Abril de 2023 ha sido el mes más violento para los líderes sociales en el último año. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ocurrieron 22 homicidios a defensores y defensoras de derechos humanos en todo el país, una cifra muy por encima del promedio habitual, que son 12 casos. Aunque ambas cifras son escabrosas, las organizaciones de derechos humanos aseguran que a pesar de que todavía es prematuro hacen un análisis sobre el incremento en ese mes, los trastoques en la política de “paz total” del Gobierno pueden ser un factor de incidencia.
Uno de los casos que más sonó en abril fue el de Juan Hilario Banguera Colorado y María Cecilia Cuenú Cuenú, dos líderes sociales del Consejo Comunitario del Alto Guapi e integrantes de la Junta Local del río Yantín en la comunidad de Chiguero. Los líderes habían sido reportados como desaparecidos desde el 1 de abril, después de que avisaran a su comunidad que se iban a movilizar por el río Guapi en canoa, para llegar a la cabecera municipal, pero nunca arribaron.
Una semana después, se intensificó la búsqueda con las 80 personas de la junta local. Fue hasta el 9 de abril que encontraron sus cuerpos con signos de tortura, en una quebrada a 15 minutos de su vivienda. Ese, podría decirse, fue el primer caso de homicidio a líderes sociales que ocurrió en el mes más violento del año para ellos y uno de los tantos sobre los que hay denuncias en la Fiscalía, esperando que no queden en la impunidad o que el crimen no se resuelva responsabilizando, de manera general, a los actores armados.
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Ese es, justamente, una de las problemáticas que expuso Leonardo González Perafán, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y conflictividades de Indepaz, para esclarecer los crímenes. “En algunos casos, pocos, los que tienen sentencia, la Fiscalía procesa a, por ejemplo, el Comando Conjunto Central del Eln, pero eso no es determinante porque no se individualizan los responsables, sino que se le adjudica a un grupo y ya”, explicó.
Indepaz explicó que llama la atención el mes de abril porque, aunque en todo el año se han registrado casos, durante abril casi se duplicaron. En enero, registraron 12 homicidios; en febrero, 10; en marzo, 13 y en abril, 22. Además, expresó que le preocupa la impunidad de la justicia, pues, según ellos, el porcentaje de casos resueltos (con sentencia) contra líderes sociales en 2021 fue apenas del 12 %, y en 2020, del 9 %. “Siempre hemos tenido una discusión con el término esclarecimiento, porque para Fiscalía el esclarecimiento es el avance de un caso, pero para nosotros es la resolución completa”, afirmó González.
El programa Somos Defensores también hizo un análisis sobre los hechos de violencia ocurridos en 2022 y reportó que, de los 144 asesinatos ocurridos en el año, apenas uno de ellos tiene sentencia, uno más registra sentencia anticipada y otro está en etapa de juicio. El caso que cuenta con sentencia es el de Pablo Alfonso Ortiz Tarazona, un líder comunitario y docente de 66 años, asesinado en la vereda Judía en Floridablanca (Santander) el 7 de enero de 2022. Un mes despúes del crimen, la Fiscalía capturó al asesino, que era uno de sus trabajadores rurales.
Un panorama similar planteó la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), que en su más reciente informe plantearon que desde la firma del Acuerdo de Paz hasta 2021, la Defensoría del Pueblo ha emitido 311 alertas tempranas relacionadas con el riesgo para esta población. No es un asunto menor que la Unidad Nacional de Protección (UNP), en ese período, ha recibido 66.149 solicitudes de protección de población que trabaja por los derechos humanos.
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Óscar Martínez, coordinador del sistema de información sobre desplazamiento forzado de Codhes, explicó que las regiones donde más se siguen concentrando esas violencias son en el suroccidente del país. “Nariño, Cauca y Chocó siguen siendo los territorios más afectados, pero sorprendentemente también Santander. En Codhes hemos monitoreado que la violencia contra líderes sociales está muy fuerte en ese departamento, casi a diario recibimos reportes”.
Martínez también se refirió a la relación de la oleada de violencia con las ideas “paz total” que ha defendido del Gobierno. A su juicio, aunque en varias regiones del país, desde el 31 de diciembre pasado hay pactos de cese al fuego con la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (porque con las Agc se rompió el cese al fuego en marzo), el conflicto armado ha disminuido en materia de combates, pero no de homicidios selectivos, amenazas ni desplazamiento.
Sobre los análisis que han hecho de la situación territorial, el experto explicó que, cerca del 80 % de los desplazamientos forzados masivos que ocurren en el país, son responsabilidad de las Agc (Clan del Golfo) y de la guerrilla del ELN. “Por eso, creemos que si las negociaciones con grupos armados y la ley de sometimiento surgen resultado, ese delito se disminuirá de manera inmediata y considerable”.
Por ahora, según Indepaz, las expectativas están puestas sobre negociaciones de paz con el Gobierno, “pero por ahora lo que hemos visto es que los casos no cesan, aunque sean significativamente inferiores a los del año pasado en el mismo período”. Dijo también que la violencia contra líderes está más concentrada contra los líderes comunitarios o comuneros, que contra otro tipo de defensores de derechos humanos. Leonardo González mencionó que “es un flagelo que hemos identificado y en el que se muestra que las agresiones son más agudas contra los líderes comunales, que contra defensores ambientales o de otro tipo de causas”.
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Guillermo Cardona, presidente de la Confederación Comunal de Colombia, tiene un informe periódico sobre la situación de derechos humanos de esa población y en la que ha advertido que, en los últimos meses, ha cobrado más importancia con los nuevos anuncios del presidente Gustavo Petro de construir políticas de la mano de esos liderazgos.
Por ahora, el más reciente caso ocurrió el 18 de mayo pasado contra Sergio Luis Castro, candidato al concejo municipal de Tibú (Norte de Santander). Algunas de sus más recientes denuncias estaban relacionadas con irregularidades en la contratación municipal, líos en contratos educativos y anomalías jurídicas para el diseño de obras de infraestructura en el Catatumbo. Con él ya son 66 líderes asesinados en lo que va del año.