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Horas después de que se conociera que 18 militares serán retirados del Ejército por estar involucrados en los hechos de violencia en los que, al parecer, miembros de la Fuerza Pública amenazaron a la población civil, incluidos menores de edad y mujeres embarazadas en Tierralta (Córdoba), la Procuraduría también decidió tomar decisiones de fondo.
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El Ministerio Público anunció que abrió una investigación disciplinaria y suspendió de manera provisional a un teniente, un sargento viceprimero, un cabo segundo y ocho soldados profesionales, pertenecientes al Batallón No. 33 “Junín”, por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia. Sobre todos ellos y como se dijo, el Ejército ordenó su retiro.
“Con las pruebas recaudadas en el sitio, la comisión especial logró establecer puntualmente la identidad de los militares que habrían incurrido en estas graves violaciones del derecho internacional humanitario al amenazar, intimidar y maltratar a la población civil de manera física y verbal, incluso en presencia de niños, niñas, adolescentes y una madre con su bebé en brazos, sin identificarse como pertenecientes a la institución y sin utilizar el uniforme reglamentario”, dice el Ministerio Público.
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Acto seguido, el Ministerio Público ordenó nuevas pruebas. Entre ellas, los antecedentes disciplinarios de los implicados, una certificación sobre si el pelotón del que hacían parte, era un grupo especial que realizaba operaciones encubiertas y la autorización, si existe, para el uso de estratagemas militares de este tipo y la operación de estos efectivos sin portar el uniforme.
En la mañana de este martes, como se dijo, el general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez anunció el retiro de 18 uniformados. En concreto, y aunque aún no se conocen los nombres, el alto oficial explicó que se trata de seis oficiales y cuatro suboficiales, además de ocho soldados profesionales.
En este sentido, el comandante del Ejército informó que además se ordenó el traslado de 13 soldados profesionales que no habrían participado de forma directa en los hechos, los cuales serán llevados a unidades en las que no realizarán actividades operacionales, ni de inteligencia, y cumplirán labores administrativas.
La denuncia, se conoció el pasado martes 12 septiembre, luego de que en videos que fueron grabados en la vereda y que circularon por redes sociales se ve al grupo con armas de corto y largo alcance, amenazando a la población civil, incluidos menores de edad y mujeres embarazadas. Algunas denuncias de testigos indicaron, además, que los hombres habrían intentado abusar de una mujer indígena.
Estos hechos fueron relacionados inicialmente a las disidencias las FARC, pero en la noche del mismo día, fuentes del Ejército confirmaron que podría tratarse realmente de militares del Batallón de Infantería N° 33 y no de integrantes de algún grupo armado.
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