Tras la reanudación de la audiencia de imputación y medida de aseguramiento en contra de César Manrique Soacha, exdirector del Departamento de la Función Pública, esta tuvo que ser suspendida debido a un conflicto de competencias que quedó sin resolver.
El exfuncionario, señalado por el ente investigador de haber sido uno de los líderes que desfalcó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos, pero ni los aceptó ni los negó debido a un pedido de sus abogados.
En síntesis, los defensores de Manrique Soacha alegan que, al momento de los hechos, él contaba con fuero constitucional debido a su cargo como director del Departamento de Función Pública, por lo que el proceso debía ser llevado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y no ante un juez de control de garantías.
Ante ese pedido, la jueza que lleva el expediente suspendió la diligencia para analizar el requerimiento. Tras la reanudación de la audiencia, este jueves 5 de junio, la togada rechazó los argumentos de la defensa y aseguró que su despacho tiene toda la competencia para llevar el proceso contra el exfuncionario. No obstante, la jueza traslado el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que sea el alto tribunal el que resuelva ese conflicto, con miras a evitar “nulidades futuras”.
“Dado que el ciudadano investigado ya no ostenta la condición de director del Departamento de la Función Pública por haber renunciado como quedó advertido, dada la pérdida del estatus foral del investigado y no tener la conducta relacionada con las funciones desempeñadas, (...) el señor Manrique Soacha no tiene relación con el cargo como director de la Función Pública para el momento en que estos hechos ocurrieron”, precisó la jueza.
¿De qué se le acusa a Manrique Soacha?
Según las investigaciones de la Fiscalía, Manrique habría sido, junto a Olmedo López, uno de los líderes de la organización criminal conformada para gestionar la apropiación de recursos públicos a través de negocios del Estado y con pagos de millonarios sobornos, utilizando como puente la Ungrd.
En ese sentido, el ente investigador recordó cómo Manrique, López y Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Ungrd, —quien se encuentra en prisión por estos hechos— movieron sus fichas para obtener $100.000 millones producto de un convenio entre la Unidad encargada de atender desastres y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con el fin de pactar contratos a cambio de coimas de hasta el 7% por cada convenio entregado.
“Usted, César Manrique Soacha, planeó con Olmedo López y Luis Carlos Barreto, aludiendo a su pasado político cercano al entonces director de la ANT y su condición de alto cargo del Ejecutivo, que apoyaría la celeridad del trámite de reducción del convenio, a cambio de direccionar con Barreto Gantiva los contratos que la Ungrd financiaría con los recursos reducidos y trasladados a favor del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que finalmente ascendieron a $100.000 millones, a cambio de lo cual cobraría coima a las empresas a las que se les adjudicara la contratación”, explicó la fiscal del caso.
El ente investigador también puso de presente otro hecho que tiene contra las cuerdas al exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro: la apropiación de $3.000 millones en efectivo por cuenta de coimas solicitadas y en razón de un contrato firmado entre la Ungrd y la Corporación Yapurutú para la adquisición de 40 carrotanques pequeños.
De acuerdo con la lectura de la fiscal María Cristina Patiño, quien lleva el expediente, ese dinero fue entregado por Ana María Riveros Barbosa, contratista de la Ungrd, a Luis Carlos Barreto Gantiva en un baño de un centro comercial en Bogotá. Barreto, por su parte, tenía la misión de entregárselos a Manrique.
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