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Las cifras de impunidad de violencia sexual en Colombia son altas, cerca del 97%. Estos números podrían incluso incrementarse frente a los casos ocurridos en el conflicto. Por esta razón, Cinco Claves, alianza para el tratamiento diferencial de la violencia sexual contra las mujeres y niñas víctimas de la violencia sexual en el Acuerdo Final de Paz, pidió que se abra un caso en la JEP dedicado específicamente a este tipo de violencias.
Para esta organización -compuesta por Colombia Diversa, la Corporación Humanas, la Corporación Sisma Mujer, Women’s Link Worldwide y la Red Nacional de Mujeres- es necesario que los casos de víctimas de violencia sexual durante el conflicto sean reconocidos en un solo caso, sin importar el tipo de victimario. De esta forma, la JEP le otorgaría la importancia que tuvo este tipo de crímenes sobre la población civil.
(Vea: Este miércoles se reconocerá la dignidad de las víctimas de violencia sexual)
En diálogo con El Espectador, Adriana Benjumea Rúa, directora de Corporación Humanas y una de las voceras de Cinco Claves, explicó los alcances de su solicitud y la importancia que el sistema transicional ponga su foco sobre las víctimas de crímenes sexuales
¿Cuál fue la solicitud que entregaron a la JEP el pasado 20 de febrero?
Le pedimos a la JEP que abriera un caso nacional de violencia sexual y reproductiva, y otros crímenes que están vinculados a la sexualidad de las víctimas. Hay abiertos en este momento siete casos en la JEP y abrir un caso depende de las condiciones y de los análisis que la sala de reconocimiento hace. Lo que nosotras hemos visto en los casos abiertos, sobre todo en el de retenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales, es que hay una recepción muy importante en la sociedad que dice que la justicia está avanzando.
Lo que le estamos diciendo nosotros a la JEP es que reconozca que la violencia sexual tiene la misma gravedad que otros crímenes como el secuestro y los falsos positivos. Si toda la sociedad está preocupada por las víctimas de violencia sexual pues que lo demuestren abriendo un caso que mande un mensaje social y jurídico en el que se reconoce este tipo de violencias estuvieron presentes en el conflicto.
Desde hace un año las víctimas de violencia sexual han venido pidiendo que sus casos sean llevados ante la JEP ¿Qué avances reconocen ustedes?
Los avances ante la JEP en temas de violencia sexual han sido dados por el trabajo de las víctimas y por las organizaciones que hemos documentado y llevado casos. En este momento la JEP ha recibido 30 informes sobre violencia sexual en conflicto armado en distintos lugares del país, no solo en los dos casos territoriales abiertos. Se le ha remitido casos del Tolima, de otros rincones del Cauca que no están priorizados. Efectivamente hay avances, pero estos han sido dados por el trabajo de la sociedad civil, por eso abrir un caso sería una demostración que efectivamente la JEP está avanzando en estos temas.
(Además: ¿Por qué la justicia no les cree a las víctimas de violencia sexual?)
Los delitos de violencia sexual son de los crímenes que más han costado reconocer, poco se ha hablado de ellos, y tienen una tasa de impunidad del 97% ¿Se puede confiar que en la JEP será diferente?
Un elemento muy importante que hay que decir es que la violencia sexual no solo fue cometida por la guerrilla. Todos los actores armados que participaron de las hostilidades cometieron delitos sexuales contra las mujeres: los paramilitares, los guerrilleros y los miembros de la Fuerza Pública. Eso no es un punto menor. Cuando uno piensa en el secuestro los comparecientes son guerrilleros, cuando uno piensa en falsos positivos uno habla del Ejército, pero cuando se piensa en un caso de delito sexual los comparecientes tendrán que ser guerrilleros y militares que han sometido a mujeres -niñas, jóvenes y adultas- a este tipo de delitos. Reconocer que se tiene un ejército violador, legal o ilegal, es muy difícil, por el desprestigio que conlleva. Entonces ninguno de los ejércitos que la JEP tiene competencia de investigación, Fuerza Pública y las Farc, reconocen la violación. Pero todos cometieron delitos sexuales en el marco del conflicto armado.
¿Cómo entrar a entender los crímenes sexuales cometidos por uniformados como parte del conflicto armado?
Nuestro acuerdo de paz está basado en el Estatuto de Roma y aquí estamos hablando de crímenes graves, de lesa humanidad y de guerra. Estamos hablando de un civil, un conflicto armado y de uno o varios actores armados. El Ejército es un actor armado, este país tuvo un conflicto armado y las víctimas han sido mujeres y niñas, muchas veces pobres en rincones de este país donde la presencia de bases militares hizo que los uniformados dispusieran de los cuerpos de las mujeres, de los gay y trans a su antojo, sin reconocer la voluntad de las víctimas. Y eso fue posible por la guerra, porque tenían en el poder. Eso tiene relación amplia y suficiente con el conflicto armado.
¿Qué de diferente puede hacer la JEP para que haya esclarecimiento?
Es muy importante decir que hay un alto grado de impunidad en la justicia ordinaria y a la JEP le corresponderá demostrar con su trabajo que esa impunidad se elimina con el sistema transicional. Es ese sistema transicional por el que muchas víctimas lucharon y votaron en las urnas y le dijeron que sí. El acuerdo de paz establecía una jurisdicción transicional en la que decidimos que las víctimas tendrían justicia. Muchas víctimas de paramilitarismo han esperado más de 15 años en Justicia y Paz y siguen esperando justicia, ahí hay un déficit de justicia. Lo que se espera con este nuevo sistema es que las víctimas de la Fuerza Pública y de las Farc no sigan esperando años, sino que sus casos se aclaren pronto.
¿Qué condiciones han llevado a que Colombia esté en deuda con el reconocimiento de las víctimas de delitos sexuales en el conflicto?
La deuda está basada principalmente en lo que fue la guerra paramilitar. La ley de justicia y paz no dio respuesta a la mayoría de las víctimas de delitos sexuales. Por supuesto se habla de macrosentencias, pero hay que decir que después de 15 años no pasamos de 50 sentencias. Es un sistema colapsado, que no responde a las injusticias y no tiene repuestas en verdad mientras que los victimarios ya han cumplido las penas. La justicia es más que la pena, es la verdad y la reparación. Esa es la deuda que se tiene con las mujeres víctimas de derecho sexual.
(Lea también: “Si los agresores no hablan, la verdad será la de las mujeres”: Alejandra Miller)
La salud incluye una de esas deudas y se tiene que entender que para pasar la página hay que brindarles garantías de salud a las víctimas de violencia sexual. Muchas veces estas mujeres tuvieron hijos productos de las violaciones, en otras quedaron con fistulas, ano y vaginas unidas producto de las violaciones masivas y esto no tiene respuesta en el sistema de salud colombiano.
A veces pareciera que son las organizaciones reticentes al acuerdo de paz las que más han tratado de sacar a la luz los delitos sexuales...
Uno no puede decir quién es ajeno a la paz y quién no. Lo que puedo decir es que nosotros hemos trabajado por las víctimas de violencia sexual incluso antes de que se firmara el acuerdo. El acuerdo de paz colombiano es el único que incluye la no amnistía y el no indulto por delitos sexuales. Mujeres de otros países, como África, donde hay procesos de paz abiertos, les parece increíble que se pudiera hablar de violencia sexual antes del acuerdo. Eso es un patrimonio tanto para Colombia como el mundo.
¿Qué decía el documento que le entregaron a la JEP hace unos días?
Nosotros lo que estábamos haciendo es un llamado al no retroceso para nosotras es una presunción constitucional que tiene que aplicarse y es la presunción de la relación amplia y suficiente de la violencia sexual con el conflicto armado. Le estamos diciendo a la JEP que eso es un debate superado en términos de derechos humanos y derecho penal internacional. Por eso pedimos que aplique la presunción. La violencia sexual en el conflicto armado no se comete como un daño colateral. La Corte Constitucional así lo ha establecido.
(Además: Sin límite de tiempo para registrar casos de violencia sexual en la Unidad de Víctimas)
También le estamos diciendo a la JEP que renuncie a conceptos tan perjudiciales para los temas de violencia sexual como la violencia sexual oportunista. No hay violencia sexual oportunista o sino tendríamos que decir que el secuestro es un acto oportunista. Esa categoría no existe en ningún delito y menos para el delito sexual, que debe ser entendido como una práctica cometida en el marco del conflicto armado por todos los grupos armados. También somo muy enfáticas de que si, se abre un caso de violencia sexual, no debe dividirse por victimario. Diferenciar entre víctimas de las Farc y de las Fuerzas Militares es un error de política pública para las víctimas, ya que las divide y estigmatiza. Buscamos que los casos estén concentrados en los dos actores armados, incluso de los tres si se llega a la comparecencia de tercero.