La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que adelanta averiguaciones sobre el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), llamó a declarar al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y a tres ministros activos. Con el llamado, la Corte busca ampliar la información sobre los “cónclaves” en los que los altos funcionarios, supuestamente, daban las órdenes de dirigir los millonarios contratos de la entidad, según Olmedo López.
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El llamado se hizo desde el despacho del actual presidente de la Sala de Instrucción, por el magistrado Misael Rodríguez, quien lleva la investigación en contra de Wadith Manzur, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Karen Manrique, Liliana Bitar y el exrepresentante Juan Diego Muñoz Cabrera. Los demás llamados a declarar son la ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez, el ministro de Salud Guillermo Jaramillo y el actual ministro de Hacienda Diego Guevara.
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A pesar de que todas estas personas fueron llamadas, el único que fue citado presencialmente fue el exministro Ricardo Bonilla. En el caso de los funcionarios activos, el despacho del magistrado Misael Rodríguez espera sus respuestas a los interrogantes de la Corte a través de una certificación jurada.
El despacho del magistrado Misael Rodríguez es el mismo que en diciembre del año pasado ordenó la declaración jurada del presidente de la República Gustavo Petro sobre el entramado de corrupción. Asimismo, han ido a declarar la exasesora de Ricardo Bonilla, Andrea Ramírez, y quien la reemplazó, María Alejandra Benavides. Ambas han hablado en contra del exministro de Hacineda, asegurando que él tenía conocimiento de las irregularidades que estaban ocurriendo en la Ungrd.
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Según lo que investiga la Corte, los congresistas habrían emitido conceptos favorables sobre operaciones de crédito público del Ministerio de Hacienda a cambio de beneficios que se materializarían en contratos adjudicados por la Ungrd. La decisión de la alta corte se fundamenta en más de 50 pruebas documentales y diez testimoniales recabados por la policía judicial.
Estas evidencias permitieron construir la hipótesis de que los congresistas, miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, acordaron recibir dádivas en forma de contratos en las regiones mencionadas.
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