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La Fiscalía General de la Nación inició una diligencia de arraigo contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) debido a sus menciones en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Este procedimiento consiste en ubicar a los exfuncionarios y aclarar detalles como su domicilio y ciudad de residencia, por ejemplo. Por lo general, este proceso se realiza antes de un llamado a imputación de cargos.
Al respecto solo se ha referido el exjefe de la cartera económica, quien a través de su cuenta de X señaló: “Como lo expresé públicamente, reitero mi disposición para atender los llamados de la justicia. La Fiscalía lo sabe y lo refrendé el 13 de marzo, cuando aporté toda la información sobre mi arraigo y domicilio. Mi compromiso: esclarecer los hechos y la prevalencia de la verdad”.
Este mismo procedimiento también está siendo adelantando en el caso de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y quien también estuvo a la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El exfuncionario del círculo cercano del presidente Gustavo Petro, mencionado también en el entramado, habría salido del país en las últimas semanas con destino a España, según conoció este diario.
Los nombres de los tres exfuncionarios fueron puestos en conocimiento de las autoridades judiciales por parte de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la misma entidad. Sin embargo, el papel de cada uno en el entramado, según las pesquisas, habría sido diferente, aunque todos en algún punto habrían sostenido encuentros donde se habló, supuestamente, de entregar sobornos a congresistas para aprobar proyectos y créditos.
El exministro Bonilla terminó envuelto en el escándalo por, al parecer, gestionar contratos por más de $92.000 millones en favor de seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para que aprobaran créditos para la Nación. Su exasesora en la cartera, María Alejandra Benavides, le dijo a la Fiscalía que el entonces ministro de Hacienda tenía pleno conocimiento de la entrega de convenios y que estos estuvieron a punto de salir.
Luis Fernando Velasco, quien fuera el titular de la cartera política, fue mencionado por Olmedo López como uno de los determinadores del ilícito negocio. Según el exdirector de la Ungrd, el 27 de noviembre de 2024, en una reunión en la Casa de Nariño, el propio exministro habría dado las órdenes para lograr que las iniciativas y proyectos del Gobierno, como la reforma a la salud, pudieran ser aprobadas “bajo la figura de entrega de dádivas”.
Además, según las investigaciones, Velasco habría cuadrado “la gobernabilidad” de la Comisión Primera del Congreso pactando una serie de contratos. Por estos hechos también está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia el senador del Partido de la U, Julio Elías Chagüi, quien se vio beneficiado con un convenio de más de $28.000 millones en Sahagún (Córdoba).
En lo que tiene que ver con Carlos Ramón González, los exdirectivos de la Ungrd lo señalan de haber gestionado con su copartidaria de la Alianza Verde y exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz (actualmente en prisión por estos hechos), la entrega de un soborno de $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, también miembro del mismo partido político. Otra coima por $1.000 millones se habría pactado por parte de González para Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, pero ese dinero habría sido entregado por Sneyder Pinilla en la casa del congresista en Montería.
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