Tutela por chuzadas del DAS, la primera sombra de Carvajal en la Corte Constitucional

El próximo jueves 3 de julio a las tres de la tarde se posesionará el abogado Héctor Alfonso Carvajal Londoño como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Hace 40 días, el Senado lo eligió con 60 votos, pese a que su postulación fue criticada, no solo porque está a cuatro años de llegar al retiro forzoso, sino porque ha defendido judicialmente al presidente Gustavo Petro, de quien además es su amigo. Así mismo, es muy cercano al expresidente Álvaro Uribe y a otra decena de congresistas cuyos procesos ha representado durante su carrera. Su aterrizaje en la Corte coincide con la posibilidad de que ese alto tribunal seleccione una tutela en un sonado caso para el país y en el que Carvajal terminó protagonizando un episodio por el que nunca ha dado explicaciones.

Antecedentes: Héctor Carvajal, abogado de Petro, es nuevo magistrado de la Corte Constitucional

El Espectador conoció toda la historia. Se trata del expediente por el escándalo de espionaje protagonizado por el Departamento Administrativo de Seguridad en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, más conocido como “las chuzadas del DAS”. En noviembre de 2024, una sala de conjueces de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia contra César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, exsecretarios de prensa y jurídico, respectivamente, del segundo periodo del gobierno Uribe. La justicia determinó que participaron en un entramado criminal que usó el servicio de inteligencia del DAS para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia hace 18 años. En esa época el alto tribunal estaba en plena investigación de la parapolítica.

En 2015 la Fiscalía acusó a Velásquez y Del Castillo por el delito de concierto para delinquir. En julio de 2021, sin embargo, un juez de Bogotá los absolvió al considerar que no había pruebas suficientes en su contra. Pero en septiembre de 2021 el Tribunal Superior de Bogotá tumbó esa decisión y los condenó a 63 meses de prisión. El camino entonces fue recurrir a la Corte Suprema de Justicia, que decidió conformar una sala de conjueces, pues los magistrados titulares estaban impedidos para conocer procesos sobre esa investigación judicial porque ya habían emitido fallos en el pasado contra otros protagonistas de ese proceso. Fue entonces cuando el abogado Héctor Alfonso Carvajal Londoño llegó al expediente en calidad de conjuez.

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Según consta en los documentos del caso conocidos por este diario, el sorteo en el que fue elegido el próximo magistrado de la Corte Constitucional ocurrió el 16 de mayo de 2023 y, para el 15 de junio siguiente, Carvajal aceptó el nombramiento y quedó como uno de los nueve conjueces llamados a resolver la petición de los exfuncionarios de Uribe. Durante el resto de ese año y de buena parte del siguiente, el proceso se enredó entre recusaciones e impedimentos. Uno de ellos llegó directamente a manos del abogado del presidente Petro, quien presentó una ponencia ante la sala en la que propuso dejar en el cargo a la conjueza ponente del fallo en contra de Velásquez y Del Castillo.

Héctor Carvajal no solo presentó el proyecto de fallo, sino que votó a su favor el 18 de noviembre de 2023. Una de las decisiones claves en las que participó el abogado, antes de declararse impedido. Ese cambio radical en el proceso tomó por sorpresa a más de uno, incluyendo a los investigados. “Me permito poner en conocimiento de los honorables miembros que integran esta Sala, la causal de impedimento en la que considero me encuentro inmerso, para que, si a bien lo consideran, se me separe del proceso y se garantice el derecho que le asiste a todas las personas a ser juzgadas o a que sus asuntos sean decididos por un juez o tribunal imparcial”, escribió el entonces conjuez el 26 de noviembre de 2024.

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Y agregó: “Lo anterior, toda vez que soy actualmente apoderado ante el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral (CNE) y sostengo una amistad íntima con el Sr. Presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, a quien se menciona en el expediente como una de las víctimas de los supuestos fácticos sobre los cuales se edifica el proceso. De igual forma, es de público conocimiento que he realizado actividades buscando el acercamiento entre el Sr. Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego y el Sr. expresidente Álvaro Uribe Vélez”. Con esa constancia de su puño y letra, Carvajal fue apartado del caso en tiempo récord y, al día siguiente, la sala de conjueces confirmó la sentencia contra Velásquez y Del Castillo.

El impedimento del defensor y amigo íntimo del presidente Petro no pasó desapercibido. ¿Por qué declaró esa situación después de haber tomado decisiones en el caso? ¿Por qué se sostuvo en el proceso como conjuez durante 18 meses si estaba impedido? Estas preguntas fueron parte de una tutela que presentó Edmundo del Castillo, quien consideró que ese sorpresivo impedimento de Carvajal desconoció los principios de lealtad y buena fe procesales, dos reglas éticas que obligan a las partes de un proceso judicial a actuar con honestidad, transparencia y respeto por el debido proceso. Entre otras cosas, el exsecretario jurídico argumentó que la amistad íntima entre Carvajal y Petro no surgió de manera espontánea o luego de que el conjuez tomara decisiones en su caso.

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Por el contrario, esa relación llevaba años cultivándose, al menos desde 2013, cuando Carvajal asumió la defensa del entonces alcalde de Bogotá cuando el exprocurador Alejandro Ordóñez lo destituyó del cargo. Pese a las pruebas de que Carvajal había actuado en el proceso de las “chuzadas del DAS”, aun cuando estaba impedido, la Corte Suprema de Justicia no reconoció ninguna vulneración de los derechos de Del Castillo. En primera instancia, negó la tutela y, pese a que el exfuncionario impugnó la decisión, el alto tribunal confirmó el fallo de no reconocer errores, aunque en ambas sentencias no hubo mayor revisión sobre lo que hizo Héctor Carvajal durante el caso. Por esa razón, Edmundo del Castillo está a la espera de que la Corte Constitucional seleccione la tutela.

En diálogo con este diario, el exsecretario jurídico explicó los errores que evidenció durante su proceso en la Corte Suprema. Entre ellos, resaltó el del abogado del presidente. “¿Por qué de manera súbita y extraña presentó el impedimento? No lo sé. Siendo un abogado, y en teoría un abogado que conoce las normas, sabía que no podía actuar en este expediente. Pero además, ese impedimento se presentó con razones mentirosas porque, en mi caso, Petro nunca se acreditó como víctima. Carvajal dijo que sí. Es muy extraño que se haya bajado del bus una semana antes de que se conociera el fallo. Pero lo que ahora es más llamativo es que uno de los llamados guardianes de la Constitución, como lo es un magistrado de la Corte Constitucional, haya cometido un error tan protuberante”.

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Aunque Héctor Carvajal no tomó ninguna decisión de fondo en el caso de César Velásquez y Edmundo del Castillo, este último exfuncionario sostiene que esa no puede ser una razón para no respetar su derecho al debido proceso. Por eso, espera que la Corte Constitucional, a la que va a llegar el protagonista de la historia, seleccione la tutela y, de paso, revise cómo se están tramitando procesos como el de él (doble conformidad). Si el alto tribunal decide estudiar el recurso, este sería el primer caso evidente en el que Carvajal se tendría que declarar impedido a su llegada a la Corte. Pero sería el primero de muchos otros. Por ejemplo, por esa amistad íntima con el presidente, tampoco podría participar en expedientes en los que el jefe de Estado tenga algún interés.

Por mencionar algunos: el estudio de las reformas al sistema pensional y laboral; y ahora la definición de qué pasará con las intervenciones a varias EPS, que recurrieron a la Corte para evidenciar un proceso inconstitucional liderado por el Ejecutivo, como lo logró Sanitas el pasado jueves 26 de junio. Con ese voto congelado para el gobierno, la llegada de Carvajal a la Sala Plena ocurre en un momento de recomposición de los pesos y contrapesos en esta instancia de la cúpula de la justicia. En menos de seis meses han terminado sus periodos de ocho años al menos tres magistrados y en septiembre próximo saldrá uno más, José Fernando Reyes. Sus reemplazos y el estilo de sus posiciones jurídicas tienen a más de uno haciendo cuentas, pues las cargas estarían parejas.

En medio de las críticas a la elección de Carvajal, en la plenaria del Senado en la que fue elegido, él mismo aclaró: “En mi trayectoria de más de 30 años en derecho electoral he defendido al presidente, a muchos senadores, gobernadores, concejales de todos los partidos de Colombia, incluidos a algunos de ustedes (...) “No defiendo a Gustavo Petro como individuo, sino a la institucionalidad del presidente. Mi independencia está a toda prueba del Gobierno. Mi pensamiento es libre”. En todo caso, la posesión de Carvajal el próximo jueves será en el Palacio de Nariño y se espera que tenga la presencia de su amigo íntimo, —40 días después de la elección—, al parecer porque tenía que entregar más de 300 expedientes de su oficina de abogados a quienes seguirán litigando.

La llegada de Héctor Carvajal a la Corte Constitucional ocurre justo cuando el país observa con atención los equilibrios del alto tribunal, que en los próximos meses tendrá que decidir sobre temas neurálgicos para el Ejecutivo. Aunque Carvajal asegura que su pensamiento es libre y su independencia está a toda prueba, lo cierto es que su trayectoria reciente ha estado marcada por vínculos personales y profesionales con protagonistas clave del poder político. Su rol como magistrado estará bajo escrutinio, no solo por los casos en los que eventualmente deberá declararse impedido, sino porque cada decisión suya será leída en clave de su cercanía con el presidente Petro. La tutela de Edmundo del Castillo será apenas el primer examen público del nuevo magistrado en su función como magistrado de la Corte Constitucional.

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