3 Sep 2018 - 7:10 p. m.

Tribunal decidirá si caso Mora Urrea pasa a la Jurisdicción Especial para la Paz

Para la defensa de Luis Alirio y Norberto Mora Urrea, la justicia ordinaria ya no puede continuar con el proceso que se les adelanta por supuestamente lavar activos para las Farc. El juzgado mandó el caso al tribunal. Defensa dice que es la Corte Constitucional quien debe resolver el conflicto de competencias.

Redacción Judicial

Un nuevo giro judicial se produjo este lunes en el caso de los hermanos Luis Alirio, Norberto, Uriel y Edna Yaneth Mora Urrea, dueños de los supermercados Supercundi y Merkandrea, señalados de lavar activos para el Bloque Oriental de la antigua guerrilla de las Farc. Aunque estaba prevista la audiencia de acusación a los hermanos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la diligencia no se realizó ya que la defensa de dos de ellos pidió que el caso asea asumido por la Jurisdicción Especial para la Paz al estimar que la justicia ordinaria ya no tiene competencia para ello.

Ante el juzgado quinto penal especializado de Bogotá, la defensa de Luis Alirio y Norberto Mora Urrea aseguró que se cumplen con todos los requisitos formales para que el caso pase a la JEP ya que se les está acusando de supuestamente blanquear dineros del frente 53 de las Farc, así como de entregar alimentos para la operación de los grupos guerrilleros en el departamento y hasta de haber hecho parte de acciones armadas. En ese sentido, el abogado de Luis Alirio Mora Urrea explicó que este ya acudió ante la JEP tanto como tercero civil como víctima.

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“Tengo que mencionarlo, esta investigación requiere con urgencia absoluta la intervención de la Jurisdicción Especial para la Paz porque resulta que el señor Luis Alirio Mora Urrea fue secuestrado en el año 99 por el frente 22 de las Farc”, dijo el abogado Alejandro Carranza quien explicó que la Fiscalía les acreditó que, en efecto, cuando sucedió el hecho, Norberto Mora Urrea presentó la respectiva denuncia y Luis Alirio aparece como víctima. Además, señaló que en ese momento la familia no contó con apoyo estatal para lograr la liberación, por lo que tuvieron que hacer una negociación por su cuenta.

Entre los testimonios que tiene la Fiscalía en este caso, reposa el testimonio de Luis Grajales, antiguo miembro de las Farc, tomado en noviembre de 2017, que asegura que supuestamente Norberto Mora Urrea habría disparado a una base militar y que Luis Alirio no solo se habría autosecuestrado sino que al parecer decía a quién debía secuestrar la guerrilla. Para el defensor Carranza, no es claro si Luis Alirio es víctima o victimario y, si la acusación apunta que habrían apoyado de esta manera a las Farc, entonces el caso debe ir a la JEP.

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“Aquí el señor Luis Alirio Mora Urrea y su familia están cubiertos por una competencia prevalente, no existe facultad para que esta jurisdicción continúe con este procedimiento, que la única autoridad competente es la JEP”, agregó el defensor. El jurista además aseguró que la Corte Constitucional dejó en claro que los archivos reservados del antiguo DAS deben quedar a disposición de la JEP, lo cual es relevante para este procedimiento ya que la investigación contra los Mora Urrea empezó por un informe del DAS del 27 de marzo de 2007, en el que aparecen en un listado de presuntos testaferros del frente 53 de las Farc, comandado por Henry Castellanos, alias Romaña.

Ante la petición, la Fiscalía aseguró que este proceso debe permanecer en la justicia ordinaria ya que el delito de lavado de activos no sería conexo con el delito de rebelión. “La sola acta de compromiso no autoriza de inmediato la suspensión del proceso penal. Observa la Fiscalía que en esta oportunidad procesal no es viable darle trámite a esa competencia de la JEP”, señaló el fiscal del caso al insistir que la JEP no admite personas que estén siendo procesadas por hechos que impliquen enriquecimiento ilícito. “Y la Fiscalía anunció en el escrito de acusación sobre delitos de enriquecimiento ilícito”, agregó.

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El juzgado quinto penal especializado acogió los argumentos de la defensa. “A partir de los hechos jurídicamente relevantes contenidos en el escrito de acusación, se consignan una serie de situaciones que, en criterio jurídico de este despacho judicial, la competencia del presente asunto debe ser asumida por la Jurisdicción Especial para la Paz”, aseguró. En este sentido, el juzgado suspendió el proceso y remitió la petición de la defensa ante el Tribunal Superior de Bogotá. Para la defensa de los procesados, será en últimas la Corte Constitucional quien decida finalmente.

A la diligencia acudieron los cuatro hermanos, quienes están en libertad luego que, en dos ocasiones, despachos judiciales aseguraran que la fiscalía no pudo demostrar que fueran un peligro para la sociedad. Como reveló El Espectador este lunes, al dejar libres a los hermanos  Luis Alirio y Uriel Mora Urrea, dueños de Merkandrea, un juez de control de garantías compulsó copias para que se investiguen aparentes irregularidades en el proceso de extinción de dominio que permitió el embargo de sus bienes.

Desde la captura, en febrero de este año, en medio de un escándalo mediático, la pelea en los estrados judiciales no ha cesado. Mientras los abogados defensores sostienen que se trata de un montaje contra la familia Mora Urrea con falsos testigos a bordo, la Fiscalía insiste en que tiene pruebas suficientes para demostrar que, con dinero de las Farc, los sindicados montaron sus negocios y lavaron millones de pesos del frente de la guerrilla que comandaba alias Romaña.

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La defensa de los Mora Urrea ha sostenido que el testimonio de Wilson Martín Rivas, alias Muelas, tiene inconsistencias. Según la transcripción del testimonio de Wilson Rivas, firmada por el fiscal 35 de Extinción de Dominio, Nicolás Sotomontes, la declaración fue tomada el 20 de noviembre de 2017 en El Espinal (Tolima). Sin embargo, la defensa presentó una certificación, firmada por el propio Sotomontes, en la que aseguró que ese día el testigo estaba en el búnker de la Fiscalía en Bogotá. Es decir, que mientras el documento decía que la diligencia había tenido lugar en Tolima, el mismo fiscal certificó que ese día él estaba junto a Muelas en su oficina. Para la defensa, esa declaración sugiere una presunta falsedad en documento público.

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