Uber demandará a Colombia tras fallo que suspendió su servicio

Los abogados de la plataforma de transporte Uber le enviaron al presidente Iván Duque, al ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, y a otros altos funcionarios del Gobierno una carta en la que les notifican que emprenderán acciones judiciales por un supuesto incumplimiento al Tratado de Libre Comercio que tiene Colombia con Estados Unidos. En concreto se quejan de la orden que dio la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de suspender el servicio de transporte que presta esta plataforma porque incurre en competencia desleal.

(Lea también: Ordenan suspender la prestación del servicio de Uber en Colombia)

Según la misiva, “una serie de medidas recientes de la República han tenido un grave impacto adverso en las inversiones de Uber en Colombia y la viabilidad de sus operaciones en el país”, por lo cual acudirán a demandar al Estado. La compañía se refiere al fallo de la SIC, que tildan de “emitida bajo circunstancias cuestionables” y reprochan que el fallo fue publicado el 20 de diciembre, “el último día del calendario judicial en Colombia, con la aparente intención de impedir su revisión inmediata en apelación”.

El fallo de la SIC, como ha explicado el superintendente Andrés Barreto, se da tras una demanda que presentó la empresa Cotech, operadora de la aplicación Taxis Libres, una de las más grandes compañía de transporte en el país. Sin embargo, para Uber, habría un “esfuerzo concertado” del Estado colombiano entorpecer las inversiones de la compañía en este país, pues la sentencia de la SIC “fue precedida por una sanción que la Superintendencia de Transporte impuso a Uber Colombia en un tiempo récord unos minutos antes, sin siquiera brindarle a Uber Colombia la oportunidad de revisar las quejas que supuestamente llevaron a la sanción”.

(Le puede interesar: ¿Qué viene después de la demanda contra Uber?)

El fallo de finales del año pasado también fue notificado a los operadores de internet en Colombia, que tienen 30 días para desconectar la transmisión de datos, el almacenamiento y el acceso a la aplicación Uber en el país. Para la plataforma, están siendo sometidos a medidas “arbitrarias y discriminatorias”, pues “en contraste, otras compañías de Colombia y terceros países que ofrecen formas similares en Colombia no han sido sometidas al mismo tratamiento y continúan operando en Colombia sin interferencia similar de la República”.

Para la compañía, al estar radicados en el estado de Delaware, son un inversor protegido por el TLC. Y, en ese sentido, las medidas tomadas por entidades colombianas violan principios del Tratado de Libre Comercio como el de “no someter las inversiones de los restauradores estadounidenses a expropiaciones o nacionalizaciones” y el de “otorgar a los inversores estadounidenses un trato justo y equitativo y protección y seguridad plenas”. Además, aseguran que ordenar su desconexión a los operadores de telecomunicaciones es una forma de censura que viola el principio de neutralidad de la red.

(Lea también: ¿Qué tiene que ver la neutralidad de red y la orden de suspender a Uber?)

La entidad que hace las veces de abogado de Colombia, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, ya fue notificada de la intención de demanda de Uber. Según explicó su director, Camilo Gómez, en diálogo con Blu Radio, “esto es una etapa que se denomina comunicación de intención de demanda, todavía no hay demanda”. Lo que se sigue, según pide Uber en la carta, es que ambas partes se sienten a discutir durante unos seis meses para buscar un acuerdo.

Pero en esa negociación no estará sobre la mesa que Uber se salve de cumplir el fallo judicial, al que todavía le falta la segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá. “Colombia tiene que sentarse con Uber en esta etapa, pero es para discutir si se está violando o no el Tratado de Libre Comercio. Esto no es para discutir aspectos como la decisión de la Superintendencia, que es el caso más reciente que hemos visto al respecto”, explicó Gómez. Si no hay acuerdo, “el inversionista (en este caso Uber) tendría la posibilidad de presentar la demanda”.

Los abogados de la plataforma de transporte Uber le enviaron al presidente Iván Duque, al ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, y a otros altos funcionarios del Gobierno una carta en la que les notifican que emprenderán acciones judiciales por un supuesto incumplimiento al Tratado de Libre Comercio que tiene Colombia con Estados Unidos. En concreto se quejan de la orden que dio la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de suspender el servicio de transporte que presta esta plataforma porque incurre en competencia desleal.

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Según la misiva, “una serie de medidas recientes de la República han tenido un grave impacto adverso en las inversiones de Uber en Colombia y la viabilidad de sus operaciones en el país”, por lo cual acudirán a demandar al Estado. La compañía se refiere al fallo de la SIC, que tildan de “emitida bajo circunstancias cuestionables” y reprochan que el fallo fue publicado el 20 de diciembre, “el último día del calendario judicial en Colombia, con la aparente intención de impedir su revisión inmediata en apelación”.

El fallo de la SIC, como ha explicado el superintendente Andrés Barreto, se da tras una demanda que presentó la empresa Cotech, operadora de la aplicación Taxis Libres, una de las más grandes compañía de transporte en el país. Sin embargo, para Uber, habría un “esfuerzo concertado” del Estado colombiano entorpecer las inversiones de la compañía en este país, pues la sentencia de la SIC “fue precedida por una sanción que la Superintendencia de Transporte impuso a Uber Colombia en un tiempo récord unos minutos antes, sin siquiera brindarle a Uber Colombia la oportunidad de revisar las quejas que supuestamente llevaron a la sanción”.

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El fallo de finales del año pasado también fue notificado a los operadores de internet en Colombia, que tienen 30 días para desconectar la transmisión de datos, el almacenamiento y el acceso a la aplicación Uber en el país. Para la plataforma, están siendo sometidos a medidas “arbitrarias y discriminatorias”, pues “en contraste, otras compañías de Colombia y terceros países que ofrecen formas similares en Colombia no han sido sometidas al mismo tratamiento y continúan operando en Colombia sin interferencia similar de la República”.

Para la compañía, al estar radicados en el estado de Delaware, son un inversor protegido por el TLC. Y, en ese sentido, las medidas tomadas por entidades colombianas violan principios del Tratado de Libre Comercio como el de “no someter las inversiones de los restauradores estadounidenses a expropiaciones o nacionalizaciones” y el de “otorgar a los inversores estadounidenses un trato justo y equitativo y protección y seguridad plenas”. Además, aseguran que ordenar su desconexión a los operadores de telecomunicaciones es una forma de censura que viola el principio de neutralidad de la red.

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La entidad que hace las veces de abogado de Colombia, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, ya fue notificada de la intención de demanda de Uber. Según explicó su director, Camilo Gómez, en diálogo con Blu Radio, “esto es una etapa que se denomina comunicación de intención de demanda, todavía no hay demanda”. Lo que se sigue, según pide Uber en la carta, es que ambas partes se sienten a discutir durante unos seis meses para buscar un acuerdo.

Pero en esa negociación no estará sobre la mesa que Uber se salve de cumplir el fallo judicial, al que todavía le falta la segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá. “Colombia tiene que sentarse con Uber en esta etapa, pero es para discutir si se está violando o no el Tratado de Libre Comercio. Esto no es para discutir aspectos como la decisión de la Superintendencia, que es el caso más reciente que hemos visto al respecto”, explicó Gómez. Si no hay acuerdo, “el inversionista (en este caso Uber) tendría la posibilidad de presentar la demanda”.