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Una vez más, el presidente Gustavo Petro se refirió púbicamente al fiscal Mario Burgos, el primero que estuvo a cargo de la investigación en contra de su hijo, Nicolás Petro, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Pero esta vez, el pronunciamiento del mandatario no fue para llamarlo “narcofiscal”, como lo hizo en 2023, sino para retractarse de esa afirmación, en cumplimiento de un fallo que así se lo ordenó.
Por medio de un comunicado en su cuenta de X, el presidente Petro dio cumplimiento a una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó un fallo de tutela que ya había sido resuelto en primera instancia por el Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá y con el que se le había ordenado al mandatario retractarse de los señalamientos públicos en contra del fiscal Burgos, por presunta corrupción.
La discusión comenzó en 2023, cuando la lupa de la Fiscalía y de la Procuraduría ya estaba puesta sobre Nicolás Petro, por presuntamente haber recibido dineros que irían a la campaña presidencial de su padre, en 2022, pero que habrían sido desviados a sus bolsillos. Mario Burgos fue el primer fiscal que tuvo el expediente en sus manos y que adelantó la investigación hasta que fue apartado del caso y lo trasladó a la fiscal Lucy Laborde.
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Fue en ese contexto que el presidente Petro se refirió públicamente a Burgos con el término de “narcofiscal”. Lo señaló, sin tener prueba alguna, de presuntos nexos con el narcotráfico y de haber protegido a personas implicadas en la muerte de Marcelo Pecci, el fiscal anticorrupción paraguayo asesinado el 10 de mayo de 2022 en una playa de Cartagena. Todo esto, como luego lo determinó la justicia, sin tener en cuenta la presunción de inocencia.
Las declaraciones del presidente llevaron a que se interpusiera una tutela alegando la vulneración de los derechos fundamentales del fiscal Burgos. El recurso, resuelto por un juez de primera instancia y confirmado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, determinó que, en efecto, con su declaración el presidente afectó el buen nombre, honra, dignidad e integridad personal del funcionario que llevaba el expediente judicial contra su hijo.
Además, el fallo ordenó la retractación pública de la declaración por parte del presidente, argumentando que, más que simples declaraciones políticas, se trató de señalamientos serios, sin pruebas y con implicaciones judiciales. “No puede perderse de vista que las afirmaciones del Presidente de la República, en virtud de las cuales se produce la alegada afectación de derechos fundamentales, se dan en el marco del ejercicio de funciones de una autoridad judicial, como lo es el fiscal Burgos Patiño”, dice el fallo.
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Sobre las funciones de Burgos que cita, la decisión detalla que son “tanto por sus actuaciones al interior de la investigación por el homicidio del Fiscal paraguayo Marcelo Pecci, como por aquellas dentro de la investigación adelantada contra su hijo, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, de lo cual se podría llegar a inferir una injerencia o presión lesiva sobre la independencia judicial”.
En cumplimiento de esa determinación de la justicia, el presidente Petro publicó el comunicado en su cuenta de X en el que no solo se retractó de los señalamientos al fiscal Burgos, sino que de paso también señaló que hay una “tensión institucional” generada por distintas órdenes de la justicia. Alguna de ellas, como la de este caso, que le “exige” hablar; otras, como la reciente del Consejo de Estado sobre la regulación de las alocuciones, que le “ordena callar”.
“Reconozco expresamente que el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño tiene investigaciones, pero no tiene condenas, ni sanciones judiciales o disciplinarias en su contra a la fecha, y que, como todo ciudadano colombiano goza de la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Política”, escribió el mandatario. Y agregó que sus pronunciamientos “constituyen juicios de valor y opiniones críticas emitidas en ejercicio del control político propio de mi investidura y en el marco del debate democrático”.
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A renglón seguido detalló que, si bien el pronunciamiento tiene su origen en una orden judicial, seguirá pronunciándose sobre aquello que, en su concepto, va en contra de las leyes. “Reafirmo mi compromiso con la independencia judicial como pilar del Estado Social de Derecho, al tiempo que mantengo mi prerrogativa constitucional de ejercer la crítica política sobre asuntos de interés general que afecten la transparencia institucional y la confianza ciudadana, siempre con el respeto y garantía a los derechos humanos”.
Agregó a su pronunciamiento una publicación extra en la que hizo un nuevo señalamiento: “Mi posición sigue siendo la misma: la junta del narcotráfico ha cooptado una parte de la dirección de la Fiscalía en tiempos de Barbosa. Buscaron extorsionarme con mi hijo. Querían que Martha Mancera quisiera ser la fiscal actual; a Martha Mancera se le investiga por coordinar un grupo de fiscales y funcionarios ligados a los narcotraficantes y narcotraficantes ellos mismos”.
Hasta la fiscal Lucy Laborde, sobre quien la defensa de Nicolás Petro ha pedido que se aparte de la investigación, apareció en su pronunciamiento. “El fiscal Burgos no investigó al principal sospechoso del asesinato del fiscal paraguayo Pecci en Cartagena, el señor Marset, integrante de la junta del narcotráfico (...). La nueva fiscal del caso es de la misma cuerda del fiscal Burgos y ya uno de sus escoltas el CTI está preso por narcotráfico. Cada vez que más denuncio, más y más procesos se abren contra mi hijo”, concluyó Petro.
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