En la mañana de este jueves 17 de abril se reportó un nuevo ataque con explosivos en el departamento del Cauca. Un carro bomba fue detonado cerca a la estación de Policía del corregimiento de Mondomo, en el municipio de Santander de Quilichao. El hecho dejó una persona muerta y al menos tres heridas de gravedad. Este es el tercer ataque con explosivos que ocurre esta semana en el mismo municipio.
Según se sabe hasta el momento, la onda explosiva causó también el aturdimiento de varios civiles y uniformados que estaban cerca al sitio de los hechos. Además de daños graves en algunas viviendas aledañas y en la estación de Policía, objeto del ataque. Versiones iniciales indican que las disidencias de las Farc serían las responsables del hecho y las autoridades locales pidieron atención del Gobierno Nacional.
El alcalde de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalba, informó a medios de comunicación que los heridos ya están siendo atendidos en centros asistenciales. Además, rechazó la escalada de violencia que en menos de 24 horas ha dejado a dos civiles muertos, un militar y cinco civiles heridos. Anunció que se adelantará un Puesto de Mando Unificado (PMU) para analizar las medidas que se tomarán en el municipio.
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“Ayer, 16 de abril, un muerto humilde que no tiene nada que ver con el conflicto deja dos niños huérfanos y una esposa viuda. Esto es lamentable. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, al departamental y a la Fuerza Pública para que implementen medidas efectivas que garanticen la paz y la protección de la comunidad indefensa”, dijo el alcalde Grijalba.
Ayer en la mañana se registraron también dos explosiones con artefactos en el casco urbano de Santander de Quilichao, que dejaron como resultado una persona muerta, varios heridos y daños estructurales. El primer ataque se registró sobre las 7:30 dela mañana, en el sector de San José, sobre la vía que conecta al municipio con Timba.
La detonación a las afueras de las oficinas de la Compañía Energética de Occidente (CEO), donde también opera la Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional y de Servicios Públicos Domiciliarios (UTEN), causó la muerte de Miller Balanta Molina, quien se desempeñaba como conductor de una grúa. Otro trabajador, que también iba en el vehículo, resultó herido y fue trasladado de urgencia a un hospital en Cali.
A menos de 100 metros del sitio en el que ocurrió la primera explosión, se registró un segundo ataque a control remoto, según reportaron las autoridades. La detonación causó heridas leves a un civil y un suboficial del Ejército. También un perro fue herido en el ataque.
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Al tiempo, las autoridades del vecino departamento del Valle del Cauca reportaban un atentado con explosivos en el corregimiento de Robles (Jamundí). Sobre la 1:30 de la madrugada, la comunidad alertó sobre una fuerte detonación allí y la presencia de un vehículo posiblemente cargado con explosivos. También en el municipio de Dagua hay alerta por ataques con ráfagas de fusil contra la estación de Policía.
Rechazo a los ataques
Esta serie de ataques en el suroccidente del país estuvo seguida de reacciones por parte de autoridades del orden regional y nacional. Uno de los primeros en pronunciarse fue el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez Suárez. El funcionario atribuyó el hecho a las disidencias de las Farc y anunció una recompensa de hasta $300 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.
“Los hechos de las disidencias de las FARC, denotan que su esencia es el narcotráfico y el terrorismo. Estas disidencias le dijeron NO a la paz en el 2016 y ratificaron su negativa en el marco de la Paz Total. Peor aún, lo siguen confirmando cuando asesinan a mujeres, reclutan a menores y aterrorizan a la población sin discriminación alguna”, señaló el ministro en una publicación de su cuenta de X.
También el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó los ataques con explosivos y aseguró que las autoridades locales ya tienen todas sus capacidades dispuestas para tender la difícil escalada violenta, pero la situación los desborda. “Una vez más, no solo se ha perpetrado un ataque contra nuestra Fuerza Pública, sino que se ha puesto en grave riesgo la vida e integridad de la población civil, que no debe verse envuelta en este conflicto infame”, dijo el mandatario.
“Hacemos un llamado urgente al señor ministro de Defensa para que actúe con toda la contundencia frente a estos actos criminales y priorice de manera decidida a nuestro departamento, como lo hemos solicitado en reiteradas ocasiones”, agregó el gobernador Guzmán.
La senadora Aida Quilcué, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), fue una de las primeras en denunciar públicamente el atentado. “Lamentablemente, en el hecho violento de la bomba lanzada este Jueves Santo contra la Estación de Policía del corregimiento de Mondomo”, dijo la congresista.
A ella se sumó el representante a la Cámara por el Cauca, Jorge Bastidas, del Pacto Histórico, quien condenó el hecho. Dijo que el ataque frontal a las economías ilegales en la región, especialmente con la Operación Perseo, que inició el 12 de octubre de 2024 en la región del cañón del Micay, fue como “haberle lanzado una piedra a un avispero”, desencadenando una larga lista de hechos contra población civil y fuerza pública.
“Rechazamos totalmente toda esta oleada de violencia indiscriminada y de hechos terroristas que en general afectan a la población civil, no solo en Mondomo y Santander, sino también en Toribío, Corinto, Suárez, Argelia, Cajibío, entre otros municipios del Cauca. Esta es una dinámica que pone en evidencia que están totalmente de espaldas a las necesidades y anhelos de una sociedad que busca no solo la convivencia, sino la unión de esfuerzos para reactivar economías que sean más incluyentes y esperanzadoras”, dijo el congresista.
También el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, oriundo del departamento del Cauca, atribuyó la escalada violenta a la reacción de los grupos ilegales por el intento del Estado de retomar el control de una zona, dominada durante décadas por organizaciones al margen de la ley que controlan el negocio de la coca.
“La guerra declarada en el Cañón del Micay en donde no debe desconocerse los avances de las Fuerzas Militares la pagamos los caucanos en el resto del territorio. Los ataques de esta semana contra Cajibío, Morales, Piendamó y Mondomo (Santander de Quilichao) es un desafío que el gobierno debe responder con contundencia”, concluyó el exfuncionario.
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