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La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas por el deterioro de la seguridad en Guachené (Cauca), tras una nueva cadena de hechos violentos ocurridos el pasado 5 de abril en la vereda Obando. Ese día, hombres armados asesinaron a dos personas adultas mayores y dejaron a otra gravemente herida; a este episodio se sumó un homicidio adicional en el mismo municipio. Para la entidad, estos ataques no son hechos aislados, sino que reflejan un escenario sostenido de violencia que dejó al menos 49 homicidios durante 2025.
El organismo de control advirtió que la situación en Guachené se de en una crisis más amplia que afecta a la zona plana del norte de Cauca, donde también se encuentran Villa Rica, Padilla y Puerto Tejada. En esta subregión, según la Defensoría, se han intensificado fenómenos como el desplazamiento forzado, el confinamiento y las restricciones a la movilidad, en medio de disputas territoriales.
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Estas dinámicas, denunció la entidad, golpean especialmente a comunidades étnicas, que enfrentan amenazas constantes y limitaciones para desarrollar su vida cotidiana, incluyendo la realización de prácticas culturales como los rituales funerarios.
De acuerdo con el seguimiento institucional, en el territorio hay presencia activa del Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, estructura del Estado Mayor Central (EMC) al mando de “Iván Mordisco”, además de otros grupos de delincuencia organizada. La Defensoría señaló que este entramado armado ha profundizado los riesgos para la población civil y ha generado una afectación directa a derechos fundamentales como la vida, la integridad y la libertad de movimiento.
Desde diciembre de 2025, la entidad ha desplegado misiones de verificación, espacios de coordinación interinstitucional y acompañamiento jurídico para el reconocimiento de víctimas. Sin embargo, advirtió que la continuidad de los hechos violentos evidencia fallas en la respuesta estatal, especialmente en la activación de rutas de atención, la articulación entre entidades y la implementación de medidas de protección efectivas en el territorio.
Uno de los puntos más críticos identificados por la Defensoría es el impacto en la niñez. Según sus registros, más de 80 estudiantes permanecen fuera del sistema educativo, lo que configura una vulneración estructural al derecho a la educación. Esta situación, sumada a los riesgos de reclutamiento y exposición a la violencia, agrava el panorama humanitario en el departamento.
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Ante este escenario, la Defensoría instó a las autoridades a adoptar medidas urgentes, entre ellas una intervención integral con enfoque territorial, la implementación de esquemas de protección colectiva con enfoque étnico y el fortalecimiento de la presencia institucional preventiva.
También pidió garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que la afectan, así como condiciones mínimas de seguridad para el desarrollo de la vida comunitaria. Para el organismo, “la protección de la vida, la dignidad y la pervivencia de las comunidades étnicas debe ser una prioridad inmediata e inaplazable”.
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