Uspec pagó $2.100 millones en brazaletes que no habían sido instalados: Contraloría  

Otro de los problemas que el informe de la Contraloría es que se presentaron cambios a las especificaciones del negocio e incrementos en el valor de la tarifa, pues se pasó de un valor de $17.556 a $20.093. / Archivo El Espectador.

Entre junio y septiembre de 2017, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) pagó $2.152 millones por brazaletes electrónicos que no habían sido instalados en personas privadas de la libertad. Esa es una de las irregularidades la Contraloría General encontró y que podría, según un informa de auditoria, configurarse en un daño al patrimonio público.

Esta situación, al parecer, se dio luego de la selección del prestador del servicio de vigilancia electrónica escogido en una subasta en la Bolsa Mercantil de Colombia. “En este proceso se modificaron las condiciones de prestación de servicio y la forma de pago, estableciéndose una nueva que (…) atenta contra los intereses patrimoniales del Estado”, explica el organismo de control.

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La Contraloría criticó que antes la Uspec solo pagaba una vez el dispositivo de vigilancia se encontrará instalado en la persona, mientras que ahora el pago se genera a partir del sexto día de que el dispositivo de seguridad sea entregado. Al parecer, tampoco se tiene en cuenta si dichos quipos se encuentran o no instalados en los beneficiarios.

Aunque la Uspec argumentó que era necesario un periodo de transición de cuatro a seis meses para el cambio de proveedor, la Contraloría constató que en la última selección de contratista, cuya operación se adelantó por mercado abierto, la Uspec no programó recursos para garantizar continuidad en la prestación del servicio durante el cambio de operador.

“La Uspec autorizó la adición de $3.349 millones a la operación ya adjudicada, cuyo destino final fue el pago de monitoreo al anterior operador. Esto, a pesar de estar vigente un nuevo contrato de operación del servicio, que solo entró a operar en junio de 2017, habiendo sido adjudicado desde febrero del mismo año”, precisó el organismo de control.

Otro de los problemas que el informe evidencia es que se presentaron cambios a las especificaciones del negocio e incrementos en el valor de la tarifa, pues se pasó de un valor de $17.556 a $20.093. Cambios que se hicieron, según la Contraloría, una vez adjudicada la nueva negociación y a pesar de las reuniones entre la Uspec y el Inpec para precisamente establecer los requerimientos de este servicio de vigilancia.

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Por otro lado, debido a que los pagos al anterior operador fueron hechos por el actual contratista, la Contraloría encontró un doble pago del servicio de monitoreo sobre los beneficiarios a los que se les retiró el anterior dispositivo y se les instaló el nuevo. Igualmente, el informe dice que el Gobierno Nacional no ha establecido, vía reglamento, el valor de la tarifa diaria de monitoreo. “Tal reglamentación permitiría al Estado reorientar el destino de los recursos que se vienen gastando en favor de una minoría de la población sometida a medidas extramurales”, explicó la Contraloría.

Líos con la prisión domiciliaría

Los ejercicios de control fiscal adelantado por la Contraloría también evidencian que la prisión domiciliaria presenta dificultades en relación con el insuficiente personal de custodia y vigilancia de quieres de dedican a hacerle seguimiento. Para le organismo de control fiscal, esto se refleja en la “imposibilidad material de hacer seguimiento oportuno a las alarmas que genera la vigilancia electrónica, frente a la violación de las restricciones por parte de sus beneficiarios”.

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Esos sistemas de vigilancia electrónica fueron regulados como una medida alterna a la pena de prisión. Para ello le corresponde, según la Contraloría, al Ministerio del Interior y de Justicia la implementación gradual del sistema y asegurar su financiamiento. Así, se suscribió el Contrato 337 de 2008 con el cual se pactó la prestación del servicio con Gensa S.A y, después de 2011, con la empresa Energía Integral Andina S.A. Hasta la fecha, el servicio ha implicado la destinación de recursos durante los 9 años de $209.061 millones.

Sin embargo, dichas entidades, al parecer, no implementaron ningún sistema de costeo que permitiera establecer la tarifa del servicio, la cual fue fijada en todo tiempo por el proveedor del mismo.