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13 Aug 2020 - 12:00 p. m.

Trabajadores de hospital en Chocó ganaron tutela para protegerse, pero nada cambia

A más de dos meses de que un juez fallara en favor de los empleados del Hospital Ismael Roldán Valencia de Quibdó, la orden judicial no se ha cumplido a cabalidad. Las medidas que se han tomado hasta el momento para protegerlos del COVID-19 han sido insuficientes y los trabajadores temen volver a enfrentar un aumento de casos sin que estén resueltas las fallas estructurales en el centro asistencial.
En el Hospital Ismael Roldán de Quibdó (Chocó) trabajan 209 funcionarios. El falló de tutela los cobijó a todos. / Yeison Riascos.
En el Hospital Ismael Roldán de Quibdó (Chocó) trabajan 209 funcionarios. El falló de tutela los cobijó a todos. / Yeison Riascos.
Foto: Yeison Riascos

El pasado 1 de junio, los trabajadores del Hospital Ismael Roldán Valencia de Quibdó (Chocó) ganaron una tutela con la que exigían protocolos y elementos de protección para atender pacientes de COVID-19. Un juez falló dos veces a su favor, pero la corrupción que, por años ha desangrado el sistema de salud en Chocó, evita que se cumplan a cabalidad las órdenes judiciales. Luego de casi cinco meses desde que comenzó la cuarentena estricta, el virus parece no darle tregua al personal en este centro de salud, quienes manifiestan sentirse abandonados. Si bien han recibido elementos de seguridad, los empleados temen, ante la apertura sectores de la economía, que una nueva escalada en los contagios vuelva a poner al hospital contra las cuerdas.

(En contexto: Trabajadores de hospital de Quibdó ganan tutela en la que pedían elementos de protección)

La situación no es para menos. Allí, el manejo de la sala de COVID-19, la falta de agua y de protocolos de evacuación de los fallecidos a falta de una morgue los preocupa. Pese a los dos fallos judiciales, el personal médico asegura que las medidas han avanzado lento y que los protocolos de seguridad en el centro asistencial no están claros. Pasados casi dos meses luego de la primera decisión del juez, las versiones de los empleados siguen siendo las mismas: “El pánico nos está matando, trabajar en el Ismael Roldán Valencia es una odisea”, le manifestó a este diario Graciela Romaña, una de las enfermeras demandantes.

El primer caso de COVID-19 en Chocó se reportó el pasado 11 de abril. Desde ese momento el Hospital Ismael Roldán, sin estar preparado para encarar la pandemia, se convirtió en la primera puerta de atención para atender a los pacientes del nuevo coronavirus en la capital chocoana. Según Romaña, las autoridades médicas nunca se acondicionaron para la eventual llegada del virus, testimonio que confirmó Osiris Casas, gerente del Hospital Ismael Roldán Valencia, para quien la pandemia se veía lejana.

Casas tomó la dirección del hospital el pasado 1° de mayo en medio de la emergencia sanitaria y de un déficit de $13 mil millones. Un mes después de haber iniciado su gestión, la Procuraduría Delegada de Conciliación Administrativa, la Procuraduría 186 Judicial I Administrativa de Quibdó y trabajadores del centro asistencial llevaron el caso a los estrados judiciales.

En la tutela quedaron expuestas las fallas estructurales y la inexistencia de protocolos de seguridad, entre otros agravantes que presenta el hospital y que por años se dejaron para después. Luego de 48 horas de que se hubiera emitido el fallo del pasado primero de junio, la ARL Positiva, las autoridades municipales y el centro asistencial deberían haber empezado un trabajo mancomunado para garantizar el derecho de un trabajo digno al personal médico. No obstante, la mesa interinstitucional que se ordenó crear en esa determinación judicial aún no está conformada y no se tiene claro cómo funcionará.

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Entre las demandas de la Procuraduría y los empleados del Ismael Roldán se encuentra el suministro de elementos de protección y protocolos de atención para los pacientes con el virus. Pero, pese a la disminución de los contagios en Chocó, para ellos el riesgo no ha desaparecido.

Así lo señaló la enfermera Romaña, quien advierte que, a pesar de que cuentan con elementos de protección como tapabocas, batas y guantes, la sala de COVID-19 permanece en urgencias sin que los protocolos, en su perspectiva, se cumplan. “La sala COVID-19 no está aislada y permanece contaminada. Allí entra cualquiera sin que se le haga ningún protocolo de desinfección y el mes pasado los muertos esperaban más de siete horas porque no tenemos morgue”, explicó.

En este sentido, Osiris Casas, directora del centro asistencial, le dijo a este diario que se han presentado inconvenientes para adecuar y dotar por completo la sala. Asimismo, Casas asegura que, a pesar de que la construcción de la morgue empezó el mes pasado, aún el contratista no ha entregado la obra.

Para nadie es un secreto que uno de los sectores más golpeados por la corrupción en el departamento del Chocó ha sido el de la salud. El principal centro asistencial de este departamento es el Hospital Departamental San Francisco de Asís que, al momento de la llegada de la pandemia, lidiaba con años de estar en precarias condiciones.

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Para Jesús Medina, abogado de litigio de Dejusticia, organización que apoyó la acción de tutela, si en el Hospital San Francisco de Asís llueve, en el Ismael Roldán no escampa. “Estamos en un hospital donde la gente no tiene cómo protegerse y con una crisis financiera de hace años. Además, en el Ismael Roldán hay un pozo séptico que no funciona”.

La situación es grave ya que, en Chocó, solo el 29% de la población cuenta con alcantarillado, es decir, 58% menos del promedio nacional. Es el caso del Hospital Ismael Roldán, cuyo pozo séptico no está conectado a la red pública sanitaria de la ciudad y no tiene una planta generadora de oxígeno. Para el abogado Jesús Medina, la situación no permite cumplir las recomendaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales sugieren como primera línea de protección el lavado de manos.

La enfermera Graciela Romaña asegura que ella y sus compañeras hacen lo posible para manejar este problema en medio de la pandemia, pero temen que la situación no se resuelva pronto. Luego de las dos órdenes judiciales del Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, en manos de la Alcaldía municipal quedó la ejecución de los estudios para la adecuación en el alcantarillado, pero la aprobación de un plan sigue en veremos sin que las directivas del hospital tengan mucho conocimiento al respecto.

Además, según el juzgado, la Alcaldía y la Secretaría de Salud de Quibdó están obligadas a hacer control y apoyar la obtención de recursos para el personal hospitalario. Pero, al no haber tenido la primera reunión en la mesa interinstitucional, se desconocen los informes semanales que ayudarían a dilucidar cuáles son los factores de riesgo que tienen los funcionarios que trabajan en el Hospital.

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En cuanto a la ARL, la gerente Osiris Casas aseguró que han sido enviados elementos de protección, no obstante, “se le hace a uno que no son suficientes para la cantidad de personal”. Por el momento, en el Hospital se señalizó la ruta de atención y se obtuvieron dos cabinas para el traslado de pacientes diagnosticados con el virus. Asimismo, la funcionaria explicó que se instalaron tapetes desinfectantes en tres puntos del centro de salud. “Estamos construyendo. Es un hospital que está en dificultades económicas”, concluyó.

Esas mismas dificultades económicas a las que se refiere la gerente son las que han retrasado los pagos de los salarios al personal médico que labora en el Ismael Roldán. Desde hace años, la situación se convirtió en el dolor de cabeza de enfermeras, auxiliares y doctores que sin importar este factor todos los días cumplen con sus horarios. La enfermera Graciela Romaña asegura que, por lo menos, el hospital les debe tres meses de salario, en los cuales se incluye el pago de la prima de junio.

Según funcionarios del Estado, la crisis en el sistema de salud en Chocó es más profunda. La formalización laboral y el modelo de contratación, además de la crisis de cartera, son temas que los controles institucionales han pasado por alto. De acuerdo con los hallazgos encontrados por las fuentes consultadas, la crisis hospitalaria es resultado de pagos atrasados que realizan las EPS a los hospitales. Asimismo, advierten que las facturas de las EPS no son pagadas a los centros de salud por el monto que realmente corresponde.

En el caso del Hospital Ismael Roldán, los propios empleados comprenden que Osiris Casas recibió un centro asistencial casi en las ruinas y les hacen un llamado a las autoridades demandadas a cumplir oportunamente las órdenes judiciales. Asimismo, le piden al Ministerio de Hacienda incluir al centro asistencial en el programa de auxilio económico que le permitiría a las directivas realizar el pago de los salarios que adeuda a los trabajadores de la salud.

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