Justicia Inclusiva
Centrada en las personas

A través de WhatsApp, hacen seguimiento a violencias intrafamiliares y de género

El grupo nacional de violencia de género de la Fiscalía está recorriendo el país a través de una ruta itinerante que busca recepcionar este tipo de denuncias y hacer seguimiento a casos. Han visitado 57 municipios de 28 departamentos. Expertas insisten en que es importante fortalecer la percepción de seguridad de las mujeres.

04 de mayo de 2023 - 10:00 p. m.
Decenas de alumnas y exalumnas de este colegio, se reunieron frente a la sede de bachillerato, en el barrio Chapinero, para respaldar a las denunciantes que aseguran haber sufrido violencia sexual y maltrato físico al interior de la institución.
Decenas de alumnas y exalumnas de este colegio, se reunieron frente a la sede de bachillerato, en el barrio Chapinero, para respaldar a las denunciantes que aseguran haber sufrido violencia sexual y maltrato físico al interior de la institución.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Si en una institución educativa rural en San José del Guaviare, por ejemplo, un docente detecta que uno de sus alumnos o alumnas pareciera haber sido víctima de violencia sexual o que está siendo agredido en su casa, la denuncia la puede hacer a través de un grupo de WhatsApp. En él, hay funcionarios de policía judicial, personas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Defensoría, Personería y otras entidades encargadas de darle tratamiento a los casos de manera urgente.

Esa iniciativa, que pretende agilizar los procesos de denuncia por delitos como las violencias basadas en género o la violencia intrafamiliar, la lidera el grupo de trabajo nacional de violencia de género de la Fiscalía con el propósito de atender los casos de mujeres, niños y niñas a quienes se les vulneran los derechos. No es un asunto menor: por la gravedad y el tipo de delito, los actos urgentes —es decir, la primera recolección de pruebas y la formalización de la denuncia— deben hacerse en máximo 48 horas.

La fiscal coordinadora de ese equipo, Martha Andrea Romero, explicó que en varios departamentos como Guaviare, Nariño y otros al sur del país ya comenzaron a implementar esta estrategia que pretende disminuir los tiempos de respuesta de los casos y tener mayor cobertura, sobre todo, en las zonas rurales. “Lo que hemos hecho es fortalecer los actos urgentes para abordar de manera inmediata las investigaciones. Sin embargo, en cada territorio del país tenemos facilitadores que impulsan estos procesos”, dijo a este diario.

Lea: Radiografía de las Casas de Justicia: ¿qué son y cómo funcionan?

En 2022, por ejemplo, según datos de la Policía, se registraron 27.866 denuncias en todo el país por delitos sexuales que involucraron a 32.622 víctimas. Los departamentos del país donde más se registraron casos fueron Cundinamarca, con 6.363 denuncias; Antioquia, con 4.178 y Valle del Cauca, con 2.335. Hasta el 31 de marzo de este año, se han reportado 4.909 casos formales.

Ahora bien, la violencia basada en género y la intrafamiliar no son sinónimos. Se diferencian, fundamentalmente, por el agresor. La socióloga y experta en temas de género, Alba Nubia Rodríguez, señaló que las violencias basadas en género son todas aquellas que se generan a razón de la identidad de género de una persona. Es decir, aquellas violencias físicas, sexuales, psicológicas o económicas que se sufren a razón de la identidad de género o la orientación sexual.

De otro lado, las violencias intrafamiliares son todas aquellas que se dan al interior del núcleo familiar. En otras palabras, son aquellos hechos en los que el agresor convive o es parte de la familia de la víctima, como los padres, los hermanos, la pareja, los hijos, entre otros parientes. “Las violencias basadas en género se dan constantemente en contextos intrafamiliares. Es decir, hay casos en los que las mujeres son violentadas por su condición de mujer y además su agresor convive con ellas”, dijo la socióloga.

Nancy Faride Arias explicó este tema basado en su experiencia como exsubsecretaria de equidad de género de Cali, una de las ciudades más violentas para las mujeres. “En 2019 (en la Alcaldía) hicimos un estudio e identificamos que el 70 % de las mujeres reportaban sentir miedo de salir de sus entornos habituales por miedo a ser tocadas en la calle. Eso constituye una violencia de género, pero no es intrafamiliar porque el agresor es un externo”, dijo.

Le puede interesar: Crean comisión en el Valle para coordinar la justicia afro y la justicia ordinaria

Sobre este tema, añadió que una de las necesidades inmediatas para tratar estas violencias, además de fortalecer los sistemas de acceso a la justicia y reducir los índices de impunidad en los casos, es lograr mejorar la percepción de inseguridad. En 2021, contó, la administración municipal atendió cinco casos de niñas que fueron víctimas de persecución en las calles. “Sus casos coincidían en que todas contaban que hombres que se movilizaban en camionetas intentaban subirlas a la fuerza a los carros. Desde allí, la percepción de inseguridad comenzó a elevarse porque no había entornos seguros para estar fuera de sus casas”, agregó.

Además de los grupos de WhatsApp que ha dispuesto la Fiscalía, también vienen trabajando en una ruta itinerante que ha llegado a 28 de los 32 departamentos del país. Durante una semana, esta entidad instala vehículos en las plazas principales de diferentes municipios en los que llegan a recepcionar denuncias, atender casos, hacer acompañamiento psicosocial y hacer campañas de prevención de trata de personas y de identificación de violencias basadas en género.

“Trabajamos de la mano con población étnica, con campesinos, pero también con docentes para que haya un tema de prevención y no solo de reacción”, dijo la fiscal Romero. El departamento más reciente que visitaron fue La Guajira, a la que llegaron cinco fiscales y en el que atendieron a más de 2.000 personas en una semana. Según información de la entidad, en ese departamento lograron el esclarecimiento el 100 % de las denuncias.

¿Cómo denunciar violencia de género o intrafamiliar?

La experta Alba Nubia Rodríguez explicó que, en el caso de la violencia sexual o física, lo primero que debe hacer la persona agredida —o cualquier otra persona que conozca el caso— es llegar al centro de salud más cercano para pedir una valoración de la víctima. “La institución de salud debe entregar un diagnóstico y una incapacidad según la gravedad de las heridas o lesiones. Esos documentos son las primeras pruebas para la denuncia”, mencionó.

Después, las víctimas deberán acudir a una casa de justicia, una oficina de la Fiscalía o una estación de policía cercana para interponer la denuncia por violencia. En caso de que identifiquen que la persona tiene un riesgo de seguridad inminente, puede solicitar a esas entidades alguna medida de protección inmediata como hogares de paso administrados por las alcaldías.

Vea también: Una iniciativa para que los líos de tierras no escalen a la violencia o a un juez

Uno de los canales de atención es la Línea Púrpura, en la que la misma víctima —o cualquier persona de su entorno que conozca la agresión— puede hacer la denuncia y recibir indicaciones para comenzar el proceso de atención. Uno de los objetivos principales de esta línea, que está disponible a nivel nacional, es reducir el riesgo de feminicidio de las mujeres. Para comunicarse con ellas puede marcar al 018000112137 o escribir al WhatsApp 3007551846 para pedir ayuda.

Otra de las formas de comunicarse con las autoridades a través del Sistema Nacional de Denuncia Virtual (A Denunciar), una página web de la Policía y la Fiscalía que recepciona denuncias de todo tipo en el siguiente enlace: (https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/Login.aspx?ReturnUrl=%2fAdenunciar%2fdefault.aspx)

Una vez la ruta itinerante termine su recorrido en los 32 departamentos, la Fiscalía planea iniciar nuevamente el recorrido por todo el país. En 2022 llegaron a 57 municipios. Así, mientras continúan recibiendo denuncias, los fiscales que visitan cada municipio pueden hacer seguimiento a los casos que reciben. En estos recorridos también participa el programa Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo (USAID), quienes impulsan jurídicamente, de la mano de los fiscales, los casos y brindan apoyo psicosocial, además de acompañamiento a las víctimas.

En palabras de la fiscal Romero, “esta estrategia de impulso a los casos y a las investigaciones nos permite dimensionar que la Fiscalía debe tener un trabajo más territorial y que debemos seguir recorriendo el país, pero además trabajando de la mano de otras instituciones para entregar resultados”.

Temas recomendados:

 

Sin comentarios aún. Suscribete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.
Aceptar