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En manos de la fiscal Fatou Besouda y del vicefiscal James Stewart, cabezas de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, se encuentra un documento con el cual la Federación Colombiana de Victimas de las Farc (FECVOL) pide la intervención internacional sobre las presuntas falencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De acuerdo con la agrupación, sus derechos como víctimas no se encuentran debidamente garantizados, en un escenario de impunidad para sus agresores.
“Las víctimas de las Farc no encontrarán en la JEP, la satisfacción de sus derechos a la verdad, la justicia o la reparación, estos son y serán discriminados, porque las víctimas del Estado tienen garantías legales, procesales y patrimoniales para ver sus derechos reconocidos”, asegura FECVOL en el documento conocido por El Espectador. Además, dicen que el único mecanismo de esperanza para ellos es la Corte Penal Internacional.
Para argumentar el mecanismo de ayuda solicitado, FECVOL se amparó en el articulo 68 del Estatuto de Roma, sistema jurídico internacional del cual Colombia es miembro desde 2001, que otorga competencia a La Corte Penal Internacional para adoptar las medidas adecuadas “para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos”. A partir de allí, la agrupación desplegó una serie de argumentos para validar sus acusaciones.
En principio, FECVOL enunció todas las formas de violencia que han sufrido como víctimas del conflicto armado en Colombia. “Desde el desplazamiento forzado fuera de sus hogares, hasta el asesinato de familiares, secuestros, reclutamiento de sus hijos menores de edad, violencia sexual, amenazas y conductas penales que han violado las normas de Derecho Humanitario”, puntualizaron. Actualmente, la agrupación cuenta con un total de 260 organizaciones, que agrupan aproximadamente 225.000 personas.
Para los denunciantes, el comunicado del partido FARC del pasado 14 de septiembre, en el cual reconocen su participación en delitos de secuestro, solo se trata de una declaración con fines procesales. Para FECVOL, un ofrecimiento de disculpas de tales proporciones debe contar con la versión de todos los miembros de la exguerrilla, de lo contrario, se trataría de “una nueva burla para las victimas del secuestro y otras formas criminales de privación de libertad”
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Durante las negociaciones de paz entre el expresidente Juan Manuel Santos y la cúpula directiva de la exguerrilla de las Farc, entre 2012 y 2016, la asociación FECVOL reportó una lista de 575 personas secuestradas -información que validó la Cruz Roja Internacional-, cuya liberación fue prometida por los mismos perpetradores. Sin embargo, la agrupación de víctimas denuncia ante la Corte Penal Internacional que aún no se ha cumplido con tal compromiso.
“Las incoherencias generadas entre las versiones presentadas por las exguerrillas, sus declaraciones a los medios de comunicación, e incluso la información divulgada por el JEP, suscita dudas sobre la autenticidad del procedimiento ante el JEP como mecanismo para obtener justicia para las víctimas y evitar la impunidad. La actividad del JEP no constituye un auténtico procedimiento para obtener justicia para las víctimas en proporción a la gravedad de los crímenes de guerra”, agregan en el documento conocido por este diario.
Los argumentos de las víctimas de las Farc
FECVOL asegura que sus derechos no están debidamente garantizados en la JEP, dado que la justicia transicional fue diseñada de una manera ineficaz y, además, no está pensada para proteger a quienes sufrieron la violencia por parte de las Farc. Argumentan que se basa en la falsa premisa de que el Estado violó derechos al igual que la extinta guerrilla, como si ambos fuesen igualmente responsables del conflicto armado. “La realidad histórica es que la guerrilla durante décadas ha atacado sistemáticamente (…) a la población civil y a las instituciones democráticas”, dijeron.
Agregan que la JEP fue creada desde el principio e intencionalmente para que entre en funcionamiento tarde, con una compleja estructura que es ineficiente y tardía a la hora de concluir los procesos. Para sostener este punto, la asociación de víctimas citó una entrevista reciente del expresidente Juan Manuel Santos, en la cual aceptó fallas en la implementación de la justicia transicional. “Siento, y es un error que cometimos, que los procedimientos quedaron muy engorrosos, somos un país muy santanderista, y se lo aplicamos a una justicia que es especial, le aplicamos leguleyadas al proceso y eso ha demorado muchísimo”, explicó a El Tiempo.
Por otro lado, dicen que la JEP no garantiza el principio de imparcialidad y también los han discriminado como victimas del conflicto armado. Comparan su situación con las víctimas del Estado: “(En la JEP) han tenido menos tiempo para revisar el material probatorio y han tenido grandes limitaciones para intervenir en las audiencias celebradas en contra de las FARC, pero la JEP permitió a las víctimas de actos del Estado intervenir”, expresó FECVOL en el documento.
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Pusieron en conocimiento el caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich, quien “no fue extraditado, favoreciendo así su liberación para más tarde volver a las armas”. El exrepresentante a la Cámara por el partido FARC ahora es comandante de la Segunda Marquetalia, un movimiento armado disidente del Acuerdo Final de Paz. Según Iván Simonovis, asesor del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, Santrich se encuentra en Caracas protegido por el mandatario Nicolás Maduro.
Así mismo, FECVOL denuncia que los abogados de las FARC son financiados por la JEP, a través del Sistema Autónomo de Asesoramiento y Defensa -SAAD-, la cual les ha entregado un total de $4.930 millones en presupuesto para contratar 93 abogados. Sin embargo, los defensores legales de las víctimas de la extinta guerrilla no recibirían tal cantidad de dinero. Además, citaron las palabras del disidente alias Romaña, quien en 2016 se refirió así sobre los cuestionamientos sobre la ausencia de perdón: “Reconocer o pedir perdón es algo que es como renunciar a lo que nosotros fuimos”, le dijo a La Silla Vacía.
Por último, la asociación de víctimas de las Farc advirtió un futuro gris para ella, si la Corte Penal Internacional no interviene en Colombia. “A medida que pasen los años, este déficit de protección empeorará. Y al final, estas víctimas se quedarán en la peor situación: se crearán derechos para ellas, cuya eficacia es sólo simbólica, un dispositivo para dar la sensación de que serán protegidas”.