Una decisión de la jueza 10 Penal Especializada de Bogotá convirtió a Sneyder Pinilla, exdirectivo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el primer condenado por su responsabilidad en ese entramado de corrupción. Esto, tras avalar el acuerdo al que llegó Pinilla con la Fiscalía General de la Nación y por el cual tendrá que pagar una condena de cinco años y ocho meses de prisión, por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.
El exfuncionario había sido imputado el pasado 18 de abril por nuevos cargos, pues la Fiscalía determinó que existen pruebas suficientes para vincularlo a él y a Olmedo López, exdirector de la Ungrd, con el direccionamiento irregular de contratos de obras y horas de maquinaria amarilla entre septiembre de 2023 y marzo de 2024 en al menos cinco departamentos.
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Días antes, el 13 de marzo, se conoció que la Fiscalía sustento ante la jueza que Pinilla devolvió un total de $618 millones, que corresponden a los recursos de los que se apropió en la Ungrd. La entrega del dinero y la colaboración del exfuncionario con la justicia, le mereció una rebaja del 45% de su pena, como explicó la fiscal del caso, María Cristina Patiño.
Desde que fue recluido en una guarnición militar, Pinilla empezó a negociar con el ente investigador. En el preacuerdo al que llegó se comprometió a devolver el dinero robado y a seguir colaborando con la justicia para desmantelar en entramado de corrupción.
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Durante la negociación, la Fiscalía ha destacado que Pinilla fue el primero de todos los vinculados a la investigación en tener intención de revelar los hechos que llevaron a que se destapara la red de corrupción al interior de la entidad encargada de atender desastres, y entregar otros nombres de quienes habrían participado en el desfalco.
Para la fiscal Patiño, la información entregada por Pinilla fue clave para ampliar el caso y llegar a otros nombres de altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y congresistas. Dentro del paquete de nombres figuran Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones y la ficha más importante del Ejecutivo en ir a prisión por el escándalo; Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y de Inteligencia; Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior y legisladores como Iván Name, Andrés Calle, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz.
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El testimonio de Pinilla fue uno de los elementos que utilizó la Fiscalía para imputar a Sandra Ortiz por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Según el exfuncionario de la Ungrd, ella habría sido la conexión entre el entonces presidente del Senado, Iván Name, para entregarle a él un soborno de $3.000 millones. El congresista ya ha comparecido ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sobre esos señalamientos, los cuales dice que son falsos.
“La Fiscalía otorga el descuento del 45% de la pena, en consideración a la calidad de la información y su eficacia brindada por el imputado, a efectos de continuar con el esclarecimiento de los hechos y lograr declaraciones de responsabilidad penal de otros actores en la investigación”, señaló la Fiscalía en su momento, al presentar el trato al que la jueza le acaba de dar luz verde.
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La jefe del despacho advirtió a Pinilla durante la diligencia que ya no hay vuelta atrás, por lo que no será suficiente con haber devuelto el dinero público que desvió a sus bolsillos y deberá seguir contando toda la verdad que conoce sobre el caso. “A partir de este momento resulta totalmente improcedente una retractación de parte suya”, concluyó la jueza al aceptar el acuerdo que, automáticamente, se convierte en una sentencia condenatoria.
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