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En la mañana de este lunes 30 de marzo, la Fiscalía General de la Nación anunció una movida de la justicia en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Francisco Javier Estupiñán Bravo, exgerente de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, fue condenado a 16 años, siete meses y seis días de prisión.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía, intervino en la adjudicación de la orden de proveeduría 185 del 11 de octubre de 2023, por COP 29.000 millones, cuyo objetivo era comprar 40 carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas del departamento de La Guajira. Un contrato que terminó en un millonario desfalco a las arcas del Estado.
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El hombre había aceptado su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación propio y en favor de terceros agravado, e interés indebido en la celebración de contratos. Sin embargo, fue acusado por su responsabilidad en dos cargos más: falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
El ente investigador pudo comprobar que, como gerente de ventas de la Corporación Yupurutú, el hombre entregó documentos falsos en los que se daba fe de que los 40 carrotanques que se iban a adquirir para llevar agua a La Guajira sí estaban disponibles, “sustentada en una alianza comercial inexistente entre la corporación y un concesionario automotriz”.
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Estupiñán Bravo también participó en las gestiones para que se desembolsaran COP 24.406 millones para amarrar el negocio, a pesar de que los carrotanques no estaban disponibles, estaban apenas en proceso de ensamblaje, comprometiendo recursos públicos. El sobrecosto total de ese negocio, dijo la Fiscalía, fue de COP 11.114 millones.
El ente investigador determinó que, de este contrato de carrotanques, Estupiñán Bravo y el representante legal de la Corporación Yupurutú se apropiaron de COP 4.330 millones. Además, permitió que terceros se apropiaran de COP 6.784 correspondientes a los sobrecostos de ese negocio celebrado de forma irregular.
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El proceso contra Estupiñán Bravo ha avanzado de forma simultánea con la investigación de la Fiscalía a César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo para la Función Pública y hoy prófugo de la justicia. El ente investigador anunció en mayo de 2025 la imputación en contra de estas dos personas y de otras seis salpicadas por el caso.
El principal sustento de la investigación por la que Manrique Soacha está siendo procesado y por la cual Estupiñán Bravo acaba de ser condenado son las declaraciones que Olmedo López y Sneyder Pinilla, en gran parte cerebros del entramado de corrupción, le han entregado a la justicia sobre este caso que también ha salpicado a congresistas y altos funcionarios del Gobierno.
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