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El gobierno de Gustavo Petro adelanta una nueva política de drogas, que tendrá una inversión de $21 billones y que estará vigente hasta 2030. Según prometió la presente administración, la idea es incentivar a campesinos cultivadores a dejar las economías ilegales, y golpear a los grandes narcotraficantes, considerados el verdadero eslabón fuerte del narcotráfico. Sobre este proyecto, el Ministerio de Justicia compartió la primera misión territorial que han diseñado específicamente para Tumaco, esperan que con estas iniciativas el territorio pueda tener un nuevo presente, al mismo tiempo que se protege el medio ambiente y se previene la vinculación de niños y niñas a estructuras de tráfico de drogas.
La idea es que en el proyecto se articule con el trabajo de la Policía Antinarcóticos, así como con la Política Nacional de reindustrialización y con las personas que habitan el territorio. Estos últimos son descritos como actores para el cambio, entre los que se menciona, en específico, a las mujeres, los campesinos y los jóvenes. Los proyectos esperan centrarse en la vocación productiva y las necesidades específicas del territorio, dando paso a una reforma agraria, explica el documento.
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El proyecto busca darles a los campesinos una nueva manera de capitalizar su esfuerzo en el campo. En el caso de Tumaco se tienen cuatro pilares centrales, el agroproductivo con una inversión de $195.670 millones; el turístico, por un valor de $16.832 millones; las bioeconomías, con $17.900 millones; y el sector salud, cultura y convivencia, con un presupuesto de $4.193 millones.
Desde el sector agroproductivo, se tienen ocho proyectos que apuntan a la reducción progresiva de las economías ilícitas. Los principales son: uno, que busca reemplazar los cultivos de coca por cacao, para producir chocolate de exportación; otro, que busca convertir al pacífico en el principal productor de coco del país; y el último, que busca crear una industria competitiva de camarones y pesca. Estos a su vez se complementan con proyectos para erradicar el hambre en la región y otros que esperan encontrarle usos alternativos a la coca.
Así mismo, desde el área de turismo, desarrollo productivo y conectividad se tienen tres proyectos centrales que son la construcción de embarcaderos, el mejoramiento vial y el fortalecimiento empresarial integral. Por otra parte, para el área de salud, cultura y convivencia se espera invertir el presupuesto en la prevención de la salud mental y en las zonas y cultura de paz. Este proyecto en específico también apunta a la disminución del consumo de drogas en el territorio.
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Finalmente, en el área de las bioeconomías, participarán el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Justicia y la Agencia de Renovación Territorial. Allí se desarrollará un plan de manejo ambiental en el cual se integrará Cabo Manglares, además de promover un corredor biocultural para el pacífico y un desarrollo forestal en la zona.
Con esta nueva política de drogas, que tiene un total de ocho enfoques, entre ellos los derechos humanos, la salud pública y la construcción de paz, se pretende que, masivamente, campesinos cocaleros o cultivadores de marihuana erradiquen sus plantaciones de uso ilícito y lleguen a proyectos productivos, en tierras compradas por el Estado. Y, quienes no lo deseen, que tengan una regulación clara sobre los cultivos. Asimismo, golpear arduamente a los narcotraficantes, quienes sí son el eslabón más fuerte de la cadena del tráfico de drogas, según expone el gobierno.
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