En la tarde de este lunes 2 de febrero se confirmó que ya hay fecha para la extradición hacia Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, el temido jefe de la banda criminal La Inmaculada, que opera en el Valle del Cauca. Desde Estados Unidos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó que su envío para que comparezca ante la justicia norteamericana ya está programado para el martes 3 de febrero de 2026.
La información se conoce solo un par de días después de que el presidente Gustavo Petro le diera el visto bueno a la extradición de “Pipe Tuluá”, quien es requerido por una corte federal estadounidense por tres cargos: conspiración para distribuir y poseer cocaína con fines de distribución; conspiración para traficar y distribuir cocaína con conocimiento o razones para creer que sería importada ilegalmente a Estados Unidos; y fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con el mismo propósito.
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El ministro Sánchez Suárez hizo el anuncio de que “Pipe Tuluá” será extraditado mañana durante la visita oficial del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos, donde se reunirá mañana mismo con el mandatario de ese país, Donald Trump. Justo el asunto del narcotráfico es uno de los puntos claves de la conversación entre los dos jefes de Estado, que se da después de un año complejo para las relaciones internacionales entre ambos países.
Hace casi un año que el nombre del jefe de La Inmaculada, bien conocido en el Valle del Cauca por manejar las rentas ilegales del narcotráfico y de la extorsión, empezó a sonar por cuenta de la solicitud de Estados Unidos de enviarlo en extradición, el 22 de mayo de 2025. Para esa fecha, el líder de La Inmaculada estaba recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá, a donde llegó en mayo de 2024 a pagar una condena por su responsabilidad en 39 homicidios, siete tentativas de homicidio y otros delitos.
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Pero en la madrugada del pasado 4 de junio, tras conocerse la petición de las autoridades norteamericanas, fue trasladado a la estación de Policía Mártires. Esa movida y el pedido de extradición desataron una crisis de seguridad en el Valle del Cauca que dejó cuatro vehículos incendiados y ataques con explosivos a locales comerciales en Tuluá. Durante varios meses, el asunto de su extradición se estuvo cocinando, al tiempo que “Pipe Tuluá” buscaba pista en la paz total del presidente Gustavo Petro.
Incluso, en julio del año pasado, el jefe de “La Inmaculada” entregó información como un “gesto de paz” sobre un presunto plan que habría evitado al interior de la cárcel La Picota para asesinar a Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, el líder de las disidencias de las Farc que para entonces estaba preso en el mismo penal y esperaba a que se tomaran decisiones sobre el pedido de extradición por parte de Estados Unidos que también había en su contra.
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Luego, el 12 de noviembre, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia puso de nuevo a sonar el tema de la extradición de “Pipe Tuluá”, cuando le dio luz verde. El alto tribunal le dio la razón al gobierno de los Estados Unidos, que en su pedido de extradición argumentó que La Inmaculada está relacionada con los negocios de la droga que “procede de Colombia, donde se fabrica, procesa y empaqueta en laboratorios clandestinos”, y se va repartiendo en distintos países hasta llegar al norte del continente.
La decisión de su extradición quedó formalizada el 26 de enero. Descartó además de forma definitiva cualquier posibilidad de negociación con el jefe de una de las estructuras criminales más poderosas del suroccidente del país. Según las autoridades, alias “Pipe Tuluá” continuaba dirigiendo economías ilegales desde prisión, lo que refuerza la gravedad de los señalamientos en su contra, de cara a una eventual condena en Estados Unidos.
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