Violación al Acuerdo de Paz y otros estados inconstitucionales en Colombia

Homicidios contra excombatientes Farc, crisis alimentaria en La Guajira y hacinamiento carcelario, son fenómenos que la Corte Constitucional situó en estado de emergencia.

Foto: Archivo El Espectador

Existe una grave y profunda violación de derechos humanos contra los desmovilizados de las Farc y firmantes del Acuerdo de Paz. Así lo estableció, en una reñida votación, la Corte Constitucional tras declarar un estado de cosas inconstitucional, una figura jurídica que convoca una alerta máxima sobre un escenario en el cual plenamente se vulneran los derechos amparados en la Carta Magna. A la fecha, han sido asesinados casi 300 excombatientes de las Farc, a quienes se les prometió garantías de seguridad con la firma de La Habana, en 2016.

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El alto tribunal ordenó a la Unidad Nacional de Protección hacer dentro de los próximos cuatro meses una reevaluación del riesgo que enfrentan los firmantes en proceso de reincorporación. De acuerdo el Gobierno, son más de 3.000 exguerrilleros distribuidos en espacios territoriales espaciales y los demás, 10.000, permanecen casi 500 municipios. Igualmente, la Corte ordenó a la Procuraduría que adopte un mecanismo especial de vigilancia del cumplimiento de la reciente sentencia, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Esta declaratoria, sin embargo, no es la única en Colombia.

Cárceles, en emergencia desde 1998

La primera vez que se habló de una violación masiva de derechos en las cárceles fue en 1998, cuando la Corte Constitucional evidenció una falla estructural en el sistema penitenciario. La conclusión a la cual llegaron los magistrados es que los establecimientos estaban en abandono por el Estado, existía violencia desmedida y la prestación de servicios de salud era ineficiente. El Estado respondió construyendo más cárceles, pero también la población privada de la libertad se multiplicó. Según estadísticas del Inpec, en 1998 los internos eran 44.000 y para 2013 llegaron a ser 120.000.

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El hacinamiento se apoderó de los centros de reclusión, tanto que en 2013 la Corte Constitucional declaró un nuevo estado de cosas inconstitucional, el cual reiteró en 2015. Se estableció que la política de trato criminal del Estado fue punitiva en exceso y permitió casos como el de la cárcel Cunduy, en Caquetá, cuando en 2012 y 2013 el hacinamiento llegó al 400%. Recientemente, el Ministerio de Justicia celebró una cifra histórica de hacinamiento, pues en las 132 cárceles del Inpec permanecen cerca de 96.000 internos. La sobrepoblación, dice, rondaría las 13.000 personas.

El hambre de los niños Wayúu

En junio de 2018, la Corte Constitucional determinó que existe un grave incumplimiento por parte del Gobierno y de diferentes autoridades para atender la vulneración de los derechos fundamentales a la salud, alimentación y agua potable de la niñez Wayúu, en La Guajira. En la sentencia quedó registrado un estudio del Ministerio de Salud, en el cual se señala que para 2013 la tasa de mortalidad por causas asociadas a desnutrición en menores de cinco años fue del 32, 5% por cada 1.000 niños en el departamento. El promedio nacional, ese año, fue del 6,7%.

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Asimismo, la Corte Constitucional citó estudios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que evidencian que en 2010 la desnutrición crónica en ese departamento fue de 13.2% y en La Guajira el registro llegó a 27.98%. Tal ha sido la preocupación de la alta corte que en diciembre pasado envío cuestionarios a autoridades para que informen sobre la corrupción en La Guajira. Citó un informe de la Procuraduría, el cual hablaba de que existen investigaciones por malos manejos de recursos públicos por $85.000 millones. A pesar de ello, hay expedientes por corrupción archivados hace más de 20 años.

Desplazados, problema endémico nacional

En 2004, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional, también, por la vulneración a los derechos de la población desplazada en Colombia. Para entender la gravedad de las denuncias allegadas a la alta corte, cabe repasar la sentencia de tutela, que reunió decenas de expedientes con cientos de demandantes que pedían al Estado garantías tras abandonar o ser despojados de sus tierras. Colombia, para la ONU, es el país con mayor número de desplazados internos en el mundo. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reportó 8,3 millones el año pasado.

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Los desplazados explicaron a la Corte que los trámites para acceder a reparación resultan embolatados, no hay dinero para reparar a tantas personas, que las ayudas humanitarias eran escasas, que para 2004 el programa de auxilios para vivienda estaba suspendido y que las exigencias del Estado, para indemnizarlos, eran abusivas. Exigieron seguridad alimentaria, medicamentos recentados, vivienda propia y ayuda con proyectos productivos. En 2011 se expidió la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, la cual dio paso a una unidad que en el actual gobierno ha restituido a 26.000 personas.

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