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Desde hace varios meses, las Fuerza Pública viene adelantando la Operación Artemisa en los parques nacionales naturales (PNN) La Tinigua, Serranía de La Macarena y Cordillera de Los Picachos —ubicados en límites entre Meta y Caquetá— gracias a la cual, según el ministerio de Defensa, se han recuperado 1.900 hectáreas. Luego de que el ministro Carlos Holmes Trujillo presentara el balance del operativo, en la noche del pasado sábado un grave incendio consumió un área todavía por determinar de La Macarena y amenazaba con llegar a Caño Cristales. Aunque la Fuerza Pública apunta el dedo hacia las disidencias de las Farc, otras voces aseguran que el problema es más complejo.
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Según explicó Trujillo en su intervención el pasado sábado, los Grupos Armados Organizados Residuales utilizan áreas del parque “como bases áreas y corredores de movilidad para actividades criminales, que comprometen no solo recursos estratégicos de la Nación, sino la vida, la integridad y los derechos de las comunidades”. Y agregó que “están deforestando para sembrar coca, para seguir matando y acabando con el medio ambiente, seguir destruyendo y contaminando las fuentes de agua. Eso es lo que hace el narcotráfico”. A través de su cuenta de Twitter, el ministro insistió este domingo en que los responsables son las didisencias de las Farc:
La Defensoría del Pueblo, que alertó sobre el incendio de la noche del sábado, lo hizo con un mensaje contundente: “El incendio provocado contra la Serranía de la Macarena a la altura de Caño Cristales es un atentado contra la humanidad”. Aunque la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo ya informó que la conflagración fue controlada en su totalidad, no es muy claro quiénes podrían estar detrás y voces del gobierno apuntan hacia el frente 40 de las disidencias de las Farc, que ejercen control territorial en la zona.
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Por hechos relacionados con la deforestación, el sábado pasado fueron capturados 12 hombres y 8 mujeres quienes serán procesados por delitos ambientales, y a quienes, según un comunicado firmado por la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Álvear Restrepo y otras organizaciones, “se les leyó un documento en el que se les atribuye su presunta responsabilidad en el delito de invasión a Parques Nacionales Naturales”. Algunos, dijo Trujillo, tenían órdenes de captura previas y otros fueron capturados en flagrancia.
Las 20 personas aprehendidas fueron puestas a disposición de un juez de control de garantías que ya legalizó sus capturas, pero aún no se conoce por qué delitos serán investigados. Lo que denuncian las organizaciones que acompañan el caso es que se “han capturado y judicializado sistemáticamente a campesinos por el solo hecho de habitar dentro de los PNN, sin tener en cuenta que muchos de ellos han vivido allí desde antes de que el lugar fuera declarado PNN” y que en “estos operativos se han evidenciado múltiples vulneraciones al debido proceso”.
Además, que los campesinos que habitan la zona, si bien se puede presentar que algunos estén directamente involucrados con la deforestación, terminan en tal situación por vivir en el fuego cruzado entre las disidencias de las Farc que controlan la zona y el abandono estatal. “Nosotros, los campesinos del parque La Tinigua no somos guerrilleros, no somos bandoleros, no somos mercenarios como el Estado ha pensado”, le dijo un campesino de la zona a este diario. Y, a renglón seguido explicó: “Aquí no talamos los bosques porque queramos, es porque hay una necesidad: no hay salud, no hay vivienda, no hay un desarrollo agrario”.
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Otros posibles responsables
Altos funcionarios cercanos al proceso le aseguraron a este diario que es muy poco probable que las disidencias estén detrás del incendio porque es precisamente la capa vegetal la que les ha servido de escondite en esta zona del país. En esta zona, dijo una fuente, se vive un “desgobierno total”, pues no es territorio de nadie y es muy difícil dar con los responsables de crímenes así, ya que en todo el país apenas hay 27 fiscales especializados de medioambiente. Ni siquiera uno por departamento.
Una fuente de un organismo de control le dijo a este diario “al primero que investigaría sería a los que tienen interés en explotar la zona”. En un sentido similar, la Procuraduría explicó a través de su cuenta de Twitter que “este tipo de incendios hace parte de un perverso método, que busca degradar categorías de protección ambiental en territorios estratégicos de importancia ecológica, para conseguir licencias de uso”. Es decir, se incendian reservas para conseguir que el Estado se vuelva más laxo con, por ejemplo, los permisos de explotación minera en la zona.