¿Y los militares no imputados?: la preocupación de víctimas de falsos positivos

Plantón de las madres de Soacha frente a la JEP para para rendir memoria por las 6.402 ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el período de Álvaro Uribe Vélez como presidente de Colombia

Foto: Jorge Londoño - José Vargas

¿Qué pasa con los militares que no fueron señalados en este auto? Esa fue una pregunta constante para los representantes de organizaciones de víctimas este miércoles, en una rueda de prensa en la que dieron a conocer sus posturas sobre la segunda imputación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por “falsos positivos”. Se trata del auto 125 de la Sala de Reconocimiento, en el cual se determinó y calificó la conducta de diez militares y un civil por al menos 120 ejecuciones extrajudiciales y 24 desapariciones forzadas ocurridas en el Catatumbo entre el 2007 y el 2008.

Para las distintas partes, aunque reciben y celebran la decisión, la JEP deja muchos puntos importantes por fuera. Entre las principales observaciones hechas, está la preocupación por dejar algunos responsables de los asesinatos por fuera de este señalamiento, pues, según dijo uno de los abogados presentes, “esta decisión podría dar para la figura del abandono a la persecución penal”.

La vocera de la Asociación Minga, Pilar Castillo, expresó que esta decisión es un hito, pues hace visible que los militares tenían permiso para matar, por lo cual, según la vocera, “llevó a los mal llamados falsos positivos”. En el mismo sentido, el abogado Sebastián Escobar del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo celebró que, “por primera vez se destaca la existencia de una política en la que había presiones por resultados de bajas en combate que propiciaron estos asesinatos”. Según el abogado, es algo que ninguna autoridad había dicho antes de forma expresa.

Aunque los participantes del encuentro se mostraban complacidos por la decisión de la JEP, concluyeron que la Sala de Reconocimiento dejó muchas cosas por fuera y no es claro que los imputados tengan, como lo aseguran la decisión, la calidad de máximos responsables, pues el mismo documento cita. De acuerdo con uno de los abogados participantes, “hay cierta timidez de la Sala para no actuar con contundencia frente a las pruebas que hay”.

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Igualmente, se manifestó que el trabajo de la jurisdicción no estaba supliendo todas las necesidades de las víctimas, pues, según Sebastián Bojacá, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, “se debería dar a conocer qué están diciendo los comparecientes porque existe un interés particular de las víctimas y de la sociedad para conocer qué se dijo en estas versiones voluntarias”.

Reconociendo la importancia del documento, pero mostrando sus inquietudes ante el mismo, Pilar Castillo manifestó que las víctimas, ”reciben este auto como parcial, pues para ellos no se ha resuelto el caso”. A su vez, manifestó que la JEP debe velar por el conocimiento de la verdad, pues si hay algo que puede ayudar a las víctimas, es conocer el cómo, cuándo y por qué del asesinato a sus familiares.

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Finalmente, surgió otra preocupación entre los participantes de la conversación, ¿qué pasa con los militares que no fueron señalados en este auto? El abogado Escobar dijo: “puede que a los que no fueron seleccionados se les dé la figura del abandono a la persecución penal, lo cual sería muy restrictivo con las víctimas”. Por su parte, Castillo dijo que los que no sean señalados como los máximos responsables, serán remitidos a otras salas. Con incertidumbre, terminaron el encuentro diciendo que están a la espera de nuevas decisiones que señalen nuevos responsables.