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La Corte Constitucional seleccionó para revisión una acción de tutela interpuesta por la periodista Claudia Julieta Duque contra la Corte Suprema de Justicia, luego de que esta negara el recurso de casación en el proceso contra Ronal Harbey Rivera Rodríguez, absuelto en 2025 mediante decisión de impugnación especial en el caso por persecución y tortura psicológica en contra de la periodista.
La tutela busca que se garantice el derecho al recurso judicial, luego de que, según Claudia Duque, la negativa de la casación la dejó en estado de indefensión al impedirle controvertir una sentencia que considera contiene “yerros graves” y que, a su juicio, fue emitida en contra de los derechos de las víctimas.
El caso tiene origen en la investigación por presuntos hechos de tortura psicológica contra Duque, en el marco de las operaciones ilegales del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En ese proceso, la Corte Suprema absolvió a Rivera Rodríguez al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal.
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La decisión fue cuestionada por la periodista y organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que han señalado posibles fallas en la valoración probatoria y en el análisis del contexto en el que ocurrieron los hechos, relacionados con la persecución a periodistas. También han advertido que no se aplicaron enfoques como el de “empresa criminal conjunta”, utilizado en otros casos para establecer responsabilidades dentro de estructuras organizadas.
Duque ha sido una voz destacada en la defensa de los derechos humanos y es conocida por sus investigaciones sobre el asesinato del humorista Jaime Garzón en 1999, quien fue atacado por sicarios con participación de agentes del Estado.
El alcance de sus indagaciones, que comprometían a altos funcionarios del DAS, habría motivado a esa entidad a utilizar sus propios recursos para recolectar información sobre la periodista, con el fin de intimidarla y hostigarla. Estas acciones, según el caso, incluyeron prácticas de tortura psicológica y la instalación encubierta de dispositivos de seguimiento dentro de su esquema de seguridad.
Tras conocerse la selección de la tutela por parte de la Corte Constitucional, Duque agradeció el respaldo de distintas organizaciones y de la Defensoría del Pueblo, que coadyuvaron la solicitud ante el alto tribunal. “Este caso puede resultar muy importante para todas las víctimas, que por cuenta del derecho a la doble conformidad en casos de condenas han visto cercenados su derecho al recurso de casación. No puede seguir equiparándose lo uno con lo otro, y confiamos en que la Corte así lo dictamine”, señaló.
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