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Desde Putumayo hasta los Montes de María, las comunidades exigen que la justicia escuche sus voces y que atiendan sus casos, reclamos que han llegado a los comités locales y departamentales de justicia. Estas instancias de participación articulan el trabajo de las instituciones, de la mano de las comunidades, para resolver conflictos en diferentes territorios. Su balance positivo en algunas regiones ha llevado a que otras quieran replicar la experiencia y, hasta marzo de 2023, habían sido reactivados tres Comités Locales de Justicia en Chocó, Cauca y Antioquia.
Esto se suma a lo ocurrido en 2022, cuando, según cifras del Ministerio de Justicia, se crearon 20 Comités Locales de Justicia en municipios de siete departamentos (Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba, Nariño, Putumayo y Sucre). Además, 39 de estas instancias fueron reactivadas en otros municipios más de los mismos departamentos, y en Cauca. Como cada territorio tiene necesidades distintas, se han identificado algunos municipios que necesitan con urgencia la creación o reactivación de estos comités para que las comunidades sean escuchadas por la justicia.
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Un ejemplo de ello es el Valle del Cauca, que para 2022 no reportó reactivación de comités locales ni tampoco se abrió un centro nuevo, por lo que se identificó la necesidad de crear uno en Cali y uno en Buenaventura. En Antioquia, por su parte, ocurre una situación similar, en el municipio de Nechí, donde se espera abrir un comité este año, pese a que en 2022 se crearon y reactivaron más de 10 en el Urabá y el Bajo Cauca.
Los sistemas locales de justicia, en general, tienen como objetivo acercar la justicia a las comunidades. Para ello, diferentes actores como instituciones del Estado, representantes de la sociedad civil, comunidades étnicas y representantes de gobiernos locales, deben llegar a acuerdos. Esos compromisos y obligaciones deben incluir que las instituciones que forman parte de estas instancias tendrán la función de proveer recursos técnicos, humanos o financieros para que los comités sigan funcionando.
De acuerdo con el Ministerio, el comité está llamado a constituir un escenario en el que se discuten las acciones “que posibilitan las políticas, los programas, los proyectos y las rutas en torno al funcionamiento y el acceso a la administración de justicia, sin que llegue a un nivel de operación tan puntual en el que preste directamente un servicio público”. Los Comités Locales de Justicia, además, pueden tener dos canales para articularse: el primero, entre los operadores de justicia y la ciudadanía; y el segundo, fungir de enlace ante los niveles regionales y nacionales, para el fortalecimiento de capacidades y el ejercicio de la justicia en el municipio.
Sin embargo, no siempre es posible contar con comités en todos los municipios. Para hacer la cobertura territorial más general, los Comités Departamentales de Justicia hacen lo propio: asentarse en los departamentos, como un intermediario entre los municipios y las instituciones nacionales. Entre sus funciones está hacer seguimiento a las acciones enmarcadas en mejorar el acceso a la justicia, gestionar apoyo financiero y brindar asistencia técnica. Actualmente, son 14 los departamentos que cuentan con esta instancia (Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Tolima).
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Así, estos sistemas definen su curso, de acuerdo tanto a las necesidades del territorio como a la oferta institucional presente y los recursos que existen. Como acceder a la justicia no es tarea fácil, entre su misión también está identificar los principales obstáculos para llegar a ella, entre los cuales están: la percepción de impunidad, la desconfianza en los operadores de justicia, la traducción de la jerga jurídica, el desconocimiento de derechos, la inseguridad y el orden público, el miedo a denunciar, la falta de presencia de operadores de justicia en las zonas rurales y la alta rotación de los funcionarios judiciales, entre otros.
Para saltar estas barreras, los Sistemas Locales de Justicia cuentan con representación de varios actores que cubren diferentes frentes como justicia comunitaria y formal, e incluso un enlace de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Así mismo, se puede encontrar representación de la administración municipal y departamental, de la sociedad civil; así como de pueblos indígenas, comunidades afro y rom. Estos se suman a otros actores que componen esta estrategia como el Ministerio de Justicia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Policía Nacional y cuentan con apoyo de cooperación internacional por parte de USAID, el PNUD y la Unión Europea.
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