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La magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Eva Ortega, disminuyó la condena proferida en contra de Amanda Azucena Castillo, la exrectora del colegio en donde estudiaba Sergio Urrego, joven que se quitó la vida el 4 de agosto de 2014 tras sufrir una persecución en esa institución debido a su orientación sexual. Si bien la jurista confirmó los argumentos emitidos en abril pasado por la Juez 43 Penal de Circuito quien la declaró responsable por el delito de falsa denuncia y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, dejó claro que la condena que recibirá la mujer será de ocho años y ocho meses y no de 11 años como se decretó en primera instancia. Igualmente le dio el beneficio de detención domiciliaria.
“Esta colegiatura resuelve modificar la sentencia exclusivamente en el entendido de declarar que Amanda Azucena Cortes queda condenada a la pena de 106 meses y pagar una multa de 500 salarios mínimos legales vigentes. Conceder la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión en centro carcelario”, dijo la magistrada.
La determinación de la delegada de la Rama Judicial se tomó con base en la apelación que interpuso el abogado de la exrectora quien aseguró que “las pruebas recaudadas no fueron sólidas para imponer una condena. Con la práctica de alguna de ellas se vulneró el debido proceso”. Para la magistrada el defensor omitió la argumentación que respaldaba su recurso. Resaltó que la Fiscalía no ocultó la procedencia de las pruebas.
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“No encuentra la formulación de nulidad planteada por el recurrente. En cuanto al análisis de la responsabilidad, la defensa no plantea controversia alguna respecto de la actuación jurídica ni respecto de los documentos que se presentaron en el proceso”, expuso la magistrada en audiencia virtual adelantada este jueves.
En decisión de primera instancia, la Juez 43 señaló que la Fiscalía presentó las pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de Castillo en los delitos por los que era acusada y, por lo tanto, pidió la máxima pena, es decir, 11 años de condena y cancelar 502 salarios mínimos de multa.
En octubre de 2018, Castillo se libró de ser procesada por el delito de discriminación agravada debido a que había prescrito y solo pudo ser juzgada por falsa denuncia y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
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Castillo Cortés era la rectora del colegio Gimnasio Castillo Campestre cuando Sergio Urrego cursaba el bachillerato. En la investigación se demostró que la hoy condenada realizó actos de discriminación contra el adolescente por ser homosexual y, una vez el joven falleció, intentó ocultar la verdad alterando y escondiendo pruebas; así mismo, que presionó a la pareja del estudiante para que denunciara por acoso sexual a Sergio.
Esta falsa denuncia se puso después de que el Gimnasio Castillo Campestre iniciara un proceso disciplinario contra Urrego por besarse con su novio en las instalaciones del colegio. Hecho que terminó en que el menor fue obligado a contarle a sus padres sobre su orientación sexual y a asistir a un psicólogo para volver a clases.