La fiscal Mónica Valencia ha estado en cientos de audiencias de imputación. Sin embargo, este fin de semana sucedió algo inusual para ella: en lugar de sentarse en el banquillo de la Fiscalía, estuvo en el de los imputados. La Fiscalía inició un proceso penal en su contra por violación de datos personales y prevaricato (hacer lo contrario a lo que se espera para su cargo público). Tras lograr su captura, el pasado 1.° de marzo, el ente investigador la llevó ante un juez y la señaló por obtener información confidencial, extralimitándose en sus funciones como fiscal especializada. Un golpe a la hoja de vida de quien llegó a ser tan poderosa en la Dirección de Extinción de Dominio, que le incautó bienes a la Oficina de Envigado.
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De acuerdo con el fiscal Mario Burgos, quien imputó a su colega, el supuesto pecado de Valencia habría ocurrido entre noviembre de 2022 y enero de este año. Presuntamente, la fiscal citó al ciudadano Carlos Andrés Zuluaga y otros “declarantes” en su despacho en la Fiscalía 32 Especializada de Medellín. Todo para “obtener bajo constreñimiento información confidencial relativa al patrimonio económico y situación tributaria y fiscal de los declarantes, dentro de una investigación penal inactiva”. Es decir, que habría querido sacarle datos a Zuluaga, en el marco de una investigación que estaba quieta.
La defensa de Valencia no entiende por qué se reprocha la supuesta conducta de la fiscal especializada, cuando, en lugar de omitir sus funciones, estaría trabajando. Y cuestionó a la Fiscalía por insinuar que dinero encontrado en el despacho de Valencia estaría relacionado con el caso. Este lunes 6 de marzo, además, bajo el mismo expediente, la Fiscalía imputará tres delitos a los agentes del CTI Luis Patiño y Alexánder Martínez. Al parecer, en octubre de 2020, habrían sustraído información ilegalmente de tres celulares y un computador de Ramón Peña, conocido exnarcotraficante investigado por, al parecer, ser parte de una red que extorsionó a narcos para borrarles sus anotaciones judiciales.
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Agentes de Estados Unidos y colegas de Mónica Valencia en Medellín han insistido en que la fiscal es una funcionaria intachable que logró atravesarse en los planes criminales de las mafias más temidas de la zona. No solo metió a procesos de extinción de dominio cientos de bienes conseguidos con plata de narcotráfico, sino que logró afianzar una relación de confianza con las autoridades estadounidenses que siguen, desde hace años, los procesos de la justicia colombiana para quitarles las fortunas a narcotraficantes. En una investigación que iniciaron al menos tres fiscales en 2020, el nombre de Valencia saltó entre sus pesquisas por ser la “protegida” de los norteamericanos.
Quien se dio cuenta del poder que había consolidado Valencia en el búnker de Medellín fue la exfiscal Ana Catalina Noguera, hoy presa por delitos de interceptación ilegal de información. Cuando Noguera llegó a la dirección de extinción de dominio, en 2018, tuvo como prioridad consolidar un equipo de funcionarios de su entera confianza, pues ya eran de conocimiento público varios episodios de presunta corrupción en procesos que llevaban los fiscales bajo su cargo. Cuando le puso la lupa a las oficinas en Antioquia, supo que Valencia era una de las de más alto perfil y fiscal de confianza de Andrea Malagón, exfiscal que salió de la entidad con cuestionamientos encima.
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Como Noguera quería consolidar su equipo, y ante la insistencia de los agentes gringos de que nadie podía tocar a Valencia, la directora de extinción de dominio decidió sacarla y terminó trasladándola a una unidad con otros asuntos. “Quedó totalmente relegada”, dijeron fuentes de la Fiscalía en su momento. Aunque sus colegas aseguraron Valencia era una fiscal sin cuestionamientos, lo cierto es que otros fiscales sí le siguieron la pista de cerca a sus actuaciones, especialmente en casos relacionados con procesos contra la Oficina de Envigado. Por esa razón, y por los indicios de que había presuntas irregularidades en su trabajo, los investigadores le pusieron la lupa.
Las sospechas las prendió José Bayron Piedrahíta, reconocido narco lavador de dinero de al menos cuatro carteles de la droga. Tras su captura, en septiembre de 2017, en Estados Unidos, envuelto en un escándalo por narcotráfico en Argentina y cuentas pendientes con las autoridades colombianas, alias el Árabe contó lo que había escuchado: que desde la Dirección de Extinción de Dominio, bajo la dirección de Malagón y el trabajo de Valencia, oficiales norteamericanos y abogados ofrecían ofertas para que, a cambio de dinero, pudieran interceder en procesos no solo de extinción, sino también ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Esa tesis coincide con la investigación que ha liderado el hoy fiscal Mario Burgos, en la administración de Francisco Barbosa, que apunta a que sí existiría ese grupo de abogados y funcionarios extranjeros que habrían ofrecido beneficios judiciales a cambio de dinero. Hace dos semanas, fueron capturados dos agentes de la Policía, además de la exfiscal Noguera. En declaración jurada, uno de los uniformados confirmó que los investigadores sí recibieron dinero de narcotraficantes que habrían accedido a pagar para salir bien librados de sus expedientes judiciales. La investigación de Burgos fue bautizada “Perla Negra” y, según lo ha dejado entrever él mismo, todavía hay más fiscales involucrados en la historia.
