11 Mar 2019 - 9:38 p. m.

Tras solicitud de la propia JEP, Contraloría y Procuraduría revisarán su contratación

Esta decisión fue confirmada por el contralor Carlos Felipe Córdoba, quien explicó que se examinará desde el primer hasta el último contrato que esa entidad haya firmado.

Redacción Judicial

Patricia Linares (izq.) pidió al procurador Carrillo y al contralor Córdoba que sus entidades revisaran los contratos de la JEP. / Fotos El Espectador
Patricia Linares (izq.) pidió al procurador Carrillo y al contralor Córdoba que sus entidades revisaran los contratos de la JEP. / Fotos El Espectador

Un equipo conjunto, integrado por funcionarios de la Contraloría y de la Procuraduría, examinará los contratos que se han firmado desde la JEP. Así lo confirmó contralor de la República, Carlos Felipe Córdoba, quien explicó que dicho grupo se conformaba “atendiendo una solicitud de esta misma entidad”.

“Tenemos unas actuaciones especiales que ya se habían formulado con antelación, con base en algunas denuncias que se habían presentado, y ahora se va a integrar este grupo con la Procuraduría”, precisó Córdoba, quien agregó que se va a verificar “toda la contratación, desde que empezó la JEP, para determinar si esos contratos han cumplido de forma eficiente con el objeto de los mismos”.

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El pasado 9 de marzo, la propia presidenta de la JEP, la magistrada Patricia Linares, envió oficios a ambas entidades para que programaran “visitas especiales” a la entidad, para verificar “la legalidad y transparencia” de cada uno de los contratos que se han firmado desde la JEP, cuyos recursos son públicos.

El origen de esa solicitud fue el reclamo de la senadora Paloma Valencia, quien manifestó a principios de marzo que la secretaria ejecutiva de la JEP, María del Pilar Bahamón, asignó un contrato de $50 millones a Miguel Samper, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras y exviceministro de Justicia. Según Valencia, esa designación se hizo de forma amañada y por un valor exagerado.

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Valencia también criticó que en la JEP, según ella, hubiera más de 1.800 contratos por prestación de servicios. Por eso, ante la oleada de señalamientos, la magistrada Linares optó por solicitar que las entidades de control revisaran todo lo que ha hecho la JEP en esa materia desde su creación hasta hoy. Procuraduría y Contraloría tienen la última palabra en este tema.

 

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