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El 12 de octubre de 2018 los empresarios Édgar Rafael Piedrahita Hernández y Héctor Enrique Amarís Piñeres, quiénes están vinculados en el entramado de corrupción de la Triple A en Barranquilla, aceptaron los cargos de enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado que les endilgó la Fiscalía, lo que implicaba una rápida condena y una rebaja de pena. La Procuraduría apeló esa aceptación por considerar que no garantizaba la devolución de dineros apropiados irregularmente.
El 5 de agosto de 2020 el Juzgado único Penal Especializado de Conocimiento de Barranquilla no acogió esa posición y dejó en firme la aceptación de cargos. Pero, ante la insistencia del organismo de control, el Tribunal Superior de Barranquilla le dio la razón. El Tribunal cuestionó que los empresarios no hubieran pactado con la Fiscalía el reintegro de más de $24.000 millones de la Triple A que ambos procesados se habrían apropiado se manera irregular. Y es que, según dicho organismo judicial, no basta con reconocer la culpa en casos en las que cualquier persona investigada obtuvo un incremento patrimonial, para sí o para otros. En esos casos, “es requisito necesario la devolución de la mitad del valor apropiado y además garantizar el recaudo del monto restante”.
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“Se imprueba esa aceptación y, en consecuencia, se ordena que se sigan con las fases procesales conforme el diseño de la Ley, esto es, que aquella alegación de culpabilidad observe el cumplimiento cabal y efectivo o se siga el proceso por el cauce natural y la Fiscalía haga lo que acorde a la Ley le corresponda. Es decir, puede enderezarse el proceso, incluso acudir a las terminaciones anticipadas, pero con observancia de la Ley. Lo contrario es pensar que se quiere hacer las cosas para hacerlas y así no son las cosas”, dice la decisión.
Édgar Rafael Piedrahita Hernández es investigado por tramitar en nombre de Recaudos y Tributos S.A., 54 órdenes de pago por valor de $23.379′761.912 que corresponderían a servicios inexistentes. Y Héctor Enrique Amarís Piñeres, representante de Iarco Ltda, es procesado por no haber prestado presuntamente el servicio de transporte de residuos sólidos en Barranquilla, como quedó consignado en nueve facturas por $1.350′000.000. Al parecer, dichos recursos que habrían sido entregados a Ramón Navarro Pereira, exgerente de la Triple A, también procesado.
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“La Sala no quiere decir, ni quiere pensar que, por facilismo, por rapidez estén coludidos, ni más faltaba, para lograr el aterrizaje en la sentencia. La Ley tiene que hacerse cumplir, dura es la Ley, pero es Ley, de ahí que el Ministerio Público pida ese cumplimiento, para ello fue nombrado, es de sus funciones”, agregó el Tribunal. Triple A es una empresa de propiedad de Inassa, filial latinoamericana de la estatal española Canal de Isabel II, que resultó vinculada a la investigación de las autoridades españolas denominada Operación Lezo.
Por este caso, también aceptó cargos el exgerente de la empresa Triple A, Ramón Navarro Pereira, quien es investigado por la Fiscalía General por la presunta apropiación ilícita de $27.879 millones entre los años 2012 y 2015. La supuesta apropiación se habría hecho a través de la creación de 54 órdenes de bienes y servicios que, según la Fiscalía, no fueron adquiridos. Sin embargo, los gastos se habrían acreditado como operaciones normales de la empresa, se registraron en la contabilidad y en las declaraciones de renta en los respectivos años.
