Un principio de oportunidad al que llegó la Fiscalía General de la Nación con la abogada Kelly Andrea Esalva podría ser al vía para avanzar en ocho investigaciones relacionadas con una presunta venta de fallos al interior del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Se trata de un caso de corrupción judicial que estalló a finales de 2019 con la captura de la jurista, junto con el magistrado de ese organismo judicial Carlos Alberto Vargas Bautista y Aldemar Vargas González porque, supuestamente entre junio de 2012 y 2017 habrían direccionado procesos judiciales al interior del tribunal a cambio de dádivas.
El Espectador tiene en su poder el principio de oportunidad firmado con la Fiscalía el pasado 4 de noviembre con al abogada Eslava que, de ser aprobado por un juez de la República, implicaría que ya no sería procesada por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento privado, acceso abusivo a un sistema informático agravado, fraude procesal y uso de documento falso. Esto, claro, a cambio de que comparezca como testigo en contra del magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista, del exmagistrado de la Sala Disciplinaria de la Judicatura Angelino Lizcano, así como de los particulares Alonso Ospina, Jorge Cortés, Lautaro Alberto López, William Rojas Mazo, Mario Huertas Cotes y Fernando Góngora.
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¿De qué se trata? La Fiscalía viene adelantando varias indagaciones que, hasta el momento, no eran conocidas por el público en general. Una de ellas contra el exmagistrado Lizcano por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias de servidor público que está en fase de indagación, junto a Alonso Ospina, integrante del Consejo de Administración de Comfacundi. Supuestamente, la unión temporal Medisan (compuesta por Macromed, Comfacundi y Comfamiliar) entregaría el 25 % de los eventuales perjuicios que se reconocieran por el tribunal en un proceso que allí marchaba, tanto al magistrado Vargas Bautista, la propia Eslava y el magistrado Lizcano. Según el expediente, Lizcano sería muy cercano a Ospina y este último sería el enlace entre los involucrados.
Además, Eslava sería testigo en un proceso que se adelanta contra Jorge Enrique Cortés Rojas, quien aparece reseñado como falso dueño del previo “La Providencia” del Humedal Jaboque, y al mayor retirado del Ejército Lautaro Alberto López. Esto porque el uniformado habría hecho una promesa de pago al magistrado Vargas Bautista en un proceso que llevaba en el Tribunal relacionado como ese humedal, mediante la cesión de derechos litigiosos en favor de la abogada Eslava.
El principio de oportunidad también reseña una investigación contra William Rojas Mazo, representante legal de Soporte Vital, porque supuestamente habría acordado darle al magistrado Vargas Bautista un porcentaje de la eventual condena que este dictara. Y un caso más envuelve a Mario Huertas Cotes y Fernando Góngora, quienes habrían participado en una reunión con el magistrado en la que se habló el valor de una indemnización que se le concedería al consorcio ICEIN.
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Según el expediente, una vez salió el fallo, Vargas Bautista se quedó con una camioneta de uno de los participantes de la reunión. Eslava, también tendría que declarar contra el magistrado Varvas en cinco procesos diferentes. El primero, por dirigir una organización criminal dedicada a la venta de fallos al interior del Tribunal en donde tenía como tareas buscar a los clientes y manejar el reparto de los casos para que los procesos le tocarán a él.
Según la Fiscalía, para el caso del Humedal Jaboque por ejemplo, antes de que se radicara la demanda incluso, ya se había acordado una suma equivalente al 20 % de la eventual condena que dictara dándole los derechos litigiosos. Pero, aunque Vargas Bautista y Kelly Eslava sostuvieron un relación sentimental entre 2008 y 2019, este no se declaró impedido para conocer dicho caso. Un proceso adicional que está en indagación contra Vargas Bautista y está en etapa de indagación apunta a que este puso a Eslava en contracto con Alejandro Prieto, exsecretario de Gobierno de Chía, para que conversaran sobre un eventual proceso relacionado con la PTAR, en el que finalmente no hubo un acuerdo de honorarios.
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“Las personas enunciadas, como la aspirante, están involucradas en la comisión de hechos materia de investigación. Por ello, la colaboración ofrecida por Kelly Andrea Eslava Montes es pertinente en la medida en que se trata de un testigo directo de lo ocurrido, motivo por el que tiene conocimiento de las circunstancias en las que se realizaron las conductas delictivas y está en capacidad de servir como testigo de cargo contra ocho personas que participaron en graves actos de corrupción. Igualmente, los interrogatorios de la postulada ofrecen información importante e incriminatoria contra Leonardo Rico Rico, Gerardo Gastón, Femando Trebilcock, Jorge Cortés y Ricardo Cifuentes, por manera que si a partir de la misma la fiscalía del caso logra consolidar una investigación contra estas personas, habrá posibilidad de ampliar la colaboración”, dice el documento.
En el principio, además, se señala que Eslava entregaría a la Fiscalía un Mercedes Benz y un apartamento en Mosquera que tiene a su nombre, así como ofrecer excusas públicas y asistir y participar en encuentros con funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, universidades y organizaciones sin ánimo de lucro que luchan contra la corrupción. Este principio de oportunidad debe ser avalado por un juez antes que la colaboración se ponga en marcha. Esto se realizaría en una audiencia la próxima semana.
