Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Alejandro Matta Herrera tiene 39 años, es profesor de Derecho Constitucional y uno de los responsables de la demanda que amplió el derecho a la muerte digna para pacientes no terminales. Su juicioso estudio, hecho con el estudiante de Derecho Daniel Porras, llevó a un fallo histórico de la Corte Constitucional que esta semana, por fin, publicó integralmente la sentencia. Matta Herrera, sin embargo, dice que la muerte digna en Colombia ha sido una discusión aplazada, que urge una reglamentación para determinar qué enfermedades crónicas son incompatibles con la dignidad humana y se refiere al caso de la paciente Martha Sepúlveda, a quien le revirtieron su eutanasia hace una semana. También se refiere por primera vez a la enfermedad que padeció su papá, recientemente fallecido, y cómo esos dolores terribles lo impulsaron a presentar esta demanda. Su padre, sin embargo, jamás vio la muerte digna como una salida. (Recomendamos: Preguntas y respuestas del caso de Martha Sepúlveda).
¿En su familia hubo algún caso de enfermedad grave o padecimiento extremo de un ser querido que lo hiciera reflexionar sobre la eutanasia para pacientes no terminales e impulsar esta demanda?
Sí. A mi papá le descubrieron un cáncer de próstata. A él le hicieron un procedimiento que le produjo una fístula uretro-rectal y eso derivó en una colostomía (cirugía de colón) y una cistostomía (inserción de un catéter en la vejiga). Esa condición le produjo dolores insoportables durante los últimos diez años y él tuvo que consumir opiáceos recomendados por médicos y realizar diferentes cuidados paliativos para convivir con el dolor que tenía. Él tenía una herida que no le sanaba.
¿Y en algún momento solicitó la eutanasia?
Mi padre tenía una enfermedad grave e incompatible con su dignidad humana. Él nunca tomó la decisión de solicitar el derecho a morir dignamente, sus médicos nunca consideraron que su enfermedad fuera terminal y falleció el pasado miércoles 6 de octubre, cuando colapsaron todos sus órganos. Fue una muerte natural, que también es parte de la reflexión. Uno promueve la muerte digna, pero quien decide siempre es el paciente.
Lo siento mucho, Alejandro. Ahora, supongo que haber visto todo el dolor que le produjo a su padre esa condición de salud tan difícil durante sus últimos años tuvo incidencia en la argumentación jurídica de su demanda ante la Corte. ¿Fue así?
Sí, digamos que la demanda está atravesada emocional y éticamente por esa situación, también entendiendo la voluntariedad de la decisión. Yo lo que quería era que existiera esa posibilidad y él pudiera tomar la decisión, pero la suya fue no tomar ese camino y nosotros como familia lo respetamos. Y ese es el telón de fondo del derecho a morir dignamente: quien decide es el paciente. Murió de 72 años.
¿Usted cree que si la eutanasia para pacientes no terminales se hubiera permitido hace tiempo, su padre habría aceptado esa salida? Se lo pregunto por los dolores que usted describe como terribles y porque apenas esta puerta se abrió en julio pasado tras el fallo de la Corte.
Le voy a ser muy sincero: nosotros tuvimos esa conversación antes de presentar la demanda en 2020 y la expresión de él siempre fue negativa. Luego, cuando salió el comunicado de la Corte con el fallo, también él guardaba silencio, pero festejó. También creo que era una manera de leerse a sí mismo. “Me parece muy bueno, ojalá la gente lo pueda usar”. Pero nunca lo expresó para sí mismo. Y en eso fuimos muy cuidadosos con él y con mis hermanos y mi madre. Si la decisión él nunca la puso sobre la mesa, nosotros tampoco. Conversamos en abstracto, pero no de manera puntual.
¿Cómo fueron los últimos años de su padre?
Era un dolor indescriptible. Te pongo un ejemplo: la cistostomía, que es para la evacuación de la orina. Como la orina tiene tantos sedimentos, se va cerrando el tubo por donde se evacúa. Ese cierre hace que la vejiga no pueda evacuar y se empieza a inflar y eso a él se le bloqueaba cada ocho o nueve días, y lo mismo el retiro del tubito y volverlo a meter por la vejiga. A eso hay que sumar la colostomía, que va generando lesiones en el intestino. Papá tenía que consumir metadona y pasó por diferentes líneas de los opiáceos; sin eso no podía estar sentado. Muchas veces prefería estar recostado. A pesar de eso, hasta el final tuvo muy buena sociabilidad y funcionalidad con la familia, pero en muchas ocasiones se negaba a salir, no pudo volver a meterse a la piscina; mi papá cantaba tangos y no pudo volver a hacerlo. Su manera de vivir le cambió completamente. Entonces, a mí sí me motivó mucho eso: que la muerte digna para pacientes con condiciones así de terribles, aunque no terminales, sí pudiera hacerse en Colombia. Ahora, entiendo que no hubiera tomado esa decisión, y eso también hay que celebrarlo y respetarlo. Es decir, no solo celebrar a quienes se deciden por la muerte digna, sino también a quienes no lo hacen, como mi papá.
Aunque la eutanasia se despenalizó en 1997 para enfermedades terminales, no ha habido un esfuerzo institucional para reglamentarla: el Congreso le ha sacado el cuerpo al tema y el Gobierno expidió una regulación apenas en 2015. ¿Por qué nos ha costado tanto tener esta conversación sobre la muerte digna en Colombia?
Vivimos en una sociedad que se ha negado a deliberar públicamente sobre los dilemas y las perplejidades éticas más profundas y estas deliberaciones son saludables para la democracia. A veces por las preferencias morales y mayoritarias del país, por unas vocaciones religiosas, muchas veces refractarias al reconocimiento de otras visiones, nos hemos negado a deliberar sobre temas como la eutanasia o el aborto, algo que atiende también a la expansión de las libertades individuales y de la legislación sobre nuestro propio cuerpo, de las que tanto habló el maestro Carlos Gaviria. Hay una especie de militancia contra la muerte digna, pero es necesario que en un Estado de derecho las decisiones sean tomadas por los ciudadanos y no por poderes privados ni sectores públicos fundados en religiones. Tenemos que aprender a deliberar públicamente con quien disiente de esta posición y seguir fortaleciendo que los servidores públicos separen sus preferencias religiosas de las preferencias civiles. Para estas últimas tenemos los acuerdos constitucionales, para las religiosas tenemos nuestros espacios privados.
En ese sentido, ¿cree que eso del Estado laico suena muy bonito, pero al final parece letra muerta?
Yo soy ateo y cuando llegué a trabajar al Consejo de Estado, en 2007, me llevé una sorpresa. Cuando entré allá una de las primeras imágenes que encontré fue a Jesucristo. Y me parece fuerte. Eso quiere decir que el Estado laico es todavía un proceso en construcción. Yo no creo que haya que sacar a la religión de la vida ciudadana, pero sí hay que sacarla del servicio público, que se funda en la garantía y convivencia de diferentes libertades religiosas. El Estado laico es una postulación constitucional hermosa, pero falta mucho para que se materialice.
Solo desde 2015 hay registro del número de eutanasias practicadas en Colombia. ¿Usted qué cree que pasó en ese hoyo negro entre 1997 y 2015?
El hoyo negro es que le dimos la espalda al tema. Los temas de bioética tienen un patrón común y es que terminan generando clandestinidad y problemas de salud pública. Probablemente se realizaron eutanasias no de la mejor forma y quizás esas intervenciones pusieron en apuros a muchos profesionales de la salud, que se enfrentaron a la posibilidad de ser sancionados moral o jurídicamente. Las cosas que se ponen sobre la mesa tienen mejor forma de resolverse y hacen que ese hoyo negro se llene de palabras, acuerdos y reglamentos para que no pase lo que la Corte ha afirmado de manera enfática y es que hay una reticencia del Estado para garantizar la muerte digna. Eso es una realidad y hay que decirlo sin matices. Ojalá con la nueva sentencia que amplía derechos a pacientes no terminales no encontremos la misma reticencia.
Entre 2015 y 2021 se han practicado apenas 157 eutanasias en el país. Una cifra que contradice de forma rotunda la tesis de que ha habido un exceso o abuso en la aplicación de este procedimiento.
Cuando se compara el dato de otros países que ya han reglamentado el derecho a morir dignamente, uno encuentra que no se dispararon los casos. Lo mismo ocurre con la interrupción voluntaria del embarazo o el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos. Se trata de una decisión tan compleja que mucha gente, incluso teniendo la oportunidad de la muerte digna, no lo va a hacer. Además, los datos sobre personas con enfermedades terminales, graves e incurables tampoco representan un porcentaje tan alto y, en ese sentido, su aplicación no va a levantar unos números que generen alerta.
El debate sobre la eutanasia orbita alrededor de dos palabras fundamentales: libertad y dignidad. ¿Cómo las entiende usted?
Crecimos en una sociedad que considera que lo bueno y lo malo es algo obvio y que las éticas normativas son muy claras, pero la Constitución del 91 lo que dice es que el Estado no puede asumir una moral que imponga determinadas preferencias individuales ni les puede decir a los ciudadanos qué deben hacer con sus cuerpos o sus vestimentas ni imponer preferencias morales, pues estas son individuales. En ese sentido, todos tenemos el derecho a legislar sobre nuestro propio cuerpo y ahí justamente residen la libertad y la dignidad. Yo creo que este país está creciendo en multiculturalismo y cada vez somos más respetuosos de la diversidad. En eso soy escépticamente positivo. Falta mucho, yo sé. Pero vamos mejor: el que quiera tener piercing, el que quiera consumir, la mujer que quiera la interrupción voluntaria del embarazo y el paciente terminal o no terminal que quiere acabar con su vida para no prolongar su dolor.
El dolor es una de las grandes discusiones sobre la eutanasia. ¿Quién determina qué grado de dolor es tolerable o insufrible hasta el punto de pedir o aceptar la muerte digna? La sentencia de la Corte dice que ahí entramos al terreno de la subjetividad del paciente y de cómo encara la enfermedad.
Ahí entramos en un terreno muy parecido al tema del perdón en leyes como Justicia y Paz. ¿Quién da el perdón? Lo dan las víctimas. Y pasa lo mismo con el derecho a morir dignamente: es el paciente quien siente ese dolor. Y aquí quiero propiciar una reflexión sobre el poder médico sobre los pacientes. Los médicos vienen de un proceso de formación en el que algunas veces se asumen legisladores sobre el cuerpo de sus pacientes y eso hay que empezar a discutirlo. Quien define el dolor debería ser el paciente. Finalmente, no hay un “dolorómetro” para determinar con certeza estos niveles. Y esta discusión va a ser muy importante para lo que viene con los pacientes no terminales que quieran la muerte digna, en especial definir qué va a ocurrir con enfermedades mentales y lesiones psíquicas y hasta qué punto esas personas podrían solicitarla.
Eso será un debate tremendo y muy fino. El fallo de la Corte no habla de eso específicamente y ahí tendrá que haber una reglamentación precisa. ¿Cómo hallar el justo punto entre la autodeterminación, la libertad y la dignidad personal y la posibilidad de que esto lleve a enfermos crónicos a sentirse excluidos y desechados por una sociedad “perfecta” e indolora?
Sí, hay que evitar que cualquier tipo de acción o reflexión termine, por ejemplo, en una práctica eugenésica y ahí tenemos que ser infalibles. El Congreso debe legislar, es necesario que el Ministerio de Salud dé tranquilidad sacando prontamente la reglamentación y hay que propiciar diálogos muy profundos con los profesionales de la salud. Esta sentencia de la Corte tiene un riesgo y es que hay conceptos médicos que deberían ser conceptos sociales y ciudadanos. Por ejemplo, la definición de enfermedad terminal. La resolución del Ministerio que aún está vigente dice que la eutanasia aplica para enfermos con menos de seis meses de vida. Y uno podría preguntarse: ¿por qué seis meses y no dos o tres? Yo creo que en esta sentencia que amplía la muerte digna hay un riesgo: quién va a definir qué es una enfermedad grave o una lesión incurable incompatible con la dignidad humana o que constituya un trato cruel o inhumano.
Quisiera consultar su opinión sobre el sonado caso de la paciente Martha Sepúlveda. ¿Usted cree que el sistema de salud le frenó súbitamente la eutanasia porque en el reportaje de Noticias Caracol aparecía sonriendo, tomando cerveza y comiendo patacón?
Yo creo que nuestra sociedad sí está acostumbrada a que la muerte está asociada al dolor. Entonces alguien que está ad portas de morir y está con una sonrisa nos interpela a todos de una manera tal que uno dice: va a morir y va feliz. Aquí siempre hemos construido unos acuerdos de comprensión alrededor de la muerte como si fuera el acto más triste y yo creo que eso hace parte también de las preferencias religiosas del país. Ahí hay algo también de una sociedad que se ha negado a festejar el derecho que tienen las personas a morir dignamente.
¿Por qué cree que un caso como este, que generó la atención internacional por el avance de la eutanasia en Colombia, terminó tan mal, con una IPS dando explicaciones muy cuestionables y una paciente que hoy ya no sonríe porque no sabe cuándo se va a poder morir?
Lamento todo lo que ha ocurrido y creo que se equivocan cuando no le permiten el procedimiento. La Corte ha sido enfática en decir que los comunicados de prensa mediante los cuales comunican sus sentencias generan consecuencias jurídicas. Pero este tema también me ha causado muchas preguntas. Yo tengo un hermano mellizo que es médico internista y ponemos estas conversaciones de manera recurrente. Yo me permito reconocer el temor de los profesionales de la salud si no se tiene la certeza de que no les van a abrir un proceso penal o terminar empapelados en una fiscalía. Insisto, debieron haberle practicado su derecho a morir dignamente y me parece inapropiado que luego de expedir un pronunciamiento público reviertan esa decisión. Yo quiero creer, pero eso es solo un deseo, que no hay maldad en la segunda decisión de los médicos.
¿A qué atribuye usted el silencio institucional del ministro de Salud en un tema tan complejo?
Yo tengo la sensación de que el ministro debe estar de acuerdo con el derecho a morir dignamente. Pero el mundo de la gestión pública no es del todo homogénea o uniforme. Yo sí festejaría un pronunciamiento del Ministerio en el sentido de celebrar que esta sentencia se publicó y que van a salir a hacer todo lo necesario para regular y garantizar la seguridad jurídica de los médicos y de los pacientes terminales y no terminales.
¿Coincide usted, en todo caso, en que el silencio del Ministerio de Salud ya comienza a ser “ruidoso”?
El silencio institucional es una manera de empezar a crear barreras. En el caso de Martha Sepúlveda, ya hay una decisión constitucional y ya hay fallo y ella debería acceder a su derecho a la muerte digna lo más pronto posible. Cualquier obstáculo es una barrera injustificada. Hoy no hay excusas. Hoy ella ya debería estar con un cronograma de acompañamiento psicosocial para que pueda con su familia realizar el procedimiento con tranquilidad y, así les incomode a algunos, sonriendo, porque también morir con dignidad puede producir felicidad. Yo espero que la IPS y la EPS tomen cuanto antes las medidas necesarias. Martha es la representación de la dignidad en este tema. Contrario a lo que pasó con una parte minoritaria de la población, a mí lo que me pasó cuando la veía sonreír es que me llenó de alegría, vi en ella valentía porque, además, asumió un reto y es que como iba a ser la primera paciente no terminal, quiso abrir una conversación con la ciudadanía para mostrar que la muerte digna es legítima. Y esa valentía de hablar en público yo la festejo, de ninguna manera podría censurar su salida a los medios. Y por eso le diría: tranquila, la sonrisa va a regresar. Yo sé que perdió la sonrisa por un momento, para la sonrisa ya va a llegar.