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La Gobernación de Antioquia ofreció hasta COP $50 millones de recompensa a quienes aporten información que conduzca a la identificación y captura de los responsables del asesinato de la lideresa social y comunal Mónica Eugenia Sánchez Román, ocurrido en una zona rural de Santa Bárbara, municipio del suroeste del departamento el pasado 19 de junio.
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De acuerdo con los reportes preliminares, la dirigente comunitaria fue interceptada por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones. El caso es investigado por las autoridades judiciales, que adelantan labores de recolección de pruebas, entrevistas y análisis de inteligencia para establecer las circunstancias del crimen y determinar quiénes participaron en él.
La Fiscalía encabeza las pesquisas con el apoyo de la Policía. Entre las líneas de investigación se analiza la posible participación de organizaciones armadas ilegales con presencia en la región. Fuentes cercanas al proceso señalaron que no se descarta la eventual responsabilidad de integrantes del Clan del Golfo ni de pequeñas estructuras de las disidencias de las Farc.
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Tras conocerse el homicidio, la administración departamental rechazó lo ocurrido y anunció incentivos económicos para obtener información que permita avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Organizaciones sociales y líderes comunitarios también expresaron su preocupación por el crimen y exigieron medidas efectivas para proteger a quienes ejercen labores de liderazgo en los territorios.
Según cifras de la Fundación Ideas para la Paz (Indepaz), el asesinato de Sánchez eleva a 72 el número de líderes sociales asesinados en Colombia durante lo corrido de 2026. El caso también se suma a una preocupante tendencia en Antioquia, donde al menos 14 representantes comunales han sido asesinados este año.
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El departamento figura entre los territorios más afectados por la violencia contra defensores de derechos humanos y líderes comunitarios, junto con Cauca y Arauca. Valle del Cauca y Norte de Santander también aparecen entre las regiones con mayores registros de este tipo de crímenes durante el primer semestre.
Varios de estos homicidios han ocurrido en zonas donde grupos armados ilegales mantienen disputas por corredores estratégicos utilizados para actividades ilícitas. En ese contexto, el asesinato de Mónica Eugenia Sánchez se produce además en medio de un escenario marcado por la tensión política y la polarización que ha rodeado la campaña para las elecciones presidenciales.
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Mientras avanzan las investigaciones, habitantes de Santa Bárbara y organizaciones de la sociedad civil insistieron en la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio del liderazgo social y reclamaron resultados que eviten que el crimen quede en la impunidad.
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