Aunque hay canales de denuncia por violencia de género, aún tienen varios vacíos

Las líneas de atención tanto presenciales como virtuales y telefónicas de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional son las principales alternativas para denunciar.

Foto: Archivo El Espectador

En 2022, la Línea Púrpura, un mecanismo de denuncia de violencias basadas en género en Bogotá, atendió 20.571 llamadas. Así mismo, en lo que va de 2023, el observatorio de la oenegé Caribe Afirmativo ha registrado 18 muertes violentas de personas LGBTIQ+. Agresiones que antes eran invisibles, hoy son más frecuentes en redes sociales y medios de comunicación. ¿Y la justicia? Aunque los canales de denuncia se han fortalecido, según expertos consultados todavía queda un largo trecho para evitar que los victimarios salgan impunes o que haya revictimización.

Las líneas de atención tanto presenciales como virtuales y telefónicas de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional son las principales alternativas. “Para los casos de violencia de género, además de la Línea Púrpura, están los canales de la Secretaría de la Mujer y de la Secretaría de Integración Social, y las URI y Casas de Justicia para hacer las denuncias presenciales”, anotó Juan José Castro, abogado experto en derecho penal. En caso de haber flagrancia, agregó, “las autoridades deben efectuar una captura y poner al individuo a disposición de un fiscal para la imputación de cargos”.

Para Viviana Rodríguez, coordinadora jurídica de Corporación Humanas, centro de investigación en derechos humanos y justicia de género, los canales han mejorado con el tiempo, pues, señaló, se han presentado estrategias de coordinación interinstitucional. De acuerdo con la abogada, se han fortalecido los primeros canales de denuncia y los actos de investigación. Sin embargo, no todo es color de rosa. Para ella, la atención en situaciones urgentes “sigue dependiendo de la valoración que hace la Policía de si los hechos son graves o no”. Y agregó: “Allí pueden dejar de actuar por considerar que las violencias contra las mujeres no son importantes, o que deben ser atendidas en privado”.

Pese a que la Fuerza Pública cuenta con políticas y capacitación en términos de atención a violencias contra las mujeres, Rodríguez precisó que en diferentes escenarios dichos mecanismos han estado ausentes. Este panorama se extiende, señaló, a las movilizaciones de 2020 y 2021, en las cuales se había implementado una política de cero tolerancia a la violencia sexual en la Policía. Sin embargo, durante las protestas se documentaron casos, precisamente, de violencia sexual, así como de hostigamiento por parte de uniformados. Y aunque estas denuncias involucran directamente a los miembros de la institución, sostiene que la Policía no ha activado instrumentos para dar con los responsables.

“En forma institucional percibimos lo mismo, hay herramientas políticas, directivas, resoluciones, protocolos, pero no hay cambios estructurales. Muchos fiscales desconocen las directivas mismas de la Fiscalía”, anotó. Castro estuvo de acuerdo con este punto y señaló que, en el papel, son las instituciones las que deberían dar respuestas efectivas; sin embargo, “estamos en un escenario donde no lo hacen”. De acuerdo con el penalista, dentro de la misma institucionalidad existen diferentes formas de presionar para que las denuncias no queden en saco roto. “Se pueden pedir agencias especiales y acompañamientos del Ministerio Público y comités de seguimiento en la Fiscalía”.

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Pero la falta de implementación de las políticas no sería el único problema que enfrentan las denunciantes. En las zonas rurales, por ejemplo, pese a que se han instaurado canales virtuales, la brecha digital complica el avance de los procesos. El problema radica, según Rodríguez, en que las autoridades dejan a un lado la posibilidad de instaurar denuncias en las oficinas de forma presencial, si no sólo por medios electrónicos, lo que se transforma en un desincentivo. “Los inspectores de Policía, que usualmente tienen cobertura en la ruralidad, son fundamentales para asesorar a las víctimas y facilitar su acceso a la denuncia, pero deben tener buen conocimiento de esas violencias”, agregó.

¿Y qué pasa con la comunidad LGBTIQ+?

Aunque los canales institucionales de denuncia pueden ser los mismos para los casos de violencia y discriminación, desde Caribe Afirmativo, oenegé dedicada la defensa de la población LGBTIQ+, resaltó los mecanismos digitales como el sistema web ¡A denunciar!, de la Policía y la Fiscalía. Y, al igual que con los casos de violencia de género contra las mujeres, existen otros métodos, le dijo a este diario el director de la organización, Wilson Castañeda, quien puso como ejemplo que las víctimas pueden dirigirse a las alcaldías de los municipios para encontrar atención y orientación. A lo que añadió: “Los funcionarios y funcionarias deben estar en la capacidad de suministrar información necesaria para acceder a las rutas de acción en casos de violencias basadas en género y violencia por prejuicio”.

Otro escenario destacado por Castañeda se presenta cuando los delitos atentan contra la vida o integridad personal de la víctima, como los delitos sexuales. En ese caso, la persona debe ser remitida a Medicina Legal para la realización de exámenes que puedan servir de evidencia. A los médicos forenses y peritos, entonces, se le pueden entregar todas las pruebas que se conservaron e indicar si existieron testigos y dónde podrían ser localizados. Al momento de la declaración, “se sugiere contar los hechos de manera completa y clara, indicando quién fue el responsable (de tener la información), cómo ocurrió todo, dónde, cuándo y por qué”, añadió el director de Caribe Afirmativo.

Estos procedimientos, aunque están referenciados en páginas web y oficinas, son deficientes para la atención y abordaje de los hechos violentos en contra de la comunidad LGBTIQ+, según Castañeda. Al igual que Rodríguez, señaló que la brecha digital es uno de los principales problemas en las rutas de acceso a la justicia. “Existen barreras relacionadas con brechas tecnológicas que limitan el acceso al sistema de denuncia virtual, pues este requiere conexión de internet y cierto grado de capacidad por parte de la víctima para poder ser claros en la narración de los hechos, el reporte de detalles, mientras se enfrenta a una página que puede caerse con frecuencia”.

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Una segunda barrera que experimenta la comunidad es de carácter institucional. En este plano se generan dificultades para el denunciante, en principio por los reducidos tipos penales reconocidos en el sistema, que no son los que frecuentemente reportan las personas LGBTIQ+. Wilson Castañeda aseguró que aunque muchas de las violencias ejercidas pueden ser catalogadas como basadas en género, “no permite registrar los hechos victimizantes cometidos contra personas, por motivo o en razón de su orientación sexual e identidad de género, como violencias basadas en género, y mucho menos, tipificar la violencia por prejuicio”.

Y añadió: “Además, en este mismo canal de denuncia, con su interposición, la víctima queda con una sensación de incertidumbre e inseguridad jurídica, con muchas preguntas por el estado del proceso, enfrentándose a procesos sin avances, en los que la Fiscalía no se comunica con la víctima, o en su defecto, archivan el proceso”.

Los números, por otra parte, tampoco son alentadores. Desde enero hasta abril de 2023, el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo ha registrado un aumento de 12% en los casos de discriminación en espacios semipúblicos. De los actos de discriminación que registraron en 2022, 840 tienen procesos en estado activo en la Fiscalía y 474 en estado inactivo. De las 840 víctimas con procesos activos, 831 se encuentran en etapa de indagación (63,24%), sólo siete han avanzado a etapa de investigación y dos se encuentran en etapa de juicio oral. Es decir, 0,53% ha tenido un avance procesal, y sólo 0,15% de los procesos tiene la posibilidad de resolverse.

La falta de fortalecimiento de estos canales de denuncia y el retraso en los procesos prende las alarmas de las diferentes organizaciones sociales civiles dedicadas a la prevención de delitos relacionados a violencias basadas en género, por lo que, mediante diferentes vías, han intentado llamar la atención de la institucionalidad para que los procesos avancen y no se queden archivados en un despacho y, de esta forma, evitar la impunidad y revictimización.

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