El brigadier general de la Policía, Marco Aurelio Bolívar Suárez, es el primer fiscal general de la Justicia Penal Militar (JPM) y lleva algo más de siete meses en el cargo. Aunque esta jurisdicción tiene más de 190 años de existencia, es de las menos conocidas en el país. Con su nombramiento, el alto oficial espera que durante su periodo, que durará cuatro años, sea una instancia judicial más abierta a la ciudadanía, en la que se pueda tener acceso a las audiencias y canales más accesibles para denunciar hechos de corrupción al interior de las Fuerzas Militares y de Policía.
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En entrevista con El Espectador el general Bolívar, además de explicar como avanza la conformación del equipo de fiscales e investigadores de policía judicial, también anunció que trabajan de manera conjunta con la administración del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Incluso, dijo que en las próximas semanas se anunciarán las capturas de miembros de la Fuerza Pública y civiles que participaron en graves hechos de corrupción y que actualmente ocupan importantes puestos en el Estado colombiano. No descartó que haya responsabilidades penales de gobernadores.
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¿Cuál es el balance de estos primeros meses a la cabeza de la Fiscalía de la JPM?
Empezamos a funcionar el 1 de julio de 2022 en Bogotá como parte de la primera de cuatro fases que están contempladas para la Fiscalía de la JPM. Ahora venimos implementando la fase dos que entrará en funcionamiento en julio de 2023 y en la que tendremos presencia en Boyacá, Cundinamarca, el Eje Cafetero. En julio de 2024 esperamos hacer presencia en el norte del territorio colombiano y en 2025 en los Llanos Orientales. En esta primera etapa empezamos con 10 fiscales que hacen parte de la Fuerza Pública y que ya venían manejando casos en esta jurisdicción. Eventualmente, también civiles podrán ser fiscales.
¿Cómo va la conformación de la Policía Judicial de la Fiscalía de al JPM?
Tenemos montada una Unidad de Reacción Inmediata (URI) la cual responde las 24 horas con 150 funcionarios. Ese cuerpo de policía judicial está conformado por miembros de la Dirección de Investigación Criminal de la DIJIN de la Policía para que trabajen exclusivamente en esta jurisdicción. En nuestras instalaciones también cualquier ciudadano puede acercarse en cualquier momento del día para denunciar cualquier hecho, pues tenemos una sala de denuncias con un fiscal y un juez de garantías. Estamos construyendo un sistema digital para que también se pueda denunciar a través de Internet tal cual como se hace ante la Fiscalía General de la Nación.
¿Cómo son elegidos estos funcionarios de Policía Judicial?
En las últimas semanas, hubo una restructuración en la DIJIN y se creó formalmente la unidad destinada para investigar los casos de la JPM. Esos investigadores son elegidos por su extensa experiencia en el tema y que viene a engrosar ese grupo porque realmente necesitamos de esa experiencia. Estamos comenzando y que bueno tener investigadores de esa calidad.
General, cómo hemos visto, también en la Fiscalía General y en la Fiscalía de la JEP se presentan hechos de corrupción. ¿Han contemplado construir equipos especiales para combatir la corrupción al interior de la Fiscalía de JPM?
Claro, aquí está contemplado en la ley, y en el evento que un funcionario, un juez o fiscal, llegara a cometer algún acto que vaya en contra vía de sus funciones, le correspondería a los fiscales delegados ante el tribunal militar investigar a esos funcionarios en primera estancia. Es decir, sí hay un equipo ya montado para investigar a los mismos funcionarios cuando cometan un posible delito en relación con la actividad judicial. Ya desde el punto de vista disciplinario le correspondería a la Procuraduría.
En 2015 se promulgó la ley 1765 que le da estructura y vida a la Fiscalía de la JPM. ¿Por qué pasó tanto tiempo, casi siete años, para que se concretara la estructura del cuerpo investigativo de la JPM?
La demora se produjo, entre otras cosas, porque este se implementó a cero costos para el Estado colombiano. Entonces hasta que se ajustó una serie de recursos para arrancar fue que se dio este primer paso. El entonces director de la Policía, general Jorge Luis Vargas y el resto de cuerpo de generales estaban interesados en que la Fiscalía de la JPM empezara a funcionar.
¿Desde julio de 2022 a hoy cuántas denuncias han recibido?
Tenemos aproximadamente 450 denuncias y siguen llegando. Estas ya están en manos de fiscales y, aproximadamente, en el 40 % ya hubo decisiones. Algunas ya con decisiones de fondo: sentencias, archivos o preclusiones. Es fundamental tener hombres armados pertenecientes a las Fuerzas Militares y de Policía disciplinados, porque de lo contrario se nos convertirían un caos el país. Segundo, es muy indispensable no perder el norte de que la Fuerza Pública en general se le debe al ciudadano, al servicio; y precisamente por eso ese primer enfoque de mantener disciplina y servicio es un pilar clave para que funcione la fuerza pública,
Pero viene un segundo enfoque llamado la línea anticorrupción que tiene que ver básicamente con el conocimiento de los delitos ordinarios, como el concusión o peculado. Este tipo de hechos los hemos venido investigando con ahínco y se han dado resultados. Por ejemplo, se ha reportado públicamente el caso de la patrullera que lamentablemente se apropió de dinero de la Policía Nacional. Fue captura y condenada. Venimos con otra cantidad de resultados importantes que se conocerán en las próximas semanas.
¿Puede adelantarnos alguna información sobre esos casos?
Básicamente, tenemos una investigación relacionada con la apropiación de recursos de la Dirección Administrativa Financiera de la Policía como en la Secretaría General. Unos casos los llevamos ante la JPM y otros son manejados por la Fiscalía General de la Nación en la justicia ordinaria. Es decir, hay civiles y posiblemente aforados constitucionales, que en su momento se conocerán sus nombres. Estamos armonizando información para dar esos resultados lo más pronto posible.
¿Hay congresistas o gobernadores?
Así es, podrían estar ellos.
¿Esos dineros en qué lo usaban?
Son varias líneas de investigación. Una de ellas era usado para pagar sentencias judiciales.
¿Un mini cartel de la toga?
Estamos trabajando con la Fiscalía General para determinar la dimensión del caso. Verificar si era un tema sistemático o casos muy puntuales. Encontramos casos relacionados con procesos de indemnización que ordenan autoridades administrativas.
Dentro de eso 450 denuncias que han recibido, ¿hay algunas contra miembros de la Fuerza Pública por hechos en medio del paro nacional de 2021?
No, porque esas denuncias se hicieron ante el sistema anterior, cuando no existía la figura del fiscal general de la JPM. Pero son casos que estamos acelerando con el equipo de policía judicial de nuestra fiscalía y dar buenos resultados. Estamos hablando de casos en donde lamentablemente murieron personas, lesiones o perdidas oculares en Cali y Bogotá.
En los años pasados se hizo público las fuertes divisiones que había en la Dirección de la Policía y la Inspección de la misma. ¿Usted garantiza que su administración no responderá a ninguna facción?
Totalmente. El lema de mi administración es justicia con dignidad, lo que implica que nuestras acciones son imparciales y objetivas. Aquí no se va a perseguir a nadie. Al que hay que acusar se acusa y al que hay que archivarle se le archiva.
¿Cuál ha sido el mensaje que se ha enviado desde la Dirección de la Policía y la Presidencia sobre la Fiscalía de la JPM?
En realidad estamos trabajando de manera armónica con las Fuerzas Militares y de Policía y para ello estamos estructurando una estrategia importante que hemos denominado Arcadia. Esta tiene como propósito una coordinación entre todos los comandantes de las Fuerzas con esta Fiscalía de la JPM a través de contrainteligencia en cada una de ellas, sus respectivas inspecciones, los controles internos para que se puedan conocer posibles casos de corrupción interna y sean conocidos por la Fiscalía de la JPM. En el caso de la Policía, el general Sanabria ha dado una apertura total para que se desarrolle a plenitud esta estrategia. Por ejemplo, el año pasado detuvimos a un teniente de la Policía que robaba casas de cambio en Barranquilla, entre otros, que se han conocido públicamente como en Cundinamarca y Bogotá. Con ello para decirle que estamos alineados con las políticas del Gobierno Nacional de erradicar el flagelo de la corrupción.
En los últimos meses, hemos visto como instituciones colombianas tan claves como la Fiscalía General y el Comando General de las Fuerzas Militares fueron hackeados. ¿Qué se está haciendo para que ustedes también sufran uno?
Pues básicamente nuestra unidad administrativa contrató a varios ingenieros con bastante experiencia. El sistema que se está con construyendo para proteger esta información fue elaborado por personas que provenían de la Fiscalía.
¿Se ha declarado impedido en algún caso para actuar como fiscal general?
No tengo ningún impedimento, por el momento. Tampoco hay por jerarquía porque los generales son investigados por la Corte Suprema. La JPM tiene competencia hasta el grado de coronel.
¿Ustedes tienen algún impedimento para investigar miembros de inteligencia militar o policial?
No hay ningún impedimento. Hay una Ley de Inteligencia que protege identidades e información dada por esos agentes, pero eso no los exime de una posible investigación de la JPM.
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Por David Escobar Moreno
