actividades violentas.

Al Gobierno se le ha criticado mucho que haya privilegiado la militarización en lugar del diálogo durante el paro nacional. ¿Por qué pasó esto?

Estamos en un Estado de derecho y la Fuerza Pública ha actuado dentro del marco legal. Tenemos 320.000 hombres entre policías y soldados que están desplegados en todo el país para garantizar la seguridad de los colombianos. Lo que se ha establecido es que en aquellos sitios donde hay una grave alteración a la seguridad y la convivencia se puede usar la figura de la asistencia militar, y esta se dio esta semana, en particular en aquellas ciudades y regiones afectadas por esa violencia como es el caso de Cali. Esta asistencia, por ejemplo, sirve para custodiar las caravanas humanitarias, custodia de las estaciones de Transmilenio o la protección de las URI, como sucedió esta semana en Bogotá. Aquí tenemos es una garantía de derechos.

¿Hasta cuándo iría la asistencia militar y por qué se terminó usando esta figura?

Porque dentro de la evaluación que se hizo se evidenciaron claras alteraciones al orden público, la seguridad. Se estableció este mecanismo estipulado por la Ley de Seguridad y Convivencia, que tiene un periodo temporal y excepcional. La continuidad de la medida depende de cómo avance la situación y de la sensación de seguridad de las zonas en las que se solicitó la asistencia militar.

¿Cómo evitar hechos como los que sucedieron en Cali, en el que militares terminaron disparando a policías de civil que, según la versión oficial, iban a levantar un peaje ilegal?

Tenemos un Puesto de Mando Unificado en cada ciudad en donde participan distintas autoridades, desde locales y departamentales, la fuerza pública, Defensoría, Fiscalía, Procuraduría, personerías, entre otras.

Ministro, pero no se entiende por qué ese supuesto retén ilegal se levantó con policías de civil, cuando en otras ciudades han usado el Esmad y las tanquetas que lanzan gases y aturdidoras para levantarlos. Explíquenos.

Porque la información que recibimos es que, en el sector en cuestión, el Esmad ha hecho intervención, pero que luego estos extorsionistas han vuelto a instalar peajes. (Le puede interesar: Paro nacional: En Cali están cobrando “peajes” para movilizarse en la ciudad)

No cree que en este ambiente tan caldeado y lleno de desconfianzas, ¿era ideal seguir interviniendo con el Esmad ?

El problema no es intervenir con el Esmad para que se queden parados en una esquina y después, en una o dos semanas, cuando se vayan de ahí, siga la banda que extorsiona. Lo importante es eliminar y desmantelar las organizaciones que son las que generan un proceso permanente de criminalidad. Eso es lograr la consolidación de la seguridad y la convivencia.

La Fiscalía confirmó que se han cometido 11 homicidios directamente relacionados con las protestas. ¿Qué puede decirle al país al respecto?

Que en Colombia nuestra Fuerza Pública, la Policía en particular, ha sido entrenada para cumplir con su función con un estricto apego a las normas, a la ley y, por supuesto, a los derechos humanos. También que, en este caso, las investigaciones que se han presentado por parte de la Fiscalía y que ya llevaron a determinar 11 víctimas que por supuesto se preste toda la colaboración para que se entregue la información, se desarrollen los procesos judiciales y se haga que haya sentencia, se aplique la justicia y no haya impunidad. Toda la disposición y el apoyo de nuestra Fuerza Pública, toda la exigencia para el cumplimiento de las funciones.

¿Usted es partidario de la declaración de conmoción interior?

Hoy estamos en una situación compleja en algunas regiones de Colombia gracias a que estas organizaciones vandálicas han generado violencia, y ya se tomó una decisión de una asistencia militar en esas zonas. Creo que con ese proceso vamos avanzando adecuadamente, progresivamente, restaurando el orden y la tranquilidad. Esperamos, como Fuerza Pública, seguir colaborando y construyendo a que esa seguridad y convivencia retornen.

Pero, ¿es o no es partidario?

Esa es una decisión que solo toma el presidente de la República.

¿Si prospera el debate de moción de censura en su contra en el Congreso, qué le diría en ese escenario a la oposición?

Hoy estamos concentrados en esta situación y en garantizar que retornen la seguridad y la tranquilidad para todos los colombianos. Esa es la prioridad que tenemos ahora. Por supuesto que, como funcionario, siempre en la discusión de garantizar que a cualquier debate de estos estemos presentes informando y aclarando. Pero, nuevamente, la voluntad que tenemos como ministro, y la instrucción del presidente, es que trabajemos con la Fuerza Pública, nuestros soldados y policías, en la defensa de todos los colombianos en las calles, en los campos y ciudadanos. Hacemos un llamado para que esta Fuerza Pública actúe para todos aquellos que marchan, a quienes no marchan y para garantizar que los policías y soldados de Colombia también sean entendidos, comprendidos y admirados.

¿Cree que el Gobierno ha manejado de la mejor forma posible todo lo que ha pasado?

Creo que estamos en un Gobierno que ha tenido en el presidente a un líder demócrata, inspirador, que tiene una gran conciencia social y que ha cumplido un papel importantísimo en poder manejar una de las crisis más grandes de la humanidad reciente con el COVID-19. Siempre tiene el buen propósito de convocar a la sociedad, de encontrar soluciones y de avanzar ante este reto tan inmenso que tenemos. Frente a ello, por supuesto, siempre con la disposición de encontrar mejores caminos.