Tierras: la columna vertebral de la guerra

Entre 1994 y 2013, la mayor cantidad de tierras del país que fueron abandonadas, lo fueron durante la presidencia de Andrés Pastrana y en los dos mandatos de Álvaro Uribe. Esa conclusión se puede deducir en el informe que el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) lanzará este miércoles 2 de noviembre, el cual indica que los años en los que más se presentó ese fenómeno –durante el periodo mencionado– fueron entre 2000 y 2002 (Pastrana) y entre 2005 y 2008 (Uribe).

En el informe, titulado “Tierras y conflictos rurales”, el CNMH hace un análisis extenso de temas como las adjudicaciones de terrenos baldíos desde principios de siglo XX, las reformas agrarias que se vienen implementando desde finales de los años cincuenta, viejas prácticas de apropiación de tierras, anomalías en los registros o las entregas de predios rurales o de entrega y, entendido además como un tema crucial para comprender el conflicto colombiano, el abandono y despojo de tierras. (Vea: Así se ve la tierra y su despojo en Colombia)

A la hora de estimar cuántas hectáreas han sido abandonadas o despojadas, el CNMH recurrió a varias fuentes y la cifra más alta la arrojó el Movimiento Nacional de Víctimas, con base en un catastro alternativo que no es claro en fechas analizadas: 10 millones de hectáreas. Los números oficiales son menores, pero igual de escandalosos: en 2010 el programa gubernamental Acción Social calculó el despojo en 6,5 millones de hectáreas, mientras la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado lo estimó en 6,6 millones.

El departamento donde más se han registrado predios abandonados es Antioquia, una región duramente golpeada tanto por la violencia guerrillera como paramilitar. Le siguen Bolívar, Putumayo y Caquetá, donde también los grupos de extrema izquierda y extrema derecha han operado. En “intensidad de abandono”, en el puesto número uno se ubica otro departamento gravemente afectado por la guerra: Chocó. De todo su territorio, el 37,5% de los predios de uso agropecuario han sido declarados en abandono. Le siguen Caldas, de nuevo Putumayo, y Meta.

Entre 2000 y 2002, identificó el CNMH, varios factores agudizaron el abandono de tierras especialmente en el sur del país, en Caquetá y Putumayo: los combates entre guerrillas y paramilitares, el fortalecimiento de estos últimos con el Bloque Sur Putumayo, y “la presencia del Plan Colombia con su componente militar y de fumigación de cultivos”, política bandera de la presidencia de Pastrana. “La llegada del Plan Colombia en 2000 coincide con un incremento de las cifras de violencia”; estar en un territorio en conflicto era a todas luces riesgoso.

En Meta, encontró el CNMH, cuatro de los cinco municipios que hicieron parte de la zona de distensión –un área de 42.000 kilómetros cuadrados que el entonces presidente Pastrana despejó de Fuerza Pública para dialogar con las Farc- mostró altos niveles de abandono de tierras de 2005 a 2007 (gobierno Uribe). Se trata de Vistahermosa, La Macarena, Mesetas y la Uribe, como efecto directo o indirecto de la retoma militar de la zona tras el fin de la zona de distensión y por cuenta también del Plan Patriota.

“Como lo han señalado diversos estudios, esto puede estar relacionado con fuertes procesos de estigmatización de la población campesina por parte del Ejército”, indicó el Centro Nacional de Memoria, el cual explicó también el abandono de tierras por “la alianza entre Ejército y paramilitares luego del fin de la zona de despeje” y el control del Ejército sobre los cultivos de uso ilícito en el Meta, el cual, según el último informe de la ONU en esta materia, es el séptimo departamento de Colombia con más plantaciones de este tipo.

Hace menos de dos semanas, los baldíos volvieron a ser objeto de discusión luego de que el Centro Democrático radicara un proyecto de ley que pretende dejar sin efectos las acciones del Incoder dirigidas a recuperar baldíos. El director de la Agencia Nacional de Tierras aseguró que una ley así sería “la legalización del mayor despojo cometido contra las tierras de todos los colombianos”, pues quedarían sin piso los procesos que el Incoder ha adelantado para recuperar terrenos de la Nación que han sido ocupados o adjudicados indebidamente.

Los baldíos son un tema tan vigente como importante y de ellos también se ocupó este informe, el cual encontró que en ciertas zonas donde la guerra ha sido más atroz, como los Montes de María, “se observan incrementos anormales en la compraventa de predios adjudicados como baldíos y/o de parcelas de reforma agraria”. Los cultivos de coca también podrían estar relacionados: en Putumayo, por ejemplo, los picos de compraventa de tierras de origen baldío se registraron entre 1990 y 1993, años en que se consolidaron los cultivos de uso ilícito.

Y no solo eso. En 2013, recuerda el CNMH, el entonces ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo denunció que se habían otorgado grandes extensiones de origen baldío “a individuos y empresas (nacionales y transnacionales) que se valieron de sofisticadas fórmulas jurídicas y contactos en las altas esferas gubernamentales para evadir las restricciones legales”. En general, lo que el Centro señala es que “en Colombia, la apropiación ilegal de tierras públicas y privadas es una práctica tan antigua como el origen mismo de la propiedad privada”.

Otro punto en el que el informe pone el dedo en la herida es la concentración de tierras. La ausencia de registros catastrales y de levantamientos topográficos por voluntad de los propietarios y la debilidad del Estado, entre otras razones, hacen pensar que “que la concentración de la propiedad rural es mayor de lo que muestran las imperfectas estadísticas disponibles”. Desde 1970, el Incora alertaba que en el país existían —y aún existen— “grandes concentraciones de tierra sobre las cuales debe recaer la acción igualadora de la reforma agraria”. El problema, sin embargo, continúa vigente.

Este informe del CNMH coincide con la divulgación de una investigación de tres años de la Universidad Nacional, titulada “Aproximaciones al mercado de tierras en Colombia”, la cual reitera que este es uno de los países con mayor concentración de tierra en el mundo. Aquí fácilmente se encuentran terrenos de 2.000 hectáreas, improductivas, en manos de un solo propietario; así como lotes destinados solo para ganadería extensiva. No en vano la problemática agraria fue el primero punto que abordaron en la mesa de negociaciones con las Farc en La Habana: para acabar con el conflicto, hay que abordar el tema de las tierras.

Entre 1994 y 2013, la mayor cantidad de tierras del país que fueron abandonadas, lo fueron durante la presidencia de Andrés Pastrana y en los dos mandatos de Álvaro Uribe. Esa conclusión se puede deducir en el informe que el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) lanzará este miércoles 2 de noviembre, el cual indica que los años en los que más se presentó ese fenómeno –durante el periodo mencionado– fueron entre 2000 y 2002 (Pastrana) y entre 2005 y 2008 (Uribe).

En el informe, titulado “Tierras y conflictos rurales”, el CNMH hace un análisis extenso de temas como las adjudicaciones de terrenos baldíos desde principios de siglo XX, las reformas agrarias que se vienen implementando desde finales de los años cincuenta, viejas prácticas de apropiación de tierras, anomalías en los registros o las entregas de predios rurales o de entrega y, entendido además como un tema crucial para comprender el conflicto colombiano, el abandono y despojo de tierras. (Vea: Así se ve la tierra y su despojo en Colombia)

A la hora de estimar cuántas hectáreas han sido abandonadas o despojadas, el CNMH recurrió a varias fuentes y la cifra más alta la arrojó el Movimiento Nacional de Víctimas, con base en un catastro alternativo que no es claro en fechas analizadas: 10 millones de hectáreas. Los números oficiales son menores, pero igual de escandalosos: en 2010 el programa gubernamental Acción Social calculó el despojo en 6,5 millones de hectáreas, mientras la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado lo estimó en 6,6 millones.

El departamento donde más se han registrado predios abandonados es Antioquia, una región duramente golpeada tanto por la violencia guerrillera como paramilitar. Le siguen Bolívar, Putumayo y Caquetá, donde también los grupos de extrema izquierda y extrema derecha han operado. En “intensidad de abandono”, en el puesto número uno se ubica otro departamento gravemente afectado por la guerra: Chocó. De todo su territorio, el 37,5% de los predios de uso agropecuario han sido declarados en abandono. Le siguen Caldas, de nuevo Putumayo, y Meta.

Entre 2000 y 2002, identificó el CNMH, varios factores agudizaron el abandono de tierras especialmente en el sur del país, en Caquetá y Putumayo: los combates entre guerrillas y paramilitares, el fortalecimiento de estos últimos con el Bloque Sur Putumayo, y “la presencia del Plan Colombia con su componente militar y de fumigación de cultivos”, política bandera de la presidencia de Pastrana. “La llegada del Plan Colombia en 2000 coincide con un incremento de las cifras de violencia”; estar en un territorio en conflicto era a todas luces riesgoso.

En Meta, encontró el CNMH, cuatro de los cinco municipios que hicieron parte de la zona de distensión –un área de 42.000 kilómetros cuadrados que el entonces presidente Pastrana despejó de Fuerza Pública para dialogar con las Farc- mostró altos niveles de abandono de tierras de 2005 a 2007 (gobierno Uribe). Se trata de Vistahermosa, La Macarena, Mesetas y la Uribe, como efecto directo o indirecto de la retoma militar de la zona tras el fin de la zona de distensión y por cuenta también del Plan Patriota.

“Como lo han señalado diversos estudios, esto puede estar relacionado con fuertes procesos de estigmatización de la población campesina por parte del Ejército”, indicó el Centro Nacional de Memoria, el cual explicó también el abandono de tierras por “la alianza entre Ejército y paramilitares luego del fin de la zona de despeje” y el control del Ejército sobre los cultivos de uso ilícito en el Meta, el cual, según el último informe de la ONU en esta materia, es el séptimo departamento de Colombia con más plantaciones de este tipo.

Hace menos de dos semanas, los baldíos volvieron a ser objeto de discusión luego de que el Centro Democrático radicara un proyecto de ley que pretende dejar sin efectos las acciones del Incoder dirigidas a recuperar baldíos. El director de la Agencia Nacional de Tierras aseguró que una ley así sería “la legalización del mayor despojo cometido contra las tierras de todos los colombianos”, pues quedarían sin piso los procesos que el Incoder ha adelantado para recuperar terrenos de la Nación que han sido ocupados o adjudicados indebidamente.

Los baldíos son un tema tan vigente como importante y de ellos también se ocupó este informe, el cual encontró que en ciertas zonas donde la guerra ha sido más atroz, como los Montes de María, “se observan incrementos anormales en la compraventa de predios adjudicados como baldíos y/o de parcelas de reforma agraria”. Los cultivos de coca también podrían estar relacionados: en Putumayo, por ejemplo, los picos de compraventa de tierras de origen baldío se registraron entre 1990 y 1993, años en que se consolidaron los cultivos de uso ilícito.

Y no solo eso. En 2013, recuerda el CNMH, el entonces ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo denunció que se habían otorgado grandes extensiones de origen baldío “a individuos y empresas (nacionales y transnacionales) que se valieron de sofisticadas fórmulas jurídicas y contactos en las altas esferas gubernamentales para evadir las restricciones legales”. En general, lo que el Centro señala es que “en Colombia, la apropiación ilegal de tierras públicas y privadas es una práctica tan antigua como el origen mismo de la propiedad privada”.

Otro punto en el que el informe pone el dedo en la herida es la concentración de tierras. La ausencia de registros catastrales y de levantamientos topográficos por voluntad de los propietarios y la debilidad del Estado, entre otras razones, hacen pensar que “que la concentración de la propiedad rural es mayor de lo que muestran las imperfectas estadísticas disponibles”. Desde 1970, el Incora alertaba que en el país existían —y aún existen— “grandes concentraciones de tierra sobre las cuales debe recaer la acción igualadora de la reforma agraria”. El problema, sin embargo, continúa vigente.

Este informe del CNMH coincide con la divulgación de una investigación de tres años de la Universidad Nacional, titulada “Aproximaciones al mercado de tierras en Colombia”, la cual reitera que este es uno de los países con mayor concentración de tierra en el mundo. Aquí fácilmente se encuentran terrenos de 2.000 hectáreas, improductivas, en manos de un solo propietario; así como lotes destinados solo para ganadería extensiva. No en vano la problemática agraria fue el primero punto que abordaron en la mesa de negociaciones con las Farc en La Habana: para acabar con el conflicto, hay que abordar el tema de las tierras.