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El destino de Mauricio Chicho Serna, María Isabel Santos (la viuda de Pablo Escobar), Sebastián Marroquín (Juan Pablo Escobar Henao) y José Bayron Piedrahíta parece ser el banquillo de los acusados. En cuestión de días, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón (Argentina) tomará la decisión de llevarlos o no a juicio por lavado de activos, y todo apunta a que así será. Al despacho del juez Néstor Barral, a cargo del proceso, llegó una nueva solicitud para llamar a juicio a los colombianos.
La petición la elaboraron y radicaron la Fiscalía Federal No. 1 de Morón, la Procuraduría de Narcocriminaldad y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, tres semanas después de que la Unidad de Información Financiera hiciera lo mismo. Es decir, todos los organismos que tiene a cargo esta investigación, en un caso que en Argentina se conoce como “Café de los Angelitos”, están de acuerdo en que Serna, los familiares del capo del cartel de Medellín y Piedrahíta deben enfrentar un juicio.
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Y no solo ellos. También los reconocidos empresarios argentinos Mateo Corvo Dolcet Pedro Antonio Ruiz, con quienes Piedrahíta y los familiares de Pablo Escobar habrían entablado negocios, según la justicia gaucha, turbios. Corvo Dolcet es el accionista mayoritario de una empresa de proyectos inmobiliarios llamada Ínsula Urbana y Ruiz, de un reconocido restaurante de Buenos Aires en el que se ofrecen espectáculos de tango para los turistas, llamado Café de los Angelitos.
Según la Fiscalía y la Procuraduría de Argentina, colombianos y argentinos hicieron parte de “una asociación criminal de corte internacional que operó en el territorio argentino desde al menos el año 2008 –fecha en la que se detectaron las primeras inyecciones de fondos– hasta el pasado 29 de septiembre del 2017, dedicada a poner en circulación en el sistema financiero local bienes provenientes de maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes”.
El centro de la historia, sostiene la justicia argentina, es José Bayron Piedrahíta. Fue la DEA la que alertó a las autoridades argentinas que sus viajes hacia ese país, frecuentes desde 2008, tenían como propósito establecerse allí con su familia y que, para lograrlo, estaría lavando activos cuyo origen era el narcotráfico. Con ese propósito en mente, se habría hecho socio de Corvo Dolcet y Ruiz, quienes han negado hasta la fecha haber cometido algún delito de la mano de Piedrahíta.
La Fiscalía y la Procuraduría de Argentina tienen indicios de que los empresarios argentinos sabían bien con quién estaban haciendo negocios. Hacia 2012, por ejemplo, una auditoría realizada por la firma Price Waterhouse le advirtió a Ínsula Urbana (la empresa de Mateo Corvo Dolcet) que existía información pública de que Piedrahíta podía tener vínculos con el narcotráfico. En 2016, él y su familia fueron incluidos en la Lista Clinton, lo que no detuvo a Corvo Dolcet y a Ruiz de reunirse con Piedrahíta en Colombia.
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En la petición al Juzgado, la Fiscalía y la Procuraduría argentinas aseguran que “la empresa criminal se valió de una serie de actos tales como la conversión, la transferencia, la administración, la venta, el gravamen, la disimulación, entre otros medios idóneos”, para introducir en el sistema financiero de ese país, cuando menos, US$3 millones. Lo hizo, supuestamente, haciéndose socio de Corvo Dolcet y de Ruiz con transacciones que, se cree, fueron ficticias.
El nexo con los Escobar y el “Chicho”
En medio de ese entramado salen a relucir el exjugador del Boca Juniors y la selección Colombia, Mauricio Serna, así como la viuda de Pablo Ecobar, Victoria Henao (quien se cambió el nombre a María Isabel Santos) y su hijo, Juan Pablo Escobar Henao (o Sebastián Marroquín). En el caso de Serna, él hizo un supuesto intercambio de propiedades con Piedrahíta: una casa y un apartamento en Argentina, propiedades del exfubtolista avaluados en casi un millón de dólares, por bienes de Piedrahíta en Colombia.Piedrahíta ofreció justamente esos bienes para pagar las acciones que adquirió en la empresa de Corvo Dolcet. Según la Fiscalía y la Procuraduría argentinas, esa compraventa terminó siendo “un aporte esencial (de parte del Chicho Serna) para el cumplimiento de los objetivos criminales de la estructura ilícita mencionada, al haberle entregado a un precio irrisorio y ficticio, al ciudadano José Bayron Piedrahita Ceballos los derechos posesorios” de la casa y el apartamento en cuestión, los cuales.
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Las autoridades argentinas señalan que esos bienes “pertenecían realmente al exjefe de la Oficina de Envigado Carlos Mario Aguilar”. Así lo afirmó en el proceso un testigo “arrepentido”, de identidad protegida, quien declaró que Piedrahíta dirigía un laboratorio con capacidad de producir hasta 500 kilos diarios de cocaína y que el Chicho Serna, aseguró, era un testaferro de Aguilar. Más conocido como Rogelio, Aguilar se entregó en Argentina a la DEA en 2008 con gestión de su hermana, la exfiscal Cruz Elena Aguilar.
Asimismo, la viuda y el hijo de Pablo Escobar habrían sido claves en el entramado de Piedrahíta, “al haber sido quienes durante el año 2007 introdujeron y unieron -en un primer momento- los intereses de José Bayron Piedrahíta Ceballos y Mateo Corvo Dolcet con el fin de que se materialicen las variadas conductas de aplicación de fondos de origen ilícito corroboradas en autos, a sabiendas de su procedencia vinculada con el tráfico ilícito de drogas”, expusieron la Fiscalía y Procuraduría argentinas.
Fueron ellos quienes presentaron a José Bayron Piedrahíta ante Mateo Corvo Dolcet, a cambio de una comisión del 4,5 % de lo que invirtiera en Argentina. Ambos han declarado que Piedrahíta era un reconocido ganadero de Antioquia y que así lo conocieron. Corvo Dolcet, por su parte, ha afirmado una y otra vez que él hizo negocios con alguien que posaba de empresario y que él, simplemente, es una “víctima” de la justicia. El problema es que la Fiscalía, la Procuraduría y la Unidad Antilavados no le creen.
El pasado 7 de agosto, con base en estos mismos argumentos, la Unidad Antilavados (o de Información Financiera) argentina le pidió al juez Néstor Barral, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, que lleve a juicio a José Bayron Piedrahíta, a los familiares de Pablo Escobar, al Chicho Serna, a los empresarios Mateo Corvo Dolcet y Pedro Antonio Ruiz y a cuatro personas más por lavado de activos. La última palabra la tiene el juez.
Mientras tanto, José Bayron Piedrahíta es el único cuya suerte judicial está ya sellada. En septiembre de 2017 fue detenido en Caucasia (Antioquia), con una circular roja de interpol que ordenaba su captura por haber sobornado al agente federal Christopher Ciccione con dinero, cena y hasta prostitutas. El soborno tenía un propósito esencial: que Ciccione convenciera a la justicia estadounidense de que ya no valía la pena buscar más a Piedrahíta, requerido desde finales de los 90 en ese país por supuestos nexos con el cartel de Cali. Al final, igual resultó extraditado a Estados Unidos, y allí se espera conocer su sentencia por el soborno este mes.