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La nueva política de drogas, que tendrá una inversión de $21 billones y que tendrá vigencia hasta 2030, acaba de dar uno de sus pasos más importantes: la aprobación de las misiones territoriales con las cuales el Estado colombiano, en conjunto, se mete de lleno en los territorios, para sustituir los cultivos de uso ilícito y darles a los campesinos una nueva manera de capitalizar su esfuerzo en el campo.
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La nueva política de drogas tiene un total de ocho enfoques, entre ellos los derechos humanos, la salud pública y la construcción de paz. Se pretende que, masivamente, campesinos cocaleros o cultivadores de marihuana erradiquen sus plantaciones de uso ilícito y lleguen a proyectos productivos, en tierras compradas por el Estado. Y, quienes no lo deseen, que tengan una regulación clara sobre los cultivos. Asimismo, golpear arduamente a los narcotraficantes, quienes sí son el eslabón más fuerte de la cadena del tráfico de drogas.
Las misiones territoriales fueron aprobadas mediante un decreto en el que, en palabras sencillas, el Gobierno Nacional priorizará lugares de Colombia donde intervenir bajo el nuevo enfoque de drogas. A diferencia de las anteriores políticas, la idea es que a esos lugares lleguen funcionarios de distintos ministerios y entidades, quienes, en conjunto, aborden de manera integrada la problemática.
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El Espectador conoció que el primer territorio focalizado será Tumaco, en Nariño, el segundo municipio con más hectáreas de coca sembradas, según la última medición de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC). Solo está detrás de Tibú, en Norte de Santander. Para el trabajo focalizado en Tumaco, se tienen comprometidos hasta $234.000 millones en esta primera fase.
Asimismo, este diario conoció que, aunque las misiones territoriales contemplan zonas del país sin hectáreas de coca sembradas o con poca de ella, las primeras misiones, desde luego, se enfocaran en sectores clave para la nueva política de drogas. Lugares donde se promete cambiarle el modo de supervivencia al campesino, mientras, a la par, van desapareciendo las siembras de cultivos de uso ilícito.
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Las misiones territoriales tendrán, además, un comité coordinador como parte del Consejo Nacional de Estupefacientes. Estará integrado por los Ministerios de Defensa, Igualdad, Justicia, Agricultura, Salud, Comercio y Ambiente. Estas dos últimas carteras no habían sido tenidas en cuenta en la última política de drogas implementada. Asimismo, como invitados permanentes estarán el Alto Comisionado para la Paz, la Agencia de Renovación del Territorio, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, las autoridades territoriales y departamentales de cada misión, y la correspondiente Corporación Autónoma Regional.
Las misiones tendrán vigencia de un año y no podrán iniciar sin antes definirse la dimensión territorial, la población objeto de intervención, los indicadores a lograr, los compromisos de las comunidades beneficiadas y las entidades responsables de cada acción específica. De otro lado, se le encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores una estrategia para lograr cooperación internacional, así como al Ministerio de Justicia y de Comercio para encontrar ayuda del sector privado.
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