El trasfondo del proceso judicial que tiene al expresidente Álvaro Uribe detenido desde el pasado 12 de agosto por presunto fraude procesal y soborno, relacionado con una supuesta intención de manipular testigos, es otra pesquisa que la justicia ha adelantado de manera lenta y con tropiezos: establecer la veracidad de varios testimonios de paramilitares que han vinculado al también exgobernador de Antioquia y exsenador con esa organización ilegal. La Corte Suprema remitió a la Fiscalía ese expediente, que suma a la presunta conformación de grupos ilegales en la hacienda Guacharacas los casos de las masacres de El Aro, La Granja y San Roque (entre 1996 y 1997) y el homicidio de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos, perpetrado en 1998.
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El Espectador tiene en su poder el auto de 44 páginas con el cual la Sala de Instrucción de la Corte Suprema hizo esa remisión el pasado 15 de septiembre, al considerar que ya no tenía competencia para investigar a Uribe Vélez luego de que este renunciara al Senado y a su fuero el pasado 18 de agosto. Se trata de una indagación previa; es decir, una pesquisa apenas preliminar por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro y desplazamiento forzado, a raíz de hechos que fueron declarados de lesa humanidad por ese mismo alto tribunal en mayo de 2018. El documento da pistas sobre los elementos más importantes que deberá ahora examinar la Fiscalía General.
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Por ejemplo, declaraciones que aseguran que el Bloque Metro se habría formado en la hacienda Guacharacas, que fue de propiedad de la familia del exgobernador de Antioquia, junto con el apoyo de Luis Alberto Villegas y Santiago Gallón. O el testimonio del paramilitar Francisco Villalba Hernández, rendido el 25 de marzo de 2008 ante la Fiscalía, quien aseguró que Uribe Vélez asistió a varias reuniones con jefes paramilitares. Una, dijo el testigo, fue en 1994 en una finca de Salvatore Mancuso ubicada entre Montería y Tierraalta. Según Villalba, quien fue asesinado, la reunión se dio para hablar de unas “cosas de seguridad y del ganado”.
“Hablaban con Carlos Castaño y Mancuso, iban a comprar una finca en Tierra Dentro. Les consultaban a ellos porque eran zonas de Autodefensas y andaba mucha guerrilla por la zona, eso pega con el Nudo de Paramillo”, dijo. Según el testigo, en 1997, después de la masacre de El Aro, hubo una reunión en la vereda Las Cruces, llegando a San José de la Montaña (Córdoba), para “callar a los que estaban investigando la masacre de El Aro, a los del CTI y ordenaron matar al doctor José María Ovalle (sic) (se refiere a Jesús María Valle), al doctor (José Eduardo) Umaña Mendoza y a Jaime Garzón, el periodista”.
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Villalba afirmó que “en esas reuniones estuvieron los hermanos Santiago y Álvaro Uribe, los militares (en referencia a los generales (r) Alfonso Manosalva y Rosso José Serrano), (Salvatore) Mancuso, (Carlos) Castaño, Monoleche (Jesús Ignacio Roldán), que estuvo en la última de Las Cruces, y mi persona, que era comandante del grupo, y entonces fue cuando decidí desmovilizarme del grupo”. La Sala de Instrucción también enfatizó en que Villalba dijo, en otra declaración del 15 de febrero de 2008, que Uribe habría estado, invitado por Carlos Castaño, en una reunión entre miembros de las Autodefensas con integrantes de la fuerza pública y Santiago Uribe.
“En igual sentido advierte el testigo sobre la presencia de Álvaro Uribe Vélez con posterioridad a la ocurrencia de la masacre de El Aro, acto este que, según el declarante, ocurrió en la misma finca en la que se organizó el delito, pero esta vez para presentarse como gobernador, hablar con ellos y decirles que esa operación había sido un éxito, que los secuestrados habían salido sanos y salvos”, dijo la Corte en al auto. Sobre este tema pesa una denuncia que interpuso en su momento Jesús María Valle, en la que señaló directamente a las autoridades locales, militares y de Policía de tener connivencia con grupos paramilitares.
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A esto se añade, indicó la Sala de Instrucción que, según Francisco Villalba, fue Álvaro Uribe quien como gobernador “tomó la decisión de callarlo (a Jesús María Valle), por cuanto aquel realizaba denuncias públicas sobre la connivencia que existía entre los integrantes de la IV Brigada del Ejército, las demás autoridades y los miembros de las Autodefensas”. Consultada por este diario, la defensa del expresidente asegura que Villalba fue un testigo que faltó a la verdad ante la justicia de manera reiterada e indicó que ni Álvaro ni Santiago Uribe tuvieron que ver con la masacre de El Aro o los homicidios de Jesús María Valle, José Eduardo Umaña Mendoza y Jaime Garzón.
El expresidente Uribe responde
“Una simple lectura de sus múltiples declaraciones permite advertir sus evidentes mentiras, siendo desmentido por demás por los propios comandantes paramilitares que participaron en la denominada masacre de El Aro”, indicó la defensa del expresidente y exsenador. En este sentido, explicó que la reunión de 1994 que menciona Villalba es una “fábula” que no ha sido reseñada por ningún otro testigo. La defensa resalta que Salvatore Mancuso nunca habló de ella y que, antes bien, en mayo de 2016 el exjefe paramilitar dijo que no conocía a Santiago Uribe.
“Debe tenerse en cuenta que la versión de Villalba sobre la supuesta participación de Álvaro y Santiago Uribe en la denominada masacre de El Aro parte de situaciones absolutamente falsas, fácticamente imposibles y además desmentidas por los propios comandantes paramilitares que tuvieron un rol protagónico en el mencionado hecho delictivo”. Así, por ejemplo, sobre la supuesta reunión que habría sucedido tres días antes de la masacre de El Aro (octubre de 1997) —que según el testimonio se habría hecho para rescatar a unos secuestrados—, la defensa del expresidente apuntó que “Álvaro Uribe siendo gobernador no visitó La Caucana (ni) hacía sus desplazamientos por fuera de Medellín en vehículos, como indica Villalba que llegó a la reunión”.
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Adicionalmente, dijo que “no hay registro de que hubiese personas secuestradas en la zona. Las bitácoras de vuelo de los helicópteros de la Gobernación desmienten la versión de Villalba de que se hicieron sobrevuelos en la zona en las fechas que este indica (que coincidían con la ejecución de la masacre). La mentira de Villalba es tan evidente que pone en una reunión en octubre de 1997 a una persona que falleció el 21 abril de ese mismo año como es el general Manosalva. Así mismo, es tan evidente la mentira que en sus declaraciones dice que a Manosalva después lo mataron supuestamente porque iba a hablar”.
Asimismo, explicó la defensa del exmandatario, el general Rosso José Serrano desmintió la versión ante la Fiscalía 16 de Derechos Humanos y Mancuso aseguró no solo no conocer a Santiago Uribe, sino no haber aportado a sus hombres para la masacre. Y Ramiro Cuco Vanoy, jefe del Bloque Mineros, apuntó que puso 50 hombres para El Aro, que Carlos Castaño le dijo que la “operación” se iba a hacer y que en la preparación no participó Santiago Uribe. “No, doctor, no. Ni me lo mencionaron por la Justicia y Paz ni tampoco lo escuché ni nada nada (…) Yo fui muy claro en Justicia y Paz quiénes operamos en la zona, quiénes fueron los del grupito, está muy claro, en Justicia y Paz lo dejé claro. No, doctor, el señor Santiago que mencionan, no”.
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Además de este testimonio, la Sala de Instrucción le dio importancia a la entrevista que le hizo la Fiscalía el 2 de mayo de 2000 a Luis Enrique Serna Henao, ya que “da cuenta de las presuntas relaciones existentes entre el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez y las Autodefensas presentes en la región de Antioquia, advirtiendo incluso además el asentamiento de estos en sus propiedades”. Serna Henao dijo que, a mediados de 1996, conoció a Álvaro Uribe porque estuvo en San José y en San Roque. “Estábamos en conflicto y mandó una volqueta para San José en donde se desplazaban los paracos y cargaban muertos frecuentemente”(…) Otro que iba mucho a la finca del señor Uribe Vélez era alias ‘J’, otro mando paramilitar y siempre iba mucho a la finca del señor Villegas. Se reunieron en la finca de Gavilán. A mi ‘J’ me dio la orden una vez que fuera a llamar a Luis Alberto Villegas para reunirse en esa finca de Gavilán”.
La defensa del expresidente señaló que estas declaraciones se dieron en el marco de un proceso de colaboración con la justicia, buscando obtener rebaja de pena y explicó que el testimonio empieza con una mentira, pues se refiere a la hacienda Guacharacas como de propiedad de Álvaro Uribe Vélez para febrero de 1997, cuando la familia vendió su participación en dicha hacienda en julio de 1996 a la Sociedad Ganados del Norte. La defensa del expresidente, además, aseguró que ya la Fiscalía descartó el testimonio, porque en diciembre de 2000 declaró un inhibitorio sobre la investigación contra Álvaro Uribe por estos hechos. En 2013, la Fiscalía revocó esa decisión y ordenó seguir con las indagaciones.
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La Sala de Instrucción reseñó también la declaración de Néstor Abad Giraldo, alias el Indio, quien dio cuenta de una reunión a la que supuestamente asistió Álvaro Uribe en Barbosa (Antioquia) con el jefe paramilitar Carlos Mauricio García Fernández, alias Doble Cero, en la que habrían estado Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas, y alias Móvil Ocho. Según dijo el Indio, alias Doble Cero le dio la orden a una persona con el alias de Guillermo de recibir a Álvaro Uribe. El Indio afirmó que esto sucedió en el 2003; es decir, cuando Uribe Vélez ya era presidente de la república.
“El señor Álvaro Uribe llegó ahí al Hatillo, que un escolta habló con Guillermo, que era el comandante de nosotros, que nosotros éramos de seguridad de él, para llevarlo hasta Amalfi, donde estaba el señor Carlos Castaño, el señor Rodrigo Doble Cero y Móvil 8 (…) entonces ya nosotros lo llevamos hasta la casa de Móvil 8, hasta Amalfi… que quedaba en todo el centro…una casa pues elegante y nosotros los arriamos por ahí a 25 o 20 metros, donde el señor Carlos Castaño, Rodrigo Doble Cero y Móvil 8 estaban ahí en la casa esperando al señor Álvaro Uribe Vélez. Yo vi cuando se dieron la mano, se abrazaron y no sé más”.
La defensa del expresidente señaló que este hecho no era solo falso, sino que es absurdo “que un presidente de la república, el funcionario público más custodiado del país, sea escoltado en vía pública por un grupo ilegal para concurrir a una reunión con un jefe paramilitar. La versión es falsa. No hubo reunión ni escolta alguna”. La defensa expuso que en el juicio por calumnia en contra de Pablo Hernán Sierra (un testigo que ha hablado en contra de Uribe y que fue absuelto en ese proceso), alias el Indio aportó en junio de 2013 un relato diferente, ya diciendo que no le constaba que Álvaro Uribe hubiera estado en Amalfi y que tampoco vio que se hubiera saludado con Carlos Castaño.
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“Estando en Barbosa, 2003, estando que yo era Urbano, el señor Doble Cero llamó a Guillermo, que era el comandante de nosotros ahí en Barbosa, que para que le prestáramos seguridad al señor Uribe del Hatillo hasta Amalfi. Nosotros fuimos a esperarlo al Hatillo y el señor Guillermo, que era el comandante, ya venían tres carros, se bajó un escolta del señor Uribe, habló con él no sé qué habló. Ya nosotros nos montamos en la camioneta y nos vinimos adelante prestando seguridad hasta Amalfi. Cuando llegamos allá, a nosotros no nos dejaron arrimar hasta allá; nos dejaron bastante lejos de allá donde iban a llegar las tres camionetas. No puedo decir que sí iba el señor Uribe o no, que a nosotros nos dijeron que iba ahí sí y eso es lo que yo tengo para decir”.
Para la Sala de Instrucción, es claro que todos los testimonios que reposan en el expediente aluden al período en que este fue gobernador de Antioquia, por lo que la competencia para seguir con las pesquisas y determinar la veracidad de estos testimonios le corresponde a la Fiscalía, pues los hechos no tienen nada que ver con su rol como congresista, en tanto que Álvaro Uribe llegó al Senado en 2014 y duró hasta el 18 de agosto de 2020, cuando presentó la renuncia. En todo caso, el alto tribunal dijo que el hecho de que el proceso esté en manos de la Fiscalía ahora no puede afectar los derechos y garantías de las víctimas.
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“El cambio de competencia que se genera acorde con la ley y la jurisprudencia, por virtud de la renuncia del senador Uribe Vélez, no debe ni puede conducir indefectiblemente a afectar los derechos y garantías de las víctimas de los hechos que se investigan, por cuánto al ente acusador como autoridad judicial que es le surge el indeclinable deber no solo de investigar con celeridad y eficacia, sino propender por el respeto de los derechos y garantías de todos los intervinientes en el proceso, dentro de las cuales, desde luego, se encuentran las víctimas”, determinó la Corte.
Nota de la Editora: Después de que se publicara este artículo, el expresidente Álvaro Uribe publicó este trino en su cuenta de Twitter.
